Distopía: Perú promulgó una ley que "habilita" a los uniformados a cometer delitos

Después de haber ido a una feria dominical en la pequeña ciudad de Huacho, unos 150 kilómetros al norte de Lima, una madre y su hijo de ocho años regresaban a su casa en mototaxi cuando el vehículo se volteó. La madre, con algunos raspones, respiró tranquila al ver que su hijo estaba bien. Pero minutos después se desató la tragedia. Llegó al lugar del accidente un policía, que comenzó a discutir con el chofer, y de pronto, sin que haya una amenaza, el policía sacó su pistola y disparó. El niño cayó. El balazo le impactó en la cabeza. Poco después murió en el hospital.

Garantía de impunidad
La fiscalía abrió una investigación al policía por homicidio. Pero al día siguiente del asesinato del niño que conmocionó al país, el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, promulgó una ley por la cual este crimen y todos los cometidos por policías y militares “estando en funciones¨ pasarán al fuero militar-policial. Una ley que es una garantía de impunidad, que el titular del Parlamento promulgó este lunes.

El asesinato del niño avivó los cuestionamientos a esta nueva ley de impunidad impulsada por el fujimorismo, que es retroactiva, ordena que todos los casos de delitos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad que están siendo investigados por la fiscalía o en juicio, pasen al fuero castrense. El policía que disparó sin razón y mató al niño en Huacho, sabía que esta ley de impunidad se promulgaría, así lo había anunciado el presidente del Congreso.

Este no es el único caso reciente de abuso policial en el contexto del impulso por el fujimorismo de esta ley de impunidad y su aprobación en el Congreso. En una comisaría del popular distrito de Manchay, en la periferia de Lima, un adolescente de 17 años murió después de dos días de estar detenido acusado de un presunto robo. Hace unos días, en la provincia andina de Puno, un abogado que fue a una comisaría a presentar una denuncia fue brutalmente golpeado. En una alejada zona rural de la provincia de Tayacaja, en la sierra central, una camioneta con ocho jóvenes que regresaban de un partido de fútbol fue acribillada por una patrulla militar. Murieron cinco de sus ocupantes. Los militares los acusaron de narcotraficantes y dijeron haber sido atacados. Pero según la investigación fiscal que se ha avanzado, en el vehículo no se encontraron armas ni drogas. Ahora, por resta ley, estos casos deben salir del sistema de justicia y pasar a manos de los propios policías y militares.

Represión de protestas
Los procesos judiciales por las muertes de medios centenar de manifestantes por disparos de policías y militares durante la represión de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre fines de 2022 e inicios de 2023, y la muerte de un joven músico también por el disparo de un policía en las manifestaciones sociales de 2025, también pasarían al fuero militar-policial. Las investigaciones fiscales por estos crímenes han avanzado lento. Ahora su traslado al fuero militar-policial aseguraría la impunidad para los represores. Esta ley también busca garantizar impunidad a las fuerzas de seguridad en futuras represiones durante el régimen fujimorista que se inicia en unos días.

Esta no es la única norma de impunidad para acusados de violaciones a los derechos humanos aprobada por el fujimorismo y sus aliados en el Congreso. En julio de 2024, se aprobó una ley que declara la prescripción de los crímenes de lesa humanidad ocurridos antes de 2002, con el objetivo de cerrar los procesos judiciales a los represores acusados de masacres de comunidades campesinas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, cometidas durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000, que dejó cerca de 70 mil muertos y 20 mil desaparecidos. Un año después, en junio de 2025, fueron más allá y dictaron una amnistía para militares, policías y miembros de las autodefensas civiles responsables de esos crímenes, para reforzar la ley anterior y liberar a los represores ya condenados. Estas leyes benefician a los culpables de los crímenes cometidos por la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), por los que el fallecido exdictador fue sentenciado a 25 años.

“La ley del fuero militar y policial va en contra de la Constitución y las obligaciones internacionales del Estado peruano”, señala la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Julissa Mantilla.

Argumentando esta misma razón, los jueces se han negado a aplicar las leyes de amnistía y de prescripción de los crímenes de lesa humanidad, y lo mismo podría ocurrir con esta ley del fuero militar-policial. El fujimorismo ha respondido amenazando y persiguiendo a los jueces que se oponen a convalidar la impunidad. La Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar y destituir jueces y fiscales, que controla el fujimorismo, viene suspendiendo y destituyendo a los magistrados que no han aplicado las leyes de impunidad.

Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, advierte que “con esta ley del fuero militar y policial ningún peruano está a salvo de ser detenido arbitrariamente, baleado, asesinado en una comisaría, desaparecido, y que no pase nada”. Indica que acudirán a las instancias internas e internacionales para que se anulen estas leyes de impunidad. Del gobierno fujimorista dice esperar “una política para la impunidad total” y anuncia “tiempos de resistencia”.