Motín en Devoto tras la orden de Bullrich de eliminar los centros de estudiantes carcelarios

Por Laura Vales - 

Presos de la cárcel de Devoto hicieron un reclamo con quema de colchones contra la decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de inhabilitar sus centros de estudiantes y prohibirles que usen los espacios universitarios de la prisión cuando no tienen una clase. El fuego en las ventanas de los pabellones se pudo ver desde varias cuadras; una vez apagado, del edificio del penal quedaron colgados trapos con reclamos por el derecho a estudiar.“La Universidad es de todos. CUD. 40 años”, dice una de esas banderas. Para los presos, la intención del gobierno es debilitar las universidades que funcionan dentro de las cárceles; por eso aseguran que continuarán con las protestas, que van no sólo contra Bullrich sino también contra los jueces que recibieron un pedido habeas corpus y que se vienen pasando la pelota de mano en mano, sin darle una respuesta.

El origen del conflicto fue una resolución de Bullrich del 25 de marzo. En sus dos artículos, la ministra anunció que no habilitará el funcionamiento de ningún centro de estudiantes en las cárceles federales, ni "la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases". Esto perjudicó a los reclusos, que plantean que los pabellones están superpoblados y son muy ruidosos, lugares donde difícilmente alguien pueda concentrarse para estudiar.

En diciembre, la ministra había tomado una medida previa: dispuso que los presos de las cárceles federales realicen tareas de mantenimiento y limpieza en los penales, todos los días, hasta cinco horas diarias, de manera obligatoria y sin retribución. Luego, al prohibirles que usen los espacios de la universidad fuera de clase, argumentó que pasan el día allí y no cumplen con la obligaciones de limpieza y laborales que les impuso, que -dice Bullrich- son importante para su reinserción. Dado que en las cárceles federales los talleres no cuentan con presupuesto y las actividades de reinserción escasean, la impresión es que para la ministra es mejor limpiar que estudiar.

O tal vez ni eso: "El orden y la disciplina no se negocian: las reglas están para cumplirse", posteó al anunciar la noticia.

Era cantado que la medida iba a traer problemas. Para especialistas en contextos carcelarios, la resolución del ministerio tiene inconsistencias legales, es decir que no podrá sostenerse, ya que viola las leyes argentinas que plantean que las cárceles deben reinsertar socialmente al condenado; la educación es fundamental en ese sentido.

Lo que siguió fue los afectados recurrieron a la justicia, pero en los tribunales se demoran en darles una respuesta. En concreto, un habeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria -el organismo que tiene como función proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad- viene pasando de mano en mano entre el Juzgado Federal N° 1 (del fuero federal) y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16 (del fuero ordinario).

"Ambos juzgados se declararon incompetentes y el caso está hoy a resolución de la Corte Suprema", explico Ariel Cejas Meliare, Procurador Penitenciario Adjunto de la Nación. La Corte no tiene plazos para expedirse, por lo que las limitaciones impuestas podrían eternizarse.

El procurador, junto a la Comisión de cárceles presentó por esto una medida cautelar de no innovar, solicitando se suspendan los efectos de la resolución hasta que se dicte sentencia en el habeas corpus. Esta presentación aún no fue resuelta.

La voz de los presos
“El Servicio Penitenciario Federal ya venía desplegando acciones de inteligencia en los centros universitarios para infiltrar presos que hagan cagadas en connivencia con las propias autoridades, para destruir los centros de estudio", dijo a Página/12 un integrante del centro universitario de Devoto, que pidió reserva de su nombre.

El detenido aseguró que el gobierno “ya desfinanció la universidad de la cárcel de Marcos Paz” y ahora va contra el resto.

"Los centros universitarios son espacios académico, donde además se juega a la pelota, se hace musculación, hay actividades extracurriculares como talleres de la sociedad civil. En la cárcel no hay otras actividades, es mentira que se pueda trabajar. Bullrich quiere que el preso este todo el dia encerrado drogándose y peleando en los pabellones”.

El consultado aclaró que la protesta en Devoto no fue un motín, sino un reclamo de los que tradicionalmente son llamados batucadas, porque los presos golpean los barrotes de las celdas. Hicieron fuego para llamar la atención.

Según fuentes del Servicio Penitenciario, se habían pautado media hora de reclamo pero la protesta se extendió, ya que empezó a las nueve y media de la noche y a las once todavia había fuego.

El detenido consultado aseguró que "no se descartan otras medidas de mayor visualización, porque la sociedad debe entender que hay que defender estos espacios“.

"El problema más grande -concluyó- es que Bullrich y el gobierno tienen amedrentados a los jueces, que se desentienden de resolver una acción de habeas corpus. Se lavan las manos, como si las decisiones que se toman sobre las cárceles fuesen ajenas a la justicia. Los jueces de ejecución están mudos, obedientes al gobierno”.

Qué dicen los especialistas
En una nota de Santiago Brunetto publicada por Página/12, especialistas en temas carcelarios explicaron que los y las detenidas suelen quedarse en los espacios educativos luego de las clases porque son los únicos lugares que garantizan la posibilidad de estudiar en condiciones medianamente óptimas.

Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y ex docente del centro Universitario de Devoto, señaló como fundamental que los presos que estudian puedan usar los espacios universitarios: "Ir dos horas a clase y volver a la cárcel te deja por ejempo sin chances de usar a la biblioteca o sin la posibilidad de hacer trabajos grupales", advirtió.

Macarena Fernández Hofmann, Coordinadora del equipo Política criminal y violencia en el encierro del CELS, lo planteó en estos términos: "Los centros son los que garantizan que el espacio quede abierto para que las personas, además de cursar, puedan estudiar como ocurre en cualquier carrera. Estamos hablando de cárceles con pabellones superpoblados, imaginate estudiar ahí si no tenés un espacio específico".

María del Rosario Fernández, de La Gremial de Abogados, recordó que "en los centros universitarios se acoge un montón de detenidos para darles una otra visión del mundo. Con la universidad el Estado da herramientas para que cuando la persona salga no vuelva a delinquir, para que tenga un proyecto de vida. Tantos abogados y sociólogos se han recibido allá adentro... Lo que dispone la Ley de ejecución penal es trabajar para la reinserción social; eliminando los centros de estudiantes, ¿reinsertamos a los detenidos? ¿Los reinsertamos poniéndolos a limpiar pabellones? Aparte de que no hay puestos para que todos puedan limpiar. Todo lo que está haciendo este gobierno dentro del ámbito penal es un retroceso"

Otros que hicieron críticas fueron los integrantes del Consejo Federal de Mecanismos Locales (del Comité para la prevención de la tortura), tras recordar que la universidad en las cárceles "ha dado probados frutos en relación a la baja de la reincidencia".

"Nuestra preocupación mayor viene del retroceso en el derecho a formar Centros de Estudiantes (en igualdad de condiciones a otras personas) y la imposibilidad de permanecer fuera de los horarios de clase, con el sólo fin de realizar tareas de limpieza en los pabellones. Esto, claramente, podría constituir un trato vejatorio y violatorio del deber de garantía que compete al Estado Nacional", agregó el organismo.

Fuente Página/12