Milei consiguió la precarización laboral y ahora va por la imputabilidad de los niños

Con 42 votos a favor y 30 en contra el gobierno nacional logró aprobar en el Senado -en general- la reforma laboral y ahora el proyecto continúa el recorrido parlamentario por la Cámara de Diputados. En el marco de las sesiones extraordinarias, la senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza y encargada de construir acuerdos con la oposición, contó con el apoyo de los legisladores que integran los bloques del PRO y la UCR. También apoyaron senadores que responden directamente a gobernadores de distintas provincias como Edith Terenzi (Chubut), Carlos Arce y Sonia Decut (Misiones), Carlos “Camau” Espinola (Corrientes), Alejandra Vigo (Córdoba), Beatriz Avila (Tucumán), Julieta Carroza (Neuquén) y Flavia Royón (Salta).

En esta oportunidad, senadores que habían respaldado al oficialismo prefirieron votar en contra. Son los de la provincia de Santa Cruz Natalia Gadano y José María Carambia. Además, como contó Tiempo, el interbloque “Popular”, que nuclea a legisladores peronistas de todas las ramas y preside el formoseño José Mayans, votó en su conjunto y sin fisuras en contra de la iniciativa impulsada por el presidente, Javier Milei.

En su discurso Mayans comparó el proyecto de ley mileísta con los carteles que había en los centros de concentración de los nazis que decían “el trabajo libera”. En ese momento Bullrich pidió una interrupción y Mayans no la concedió. El formoseño recordó luego la visita de la CGT y otras organizaciones. Remarcó que habían señalado que iniciativa “viola el artículo 14 bis de la Constitución y acuerdos internacionales”. Que la Argentina tiene hoy “el nivel más bajo de salarios de la región”. Dijo que Milei quería volver al 1800, antes de la Primera Guerra mundial. Destacó que el proyecto modifica más de 40 leyes. Y que no era posible tratar “esa cantidad de leyes” en una sola sesión.

En la esencia de su mensaje insistió que este sistema ya fracasó con la dictadura de 1976, con “Fernando de la Rúa”, con “Mauricio Macri y va a fracasar con Milei”.  “El problema de la Argentina no son los trabajadores. El problema es el plan económico del gobierno”, remató como resumen de su intervención.

El oficialismo modificó a lo largo de la jornada un artículo a favor de los gremios. Se trata del que toca el aporte solidaro hacia sindicatos, que proponía un tope de 2% y caída dentro de 2 años para ser voluntario. La nueva propuesta mantiene el porcentaje, pero quedaría sin plazo de finalización.

La culpa es de los pibes
Por su parte, Milei y su red de aliados en el Congreso consiguieron aprobar este miércoles en un plenario de comisiones un dictamen para reducir la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Se trata de una reforma del régimen penal juvenil que rechazó la mayor parte de los técnicos y especialistas que expusieron ante los legisladores, impulsada por la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la frase “delito de adulto, pena de adulto”, duramente criticada por desde la oposición. “Es una consigna vacía e inconstitucional”, cuestionó Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria. “¿De dónde sale esta barbaridad? Marketinero y falso”, advirtió Myriam Bregman, del Frente de Izquierda. El proyecto aprobado se tratará hoy en una sesión especial convocada por el oficialismo, que contaría con los votos para aprobarla.

Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.