Rebelión en la UTA: Las bases presionan a sus dirigentes y contagian a otros gremios

Roberto Fernández, titular de UTA, está en una compleja encrucijada. Los salarios de los choferes están congelados desde diciembre de 2024 y, desde 2012, el salario perdió un 30% de su poder adquisitivo.

Con la paritaria empantanada y sin fecha confirmada de nueva reunión, el dirigente debe tomar una decisión. Si no convoca a un nuevo paro, los trabajadores de base expresarán, casi con seguridad, su repudio en la sede gremial del barrio porteño de Once, como ya lo han hecho en otras oportunidades. Si define una nueva medida, es de esperar que ocurra lo mismo que el martes, cuando tuvo que soportar un evidente desborde.

Es que, lejos de la intención de la conducción de llevar adelante un paro pasivo, los trabajadores y delegados de base organizaron piquetes y cortes en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Es lo que ocurrió en Puente Saavedra, donde choferes de diferentes líneas de la zona norte mantuvieron un corte a lo largo de ese día. Lo mismo pasó en el Puente Pueyrredón, donde se autoconvocaron los de las líneas 148, 51, 12 y 39, entre otras. En La Matanza y Moreno se produjeron cortes de calle, manifestaciones y piquetes.

La jornada concluyó en una asamblea común en el Puente Saavedra en la que los huelguistas no dejaron de manifestar su repudio a la conducción de la UTA. Allí, además, se ratificó lo que ya se había instalado entre el activismo y los delegados de base: lejos del pliego de la conducción, que reclama un 7,5% de aumento contra el 6% ofrecido por gobierno y las empresas, los trabajadores exigen un mínimo de $ 2,5 millones, la equiparación salarial entre las distintas actividades, la continuidad del plan de lucha hasta derribar el “cepo al salario” y un congreso de delegados para definir los reclamos y el plan de acción.

Néstor Marcolín, delegado de la Línea 60, explicó que “estamos esperando que la UTA mueva el tablero de ajedrez para ver con otros compañeros qué hacer. Si tienen reunión, no lo comunicaron a nadie. Ni a los trabajadores ni al cuerpo de delegados”. El dirigente alertó que “están avisando a los cuerpos de delegados que el gobierno apretó al sindicato para que firme el acuerdo del 6 por ciento. Caso contrario van a firmar por decreto un aumento a la baja y hasta junio no se va a discutir nada. Nosotros pedimos un plan de lucha porque la presión salarial ya no da para más”.

El gobierno empuja al conflicto
La intransigencia del gobierno que, en el marco de una nueva aceleración inflacionaria, insiste en la no homologación de los acuerdos superiores a la pauta del 1%, por otro lado, deja sin margen de maniobra a las conducciones dialoguistas que se ven forzadas a lanzarse al conflicto o chocar con su propia base. Es lo que ocurre también con el sindicato de empleados de Comercio de Armando Cavalieri, que acaba de sufrir una inédita apretada pública de parte del Ministerio Capital Humano, que los insta a revisar el acuerdo ya sellado con las cámaras patronales.

Cambio de etapa 
Detrás de la latente rebelión de los choferes, sin embargo, hay más. Empieza a abrirse paso una nueva fase de conflictividad sindical con eje el salario en un terreno más general que, a su turno, también impactará en la conducción de la CGT que no definió el rumbo luego de la marcha del 30 de abril.

Esta semana, la Federación Aceitera sostuvo un paro de 72 horas por la paritaria salarial de la rama de desmotadores de algodón, que abrió una nueva negociación, y los trabajadores de Acindar (UOM) en Villa Constitución conquistaron un incremento salarial con cláusula gatillo sobre la base del lanzamiento de un paro por tiempo indeterminado.

El sábado, las tres plantas del neumático dieron comienzo a un paro de 24 horas convocado por el sindicato Sutna, que también choca con la intransigencia salarial de la patronal.

En la provincia de Córdoba, los trabajadores del sector público protagonizan una rebelión que involucra a docentes y empleados estatales, pero que tiene su punto más alto entre los trabajadores judiciales, que exigen un aumento del 50 por ciento. El Tribunal Superior de Justicia provincial, a contramano de la Constitución Nacional por la que debería velar, publicó una acordada en la que prohibió las asambleas y medidas de fuerza, una decisión de tipo administrativo que intentó tapar el Sol con la mano y sólo profundizó el conflicto con un paro de 38 horas.

Cambio de lógica
Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, señaló: “estamos en un momento distinto. La lógica que traía la negociación salarial en 2024 y hasta el primer trimestre de 2025 cambió”. Es que, detalló, “los sindicatos venían mirando la inflación pasada. En 2025, la Secretaría de Trabajo dijo que había que mirar inflación futura”. Pero, continuó, “ese esquema voló por los aires con la inflación de marzo y la que se prevé para abril. El argumento del gobierno que sostenía que la inflación estaba bajando y que, si bien el salario no estaba recuperando no estaba perdiendo, funcionó hasta diciembre y enero. Pero empezó a dejar de hacerlo en febrero y definitivamente en marzo y abril”.

Oscar Martínez, del Taller de Estudios Laborales (TEL), por su parte destacó que “en la UTA hay mucha bronca salarial y descontento por las condiciones de trabajo. En otros sectores el escenario es todavía muy heterogéneo aunque, por ejemplo, en estatales hay mucho miedo por perder el trabajo y en la UOM sí hay bastante bronca”. El especialista señaló que, curiosamente, “en muchos lugares de trabajo donde hay cierta tradición combativa sigue apareciendo esta división por mitades entre quienes están frontalmente contra el gobierno y quienes todavía disocian y creen que hay que darle tiempo. Todavía no se ve un  corrimiento tajante”.

Con todo, reconoció que “hay malestar porque no se llega a fin de mes y porque el salario es bajo. Pero no se puede hablar de una homogeneidad en cuanto a reclamos salariales que claramente se exprese contra el gobierno”.

Para Campos, el gobierno, y particularmente el Ministerio de Economía, montó “un esquema de negociación salarial que no es resistido solo por los sectores combativos. Tampoco da margen a los más dialoguistas. Por eso va a haber conflicto en los sectores más combativos o con capacidad de conflicto y también en otros que estarían deseosos de firmar a cuatro manos. Lo de la UTA es un buen ejemplo de ese fenómeno”.

La paradójica interna de la UTA
Un sector importante de choferes no adhirió al paro. Son los que están agrupados en UCRA, sindicato enrolado en la CTA-A en el que recaló el otrora opositor a Roberto Fernández, Miguel Bustinduy cuando no pudo sortear las proscripciones en la UTA. El dirigente, que supo formar parte del oficialismo, tomó relieve el 30 de abril de 2019 cuando paralizó más de 100 líneas en un paro nacional convocado por Hugo Moyano. El martes 6, sin embargo, decidió no adherir en repudio a Fernández. La decisión, que pasa por alto las condiciones de los trabajadores que dice representar, fue repudiada por la conducción pero también por los sectores combativos. Para Néstor Marcolín, de la 60, “es la unión de carneros de la República Argentina”.

Hugo “Cachorro” Godoy, titular de la CTA-A, señaló que “no pudimos discutir ni con Silveri que es el secretario general ni con Bustinduy. Hubo sectores de UCRA que pararon. La UTA echa gente a UCRA en complicidad con las patronales. Sí tuvimos una discusión el día del paro nacional porque no había razones para no adherir”.

Oscar Martínez, del TEL, destacó que “UTA está atravesada por una interna muy fuerte entre dos grupos que, a su vez, responden a los dos grandes monopolios del transporte. En cierto modo, esa interna, llevó a que la UTA, a su pesar, hiciera un paro muy fuerte”.

Fuente Tiempo Argentino