Corrientes: Milei deja desprotegidas a 3.500 mujeres víctimas de violencia

Hace pocos días la administración del presidente Javier Milei anunció el cierre del programa que acompañaba a mujeres y diversidades en situación de violencia, el único que subsistía tras la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Fueron despedidas el 85% de las trabajadoras y el Ministerio de Justicia anunció que la Subsecretaria de Prevención contra las Violencias dejará de existir.

Como heredera del Ministerio, la Subsecretaría venía sosteniendo tareas de prevención y asistencia a las víctimas y a familiares. Los equipos técnicos (programa Acercar Derechos) brindaban asesoramiento jurídico; acompañamiento psicológico y psicosocial; gestiones para el acceso a derechos económicos para víctimas (programa Acompañar); hogares y refugios para situaciones de emergencia; ayuda para hijos e hijas huérfanas víctimas de femicidio (programa Ayuda Urgente); Centros Territoriales para asistencia, contención y campañas masivas de prevención, entre otras acciones.

En la provincia de Corrientes “se atendieron 3.000 personas desde enero del 2021 hasta enero del 2024. Actualmente solo en la Capital correntina más de 300 personas estaban siendo acompañadas, otros 200 casos en el interior; con un promedio de asistencia de 1.000 casos anuales en toda la Provincia. A ello hay que sumarle los cientos de casos atendidos por la Línea 144”, detalló la abogada Mariela Guastavino que integraba uno de los equipos territoriales interdisciplinarios que fueron desarticulados de Corrientes.

En Corrientes existían dos Centros Territoriales de Políticas de Género y Diversidad: uno en Capital, el otro en Paso de los Libres. Brinda “patrocinio jurídico gratuito” para que mujeres y diversidades víctimas de violencia pudieran acceder a la Justicia; lo que incluye “casos derivados como divorcio, alimentos para los hijos e hijas, protección para situaciones de vulnerabilidad”.

En Corrientes “se acompañaron casos de femicidios, se articularon ayuda económica de apoyo urgente y asistencia inmediata para los hijos e hijas que quedaban huérfanos”, detalló la Dra. Guastavino.

Explicó que “esos 3.500 casos en Corrientes, desde enero 2021 hasta mayo 2024, necesitan acompañamiento permanente” porque “los procesos judiciales son largos y las víctimas necesitan asistencia jurídica permanente y gratuita; porque hay violaciones de perimetrales, hay que renovar cautelares, hay que avanzar con causas derivadas, etcétera”.

Las víctimas también demandan “acompañamiento psicológico constante, porque los episodios que vivieron son muy traumáticos y hay episodios de crisis. Necesitan trabajo psicosocial, articulación con otros estamentos del Estado. Estos casos no tienen un cierre o clausuras definitivas como otros casos”, detalló.

Lo que más lamentó la Dra. Mariela Guastavino es “el triste mensaje que emite el Estado Nacional con esta decisión: desprotección, desamparo y revictimización de las víctimas de violencia; vulnerabilidad absoluta para el género y las diversidades”.

Fuente NCA