Washington y Londres alineados otra vez: Se cae la fantasía del apoyo de Trump por Malvinas

El jueves 15 de octubre, en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, la delegación de Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización. Sostuvo que el comité había dejado de cumplir su propósito original. Lo describió como un desperdicio de tiempo y de recursos y, como prueba, citó sus viajes anuales a centros turísticos del Caribe y del Pacífico Sur. Es el foro donde la Argentina presenta cada año su reclamo por Malvinas y desde donde la comunidad internacional insta a Londres y a Buenos Aires a negociar, en la línea que abrió la resolución 2065 de 1965. Para Washington, más de seis décadas de litigio colonial caben en una partida de viáticos.

En la misma sesión, la Argentina se abstuvo en la votación de una resolución sobre las formas contemporáneas del colonialismo, impulsada por Rusia, que mencionaba la explotación de recursos naturales en violación de la soberanía de los Estados. Estados Unidos y el Reino Unido votaron en contra. El gobierno justificó la abstención con un argumento técnico: el texto incluía las sanciones económicas unilaterales entre las formas de colonialismo y eso podía volverse contra sus propias medidas en Malvinas.

Lo que vino después desarma esa explicación. Consultado sobre el pedido estadounidense de cerrar el comité, el vocero presidencial Adrián Ravier habló de “sintonía” entre esa iniciativa y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa Javier Milei, y dijo que el apoyo a la disolución estaba “bajo análisis”. En paralelo, La Libertad Avanza no reunió quórum ni firmas para dictaminar esa ley en comisión: el plenario pasó al martes 27 y el proyecto quedó fuera de la sesión del miércoles.

La secuencia muestra el límite de una política exterior que hizo del alineamiento con Washington su brújula. El Gobierno que anunció por cadena nacional la ofensiva más dura en años contra el petróleo de Malvinas encuentra afinidad con quien propone desarmar el foro que sostiene el reclamo, y ve trabarse su propia ley mientras las empresas de ese aliado piden quedar afuera. El excanciller Jorge Taiana lo leyó como una ruptura con la tradición diplomática argentina: la abstención, advirtió, terminó favoreciendo la posición colonialista de Estados Unidos.

La palanca que funcionó
El 3 de septiembre, Milei anunció el endurecimiento de las sanciones contra el proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, que opera la israelí Navitas Petroleum en sociedad con la británica Rockhopper Exploration. Al día siguiente, el Decreto 868/26 aceleró las inhabilitaciones previstas en la Ley 26.659, sancionada en 2011. El sábado 5, SLB, Baker Hughes y Halliburton, las tres mayores empresas de servicios petroleros del mundo, todas con contratos en Vaca Muerta, comunicaron que no trabajarían en las islas.

Ese dato encierra una lección política. El subsuelo argentino es poder de negociación. Un yacimiento que promete su primer barril para 2028 pesa poco frente a la formación que sostiene la expansión petrolera del país, y cuando el Estado condiciona el acceso a ella, las corporaciones eligen. Es soberanía económica ejercida con las reglas del mercado que el propio oficialismo dice venerar.

El proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso el 17 de septiembre llevaba esa lógica a la ley: extendía las penas a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores de quienes operen en la plataforma continental sin autorización argentina. Ahí empezó la inquietud en Washington. Según publicó Clarín, funcionarios estadounidenses plantearon dos salidas: congelar la ley, su opción preferida, o modificarla para que sus empresas queden excluidas. Milei habló por teléfono con el secretario de Estado, Marco Rubio, el viernes 16.

Una excepción para las empresas estadounidenses convertiría el régimen de sanciones en un peaje con bandera: Sea Lion seguiría recibiendo servicios, solo que de proveedores con el pasaporte correcto. La neutralidad que la Casa Blanca proclama sobre la soberanía de las islas termina donde empieza la cuenta de resultados de sus compañías.

El escudo de Londres
El 13 de octubre, la Argentina pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, medidas provisionales para frenar Sea Lion mientras se constituye el tribunal arbitral previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Al día siguiente, el gobierno británico anunció que aplicará su Ley de Protección de Intereses Comerciales para que sus empresas y ciudadanos puedan desoír las sanciones argentinas y reclamar compensaciones si resultan perjudicados.

Es una ley de 1980, la misma que el Reino Unido usó en los años noventa para que sus empresas no acataran las sanciones de Washington contra Cuba. Londres apunta hoy contra Buenos Aires el escudo que forjó frente a Estados Unidos, y Estados Unidos reclama para sus compañías la misma excepción que Londres se fabrica por ley. Las dos potencias que se arrogan el derecho de sancionar al resto del mundo coinciden en negárselo a la Argentina sobre su propia plataforma continental.

Por María Fernanda de la Quintana para Tiempo Argentino