3% para Karina: Ariel Lijo amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo

El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete en la causa que investiga el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La resolución judicial señala que sobre los tres pesa la sospecha de haber operado como “jefes de la asociación ilícita”.

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Además, Lijo amplió el procesamiento de Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich por considerarlos presuntos miembros de esa organización. Todos ya habían sido procesados el 9 de febrero de 2026.

La nueva resolución apunta a maniobras sospechosas vinculadas con las contrataciones del rubro insumos que habrían sido parte de la misma estructura delictiva investigada.

“La decisión profundiza la investigación de una organización delictiva que habría direccionado contrataciones públicas y permitió identificar diferencias de precios por más de $7.833 millones entre medicamentos e insumos médicos”, indicó el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11.

A Spagnuolo y sus presuntos colaboradores se les atribuyen los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional, según quedón consignado en el expediente judicial.

Adicionalmente, la Justicia también dispuso el procesamiento sin prisión preventiva otras 19 personas, entre ellos figuran empresarios vinculados a laboratorios y empresas proveedoras de insumos ortopédicos.

La ruta de las coimas
El juez Lijo consideró que las pruebas reunidas hasta el momento permiten tener acreditada “en grado de probabilidad” la existencia de una organización delictiva que operaba dentro y fuera de la Andis.

En ese esquema, Spagnuolo y Garbellini operaban dentro del organismo, mientras que Calvete y Atchabahian se manejaban por fuera, en coordinación con empresarios que tendían a “favorecer intereses particulares en perjuicio del Estado Nacional”.

Las prácticas ilícitas habrían consitido en manipular los procedimientos de contratación de medicamentos e insumos “mediante la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en favor de determinadas empresas”, indica el juez en su resolución.

Gracias a esa dinámica, se generaban sobreprecios que eran destinados a funcionarios y otros integrantes de la organización. Según el magistrado, “no se trató de operaciones aisladas”, sino de una “actuación organizada y sostenida en el tiempo”.