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Mientras Milei busca la explotación México avanza hacia la reducción de la semana laboral a 40 horas

La Cámara Alta aprobó por unanimidad la reducción gradual de la jornada de 48 a 40 horas semanales, que se implementaría entre 2027 y 2030 y beneficiaría a 13,5 millones de trabajadores formales

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El Senado de México aprobó este miércoles, por unanimidad, la reforma constitucional que reduce la jornada laboral semanal de manera gradual de 48 a 40 horas, un cambio que beneficiará a alrededor de 13,5 millones de trabajadores formales y que deberá completarse en 2030. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora pasará a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual sanción definitiva, en medio de retrocesos en materia laboral en otros países como Argentina.

La Cámara Alta mexicana avaló el dictamen con 121 votos a favor y ninguno en contra en lo general y en los artículos no reservados. Con esta aprobación, el proyecto superó la instancia clave en el Senado y quedó habilitado para continuar su trámite legislativo.

Reducción gradual
La reforma modifica el artículo 123, Apartado A, de la Constitución mexicana, con el objetivo de establecer de manera explícita la jornada máxima de 40 horas semanales tanto en la Carta Magna como en la Ley Federal del Trabajo. El texto aprobado dispone que la reducción será paulatina: a partir de enero de 2027 se restarán dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030. El año 2026 funcionará como período de adecuación para empresas y trabajadores.

El esquema aprobado mantiene el principio de que la disminución de horas no implicará reducción de sueldos, salarios ni prestaciones. Asimismo, incorpora la prohibición de que menores de edad realicen horas extra. El derecho a un día de descanso por cada seis días de trabajo, con salario íntegro, se conserva en los términos vigentes.

Durante el debate parlamentario, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón, sostuvo que la reforma “va a proteger el ingreso” y remarcó que la reducción de la jornada no afectará las remuneraciones. “Queremos que sea un derecho blindado en la Constitución que no depende de la voluntad de nadie”, afirmó, al señalar que se trata de una demanda histórica del movimiento obrero.

La iniciativa fue presentada formalmente por Sheinbaum en diciembre, tras una serie de mesas de diálogo entre el Gobierno, el sector empresarial y representantes sindicales. El proyecto retoma una discusión iniciada en el sexenio anterior de Manuel López Obrador, que no logró avanzar por falta de consensos, y propone una implementación gradual como vía para facilitar su aplicación en el mercado laboral.

Disputas internas
Pese a la votación unánime en lo general, el debate evidenció diferencias entre el oficialismo, integrado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y los bloques opositores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Legisladores de la oposición cuestionaron la gradualidad de la medida y plantearon que la reducción podría aplicarse en un plazo más breve.

El senador del PAN Marko Cortés sostuvo que la reforma representa “un acto de justicia a medias”, al señalar que el 55 por ciento de los trabajadores mexicanos se desempeña en la informalidad y no se verá alcanzado por el cambio normativo. Cortés también preguntó por qué la reducción no comienza de inmediato y sugirió que el calendario acordado podría responder a negociaciones con el sector empresarial.

México figura entre los países con mayor carga horaria laboral dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según datos citados en el debate, las personas ocupadas trabajan en promedio más de 2.100 horas al año, por encima del promedio del organismo. Además, alrededor del 27 por ciento de la población empleada supera las 48 horas semanales.

A la par, el país presenta bajos niveles de productividad y salarios dentro del grupo de 38 Estados miembros de la OCDE, y una tasa de informalidad laboral cercana al 55 por ciento. En ese contexto, el oficialismo defendió la reforma como un paso orientado a mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo en el sector formal.

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, afirmó que la reducción de la jornada contribuirá a un mejor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral. Señaló que experiencias internacionales muestran que menos horas de trabajo pueden asociarse a mejoras en bienestar y desempeño. “¡Seguimos adelante con la Primavera Laboral de nuestro país!“, escribió en sus redes.

De ser aprobada también en la Cámara de Diputados, la reforma entrará en vigor el 1 de mayo, aunque la primera reducción efectiva se aplicará en enero de 2027. El calendario prevé que en 2027 la jornada máxima pase a 46 horas, en 2028 a 44, en 2029 a 42 y finalmente en 2030 a 40 horas semanales.

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