Goya: La "lenta" Justicia fue más rápida que la Política y dejó en evidencia a todos los sectores

El concejal goyano Guillermo Córdoba, quien fuera condenado este lunes a 13 años de prisión por abuso sexual contra tres mujeres del Movimiento Evita, continúa en libertad y sigue siendo concejal. El Tribunal de Juicio de Goya, integrado por los jueces Jorge Carbone, Julio Duarte y Ricardo Carbajal lo declaró culpable de "abuso sexual con acceso carnal en modalidad continuada" y "abuso sexual simple", delitos cometidos en concurso real. Sin embargo, fue absuelto por falta de pruebas en los cargos de coacción y privación ilegal de la libertad, y se fue a su casa como si nada.

El tribunal había considerado la semana pasada que las tres mujeres denunciantes fueron víctimas de Guillermo Américo Córdoba en un contexto de militancia en el Movimiento Evita, con lo cual el condenado ejercía una clara posición de poder sobre las víctimas, que, según trascendió, no serían solamente las tres denunciantes, sino más de veinte mujeres goyanas, que en su mayoría tuvieron temor de sumarse a la denuncia.

El juicio oral, iniciado el 12 de septiembre terminó este lunes, con la condena a 13 años de prisión que no se hará efectiva hasta que quede firme, algo de lo que muchos goyanos dudan, dado que Córdoba es parte de los denominados "Peronistas con Valdés". Durante los alegatos la fiscalía había solicitado 18 años de prisión y la querella 20.

La fiscalía fue representada por los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, quienes también estuvieron a cargo del caso de la desaparición de Loan Danilo Peña en junio de este año.

Lo curioso es que la velocidad a la que se movió la justicia de primera instancia fue mucho más rápida que la que mostró la política goyana, ya que, a pesar de la condena, Córdoba, no solo sigue en libertad, sino que también sigue formando parte del Concejo Deliberante.

Recién después de la sentencia, peronistas, radicales y cassanistas buscan "sacarse el problema de encima", dado que por la historia de transfuguismo del condenado, la miseria política los salpica a todos.

Guillermo Córdoba pertenecía a ELI, el partido fundado y comandado por el presidente de la Cámara de Diputados Pedro "Perucho" Cassani, pero durante el Gobierno de Alberto Fernández, por gestión de Marcos Bassi, se hizo de un importante cargo en la Secretaría de Agricultura Familiar, y a cambio dio una voltereta en el aire, se afilió al Partido Justicialista y pasó a formar parte de la conducción del Movimiento Evita, así, llegó a ser concejal en 2023.

Los hechos denunciados tuvieron lugar en ése ámbito partidario entre 2022 y 2023, pero al ser denunciado por tres víctimas a instancias de la ex diputada del propio Movimiento Evita, Araceli Ferreyra, Córdoba pegó un nuevo volantazo político y se pasó al sector denominado "Peronistas con Valdés", buscando el paraguas judicial del gobernador de la provincia.

De hecho, aquel "célebre" asado del que el senador Diego Pellegrini fue "sacado" por el gobernador, mediante un llamado telefónico, para iniciar el encubrimiento de la desaparición de Loan Peña en Nueve de Julio, se desarrollaba en la casa del concejal Córdoba. El dato consta en la denuncia por encubrimiento realizada por la Fundación La Alameda contra el senador Pellegrini, el abogado José Fernández Codazzi y el gobernador Gustavo Valdés.

El senador Diego Pellegrini junto al gobernador Gustavo Valdés

En este contexto, una vez conocida la condena, Guillermo Córdoba se convirtió en una molestia para todo el arco político goyano, para los conservadores de Cassani por haberlo inventado, para los peronistas de Bassi por haberlo "borocotizado", y para los radicales de Valdés por haberlo apañado tras las múltiples denuncias por abuso sexual, creyendo que el gobernador lograría darle cobertura judicial.

Lo cierto es que, a pesar de la sentencia, en los pasillos de Palacio se comenta por lo bajo que si bien Valdés no lo hizo sobreseer en primera instancia, algo que habría sido un escándalo, sí logró que se desestimara un cargo que lo habría complicado mucho más, el de privación ilegítima de la libertad, pues Córdoba mantuvo encerrada en su propia casa, a una de sus víctimas. De haber sido condenado también por ese delito la pena habría llegado a 18 o 20 años y el tribunal no lo habría podido dejar en libertad.

En ese sentido, el abogado goyano y referente provincial en materia de DD HH, Pablo Vassel, salió al cruce del tribunal por la liberación del concejal "Los hechos de abuso se cometieron en ejercicio de poder, (Córdoba) era referente de una organización social y como tal podía decidir quien permanecía beneficiado de planes sociales y quien no, disponía de instalaciones en las cuales está acreditado que se cometieron algunos de estos hechos o sea que el ejercicio del poder fue fundamental para él", advirtió Vassel en diálogo con "A la Hora señalada", por Mega Corrientes.

Pablo Vassel

"Me parece que es desacertado el criterio del tribunal, máxime con un delito de naturaleza aberrante, y donde (víctimas y victimario) conviven en un radio pequeño de la ciudad, me parece que es un grave error del tribunal dejarlo en libertad", apuntó el abogado goyano en el programa conducido por Jacinto Álvarez y Walter Barberan.

Por su parte, en declaraciones a la radio capitalina LT7, el concejal del Partido Liberal Marcelo Frattini, anunció el martes que  recién en la primera sesión de octubre se pedirá la suspensión de Córdoba para ser sometido a juicio político, con el objeto de echarlo del Concejo Deliberante de Goya. Sin embargo muchos ponen en duda la expulsión porque el "poroteo" entre los concejales no está claro, con lo cual se podría llegar a la inusual situación de que el Concejo de Goya tenga en sus filas a dos concejales condenados por la Justicia.

El compañero de bancada de Córdoba, Juan Domingo González, fue condenado en septiembre de 2022 a un año de prisión y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, junto al "Profe" Gerardo Bassi y su hijo Marcos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en la causa por cheques de pagos diferidos, siendo González presidente del Concejo.

Concejal Juan Domingo González

Seguramente cuando el próximo miércoles se abra el debate por la condena de Córdoba, entrará también en entredicho la permanencia en esa misma bancada del condenado González, que ya lleva dos años en esa condición.

El hecho de que el concejal Guillermo Córdoba continuara en funciones durante el juicio puso en evidencia la crisis por la que atraviesan todos los partidos políticos en Goya, pues el prontuario de Córdoba salpica en algún punto a todos los referentes políticos de la segunda ciudad de la provincia, desde la familia Bassi hasta el también goyano Cassani, aunque el problema mayor lo tienen los radicales y afines, puesto que el concejal abusador es actualmente una de las "nuevas viejas" figuras que representan al gobernador Valdés. Aparentemente en todo el arco político goyano los límites éticos y morales están corridos hasta lo inimaginable, incluyendo la violación.

Tan es así que nadie en Goya se animó a pedir siquiera la desafiliación de Córdoba al Partido Justicialista. Fue la concejal peronista de nuestra ciudad, Alejandra Rojas, quien realizó ese pedido a la interventora Teresa García, Rojas solicitó formalmente la desafiliación de Córdoba.

La respuesta fue rápida y efectiva, impedida de expulsar afiliados (eso le corresponde al Tribunal de Ética, que no funciona durante la intervención) García decidió "suspender temporariamente" la afiliación partidaria del edil condenado.