Un juez brasileño pidió la extradición de 63 bolsonaristas refugiados en Argentina

La Justicia brasileña dio el primer paso para solicitar la extradición de 63 bolsonaristas que huyeron y se encuentran prófugos en la Argentina. El pedido fue realizado por el titular del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, en el marco de la causa Lesa Patria, que investiga el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro invadieron la sede de los Tres Poderes del Estado. Aunque todavía faltan algunos pasos burocráticos para que el pedido se formalice ante las autoridades argentinas, abogados bolsonaristas informaron “a las familias de los exiliados que no deben preocuparse”, dijeron.

La solicitud de extradición fue realizada por pedido de la Policía Federal (PF), encargada de llevar adelante las investigaciones por el intento de golpe que se dio días después de la asunción del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. En junio, fue la PF la que presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) un listado de 143 personas que buscan, que se dieron a la fuga en medio del proceso judicial en su contra o con las condenas ya impuestas: muchos rompieron las tobilleras y cruzaron fronteras de manera ilegal. Para conseguir identificarles, incluso, las autoridades brasileñas activaron la Ameripol, un organismo de cooperación de 30 países del continente, que les permitió mapear hacia a dónde viajaron las y los prófugos.

En respuesta a una solicitud, las autoridades argentinas dijeron que lograron identificar sólo a 63 de las 143 personas. Las identidades aún no se conocen, aunque varios de los bolsonaristas en el país dieron notas a medios brasileños, se manifestaron en el Obelisco y hasta se encontraron con Eduardo Bolsonaro en el Congreso de la Nación cuando fue invitado por diputados de La Libertad Avanza (LLA).

Los crímenes por los que están acusadas y condenadas las y los militantes bolsonaristas son: intento de golpe de Estado, asociación criminal, depredación del patrimonio público e incitación al crimen, entre otros. Las penas de los condenados van entre los 14 y los 17 años de prisión. En tanto, ellos niegan los cargos y denuncian que se llevan contra ellos “procesos sin garantías legales”, denuncian "persecución" y "censura" por parte de la Justicia y el Gobierno de Brasil.

El pedido de De Moraes se encuentra en el Ministerio de Justicia de Brasil, que deberá analizar y determinar si el caso cumple los acuerdos previstos en los tratados internacionales. En caso de que la cartera judicial dé el visto bueno, el pedido pasará al Ministerio de Relaciones Exteriores, que deberá iniciar las tratativas con el Gobierno y las autoridades argentinas.

Voceros del STF, en tanto, dijeron que todavía no fue dado a conocer ninguno de los documentos que circulan entre las carteras del Gobierno.

Fuente El Destape