El Gobierno cambia la fórmula del Indec para disfrazar la inflación

El Gobierno de Javier Milei quedó atrapado en su propia red de uso de datos de la inflación. Es que luego de casi un año rechazando hacerlo, la Casa Rosada quiere implementar "cuanto antes se pueda" la nueva metodología de medición de Precios al Consumidor. Esa nueva fórmula calcula el gasto de las familias con base en el año 2018, a diferencia de la actual que es de 2004, y hace que pese más el costo de los Servicios que de los Bienes. El apuro oficial, en este contexto, no es casual: como el nuevo IPC valora más las subas tarifarias que los incrementos en Alimentos, justo cuando este rubro se está disparando, la orden fue avanzar de manera urgente en el cambio.

Hace unos días, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó que la intención es disponer de la nueva fórmula. No dio fechas, pero la presión de Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, es que esa modificación opere antes de las elecciones legislativas. Vale decir que las nuevas mediciones también pueden impactar de manera indirecta sobre el índice de salarios y los indicadores de pobreza que también da el INDEC.

Visto desde el análisis político, la situación lo amerita: la devaluación que el Fondo Monetario le impuso al tándem Milei-Caputo cargará aún más las subas de precios de Alimentos, que ya con el IPC actual habían subido casi 6 puntos. Y no sólo: hasta ahora, el indicador de alimentos venía muy impactado por carne y productos frescos, pero las remarcaciones recientes en góndolas por el salto del dólar oficial ahora agregan un costo mayor de los bienes en los supermercados. Un dato que hasta ahora no aparecía.

Un detalle importante en este contexto: el titular del INDEC, Marco Lavagna, viene insistiendo hace tiempo en el cambio de fórmula (una idea sin dudas saludable), porque es él quien trabajó junto a Brian Graf, del FMI, en la validación técnica de la nueva medición. Graf, no casualmente, es el mismo que trabajó en la medición de inflación del índice estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. El problema es que CABA aplicó hace tiempo la nueva fórmula, mientras que el Gobierno Nacional decidió pararla con fines políticos y, ahora, decide acelerarla por las mismas razones.