La Cámara Federal de Milei salvó a Macri y a Caputo en dos causas

La Cámara Federal parece haber ganado un nuevo ímpetu a partir de la reciente reestructuración que impulsó Javier Milei. El primer beneficiado por una tanda de fallos fue el actual Presidente después de que Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaran la exclusión de los querellantes del caso $LIBRA. Pero la cadena de favorecidos no se agota allí: en las últimas horas el tribunal también ratificó el sobreseimiento de Mauricio Macri en una causa por espionaje ilegal. Lo mismo hizo con respecto a Luis “Toto” Caputo en un expediente por negociaciones incompatibles.

El jueves, la Sala AMIA se llenó de jueces, fiscales, funcionarios y operadores judiciales para asistir a la jura de Bertuzzi y Pablo Yadarola como camaristas federales. Bertuzzi había llegado al tribunal en 2018 por decisión de Macri, que lo trasladó sin que mediara concurso alguno. Tras un fallo de la Corte, concursó, quedó atrás, pero así y todo Milei lo eligió.

Al día siguiente de la jura, Llorens y Bertuzzi firmaron dos fallos de alto impacto: el del caso $LIBRA –que involucra al Presidente y a su hermana, Karina Milei– y el que ratifica el archivo de la investigación sobre el préstamo que contrajo Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que favorece a Caputo y a Federico Sturzenegger.

Todos los expedientes podrían haberse firmado antes de la jura, pero en la Cámara Federal esperaron la salida de Leopoldo Bruglia, que debió volver al Tribunal Oral Federal (TOF) 4 desde donde había sido trasladado. Yadarola, por su parte, todavía no se incorporó formalmente, aunque antes de dejar el juzgado en lo penal económico que ocupaba archivó la causa sobre las valijas que llegaron en el avión de Leonardo Scatturice.

Macri puede festejar que la Cámara Federal confirmó otro sobreseimiento en un expediente sobre espionaje ilegal. Este se había iniciado el 26 de mayo de 2020, cuando Cristina Caamaño –por entonces interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)– denunció que, como parte de los análisis de rutina de soportes tecnológicos del organismo, habían encontrado un disco rígido en el que se podía ver que habían almacenado correos electrónicos de distintas personas.

Entre los espiados estaban Rodolfo Tailhade, Elizabeth Gómez Alcorta, Carlos Tomada, Verónica Magario, Laura Alonso, Nicolás Massot, Luis Majul y Carlos Castagneto, lo que mostraba la vocación ecuménica de los servicios a la hora de recolectar información. El 22 de junio de 2020, Castagneto –presidente de la agrupación Kolina– se presentó para ampliar la denuncia después de que el programa GPS hubiese pasado una grabación en la que un alto funcionario de la AFI, Alan Ruiz, contaba que habían infiltrado a una agente femenina en esa agrupación.

El sobreseimiento de Macri había sido firmado en noviembre pasado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. La Cámara lo validó con las firmas de Llorens y Bertuzzi. Como en otros casos, los jueces no desacreditaron la versión de que haya existido inteligencia ilegal sino que recurrieron a impugnaciones formales:

*Que los discos rígidos no fueron debidamente resguardados, por lo que las fechas podrían estar adulteradas;
*Que no había pruebas para sostener que los discos integraban la red informática oficial de la AFI;
*Que resultaba factible adulterar el contenido de un disco rígido;
*Que no se registró ni documentó el lugar en el que fueron hallados los discos rígidos.

Puesto en duda el origen de los discos, se terminó el problema. “No existe un curso de investigación independiente que permita acreditar los hechos denunciados con prescindencia de los elementos digitales impugnados”, señalaron Bertuzzi y Llorens, que dejaron en claro que esto impedía determinar la responsabilidad penal de los imputados.

La misma dupla de jueces ya había ido desarmando varias denuncias de espionaje durante el macrismo: la del Proyecto AMBA –por dudas en la cadena de custodia de la documentación–, la de los Súper Mario Bros –porque los espías eran cuentapropistas y eso impedía investigar a sus jefes– y la de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan –porque estaba en riesgo la seguridad del Presidente–.

En las próximas semanas llegará a la Cámara Federal otro recurso: contra el reciente sobreseimiento de Gustavo Arribas y compañía por espiar periodistas y activistas con la excusa de las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y G20 que organizó el macrismo.

Salven a Toto
En 2017, a partir de la filtración de los Paradise Papers, el diputado Rodolfo Tailhade motorizó una denuncia contra el entonces ministro de Finanzas de Macri, “Toto” Caputo, por una serie de delitos: omisión maliciosa en la presentación de declaraciones juradas, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y lavado de activos.

Caputo no había informado en sus declaraciones juradas que era uno de los dueños y principales accionistas de Princess International Group LTD, radicada en las Islas Caimán y controlante de Noctua Partners. A ese conglomerado, Caputo le facturó por la prestación de servicios entre el 3 de marzo de 2016 y el 6 de abril de 2017, cuando ya era funcionario de Macri. Como ministro, también emitió bonos que terminaron beneficiando al grupo del cual él también era beneficiario.

El abogado de “Toto” Caputo es Matías Cúneo Libarona, hermano de Mariano, exministro de Justicia de Milei. Cúneo Libarona argumentó que Caputo se olvidó de declarar sus vínculos con las sociedades por su “inexperiencia” en la función pública. Otro de los argumentos es que el titular de Princess era Flavio Caputo, hermano de “Toto”. Como prueba de esto, la defensa aportó un acta firmada por Claudio Caputo, primo del ministro y padre del asesor Santiago Caputo. Flavio Caputo es el referente de Caputo Hermanos, involucrado en el financiamiento del grupo ultraviolento Revolución Federal, que se desactivó tras el intento de magnicidio que sufrió Cristina Fernández de Kirchner.

El juez Julián Ercolini rechazó el pedido de Rívolo de indagar a “Toto” Caputo y validó la versión del ministro. La decisión del magistrado fue también ratificada por Llorens y Bertuzzi. “No se observa un actuar delictual doloso por parte del funcionario público denunciado en perjuicio de la administración pública”, escribieron.

“No se encuentra probado que el funcionario público que intervino en la emisión de bonos aquí investigado lo hiciera buscando favorecer a un privado por encima del interés estatal”, añadieron. Según los camaristas también hay nuevas medidas probatorias que pueden realizarse, por lo que corresponde confirmar el sobreseimiento del actual ministro de Economía.

Caputo también salió favorecido al desestimar otra denuncia por abuso de autoridad que había presentado Marcela Pagano cuando se dictó el decreto 478/2026, que autorizaba la toma de deuda y extendía la jurisdicción de Nueva York. La denuncia no tenía impulso fiscal y, según la Cámara, los cuestionamientos al decreto deberían llevarse al fuero en lo contencioso administrativo federal.

Blinden a Monteoliva
En un día frenético, Llorens también decidió que la investigación por la represión del 6 de agosto –cuando se discutía la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada– tramite en el juzgado de Ercolini y no en el de María Servini. Entre los denunciados está la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que fue apuntada tanto por Pagano, Gregorio Dalbón y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Monteoliva, a través de dos funcionarios, contraatacó: presentó una denuncia pidiendo que se investigue y detenga a quienes se manifestaron por supuestos actos terroristas.

Comodoro Py transita una nueva era desde la semana pasada. Este martes, Milei designó a otros tres jueces: Santiago Schiopetto y Ramiro Velasco –que asumirán en el TOF 6– y Valeria Rico –que se sentará en el TOF 4–.

En la Cámara Federal, buscan instalar que soplan nuevos vientos. “El viejo sistema ya no existe”, dice un camarista.

Por Luciana Bertoia para Página/12