La Corte Suprema enredada en sus torpezas es una señal para las luchas populares

En ocho días hábiles la Corte Suprema revisó lo que había resuelto y dispuso todo lo contrario. Un récord de velocidad procesal. O un buen olfato para los humores sociales. Un ejercicio de captación de lo que sucede y de lo que viene. Lo que está larvado, por debajo pero en gestación.

Varias definiciones de este tipo intentaron explicar las razones que llevaron al máximo tribunal a dictar una medida cautelar interina para reponer la ley 26737 (Ley de Tierras). Dicho de otro modo: para que vuelvan a estar vigentes las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjero.

Legisladores y juristas especializados analizaron las consecuencias políticas y judiciales de la decisión de la Corte: la suspensión provisoria del artículo 154 del DNU 70/2023. Dos miembros del tribunal más dos conjueces sorteados para este caso -con el rechazo en minoría de Carlos Rosenkrantz- actuaron con una rapidez singular para los estándares de los tribunales. Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci modificaron así los efectos jurídicos que había dejado una resolución anterior, dictada en la presentación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata. Para hacerlo fijaron otro criterio en un planteo similar y bastante conexo: el amparo colectivo de Árbol de Pie, ONG ambientalista de Río Negro.

¿Qué llevó a pisar el acelerador a Rosatti y Lorenzetti? Lo más obvio era el avance del almanaque: la cuenta regresiva hacia la fecha -clave- del jueves 15, jornada en la que está convocada una sesión para discutir en Diputados todo el articulado del DNU 70/2023. Conocedores de la política y del Poder Judicial plantearon que el cuarto piso de Tribunales (donde se encuentran los despachos y las secretarías de la Corte) detectó un riesgo. El diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria), vocal de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, eligió un tono bastante mordaz. “No sucede en el mundo que una Corte se modifique a sí misma en una semana”, cuestionó, al ser consultado por el diario Tiempo Argentino. Y con la misma acidez amplió: “No debe existir en el mundo una Corte Suprema de Justicia que modifique su propio fallo en nueve días (en términos judiciales los días hábiles fueron ocho, NdR). Pero no es la primera vez que lo hace. Ya sucedió cuando quisieron fijar el ‘2×1’ con el fallo Muiña. Y esto habla de su calidad.”

Con su alusión al ‘2×1’ Valdés trajo al presente el recuerdo más traumático para los jueces del tribunal: el clima de efervescencia y movilización que desencadenó otra sentencia de la misma Corte, el fallo de 2017 que buscó instalar el cómputo doble de los años de prisión preventiva en beneficio de los represores condenados. El fallo de este viernes fue dictado en el amparo colectivo interpuesto por la asociación civil Árbol de Pie más la legisladora rionegrina Magdalena Odarda y las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fcta Anecon. Sobre su contenido, el diputado Valdés sostuvo que refleja el estado “triste” y “lamentable” de la práctica judicial del país. “Esto dice cuál es la seguridad jurídica de la Argentina. Buscan introducir temas pero luego, ante la repulsa social, tienen que modificar sus propios fallos. Por otro lado, este fallo de la Corte no resuelve el fondo y sigue dejando la puerta abierta (para eliminar toda limitación a la compra de tierras)”, aseguró.

Otra voz que cuestionó al tribunal fue la del exdiputado Leopoldo Moreau. Dirigente histórico del radicalismo, Moreau consideró el tribunal de Rosatti y Lorenzetti quedó “enredado” en sus propias “torpezas”. “Primero sacó un fallo que les reclamó la Embajada de EEUU pero quedaron tan expuestos y a tiro de un fuerte repudio social que, a la semana, dictaron otro fallo, no sólo para intentar lavarse del primer error sino, en este caso, a pedido del Gobierno, para salvar a (Javier) Milei de una contundente derrota en el Parlamento”, escribió en su cuenta oficial de X. Se refería a la sesión del jueves próximo.

Moreau agregó que los miembros de la Corte “dan vergüenza ajena”; luego ratificó la convocatoria a movilizarse al Congreso para acompañar la sesión del 15. “Todos a la Plaza porque, como ha quedado demostrado, cuando se escucha la voz del pueblo se los puede hacer retroceder”, tuiteó.

Con una lógica similar, el abogado laboralista Carlos Tomada amplió el foco hacia otros artículos del DNU 70 que fueron objetados en la Justicia. Consultado por este diario, dijo que este antecedente generado por la propia Corte le da más fuerza a una acción de amparo presentada por la CGT. “Este fallo es interesante. Parecería mostrar cierta nueva sensibilidad frente al humor social. Y nos recuerda a lo ocurrido con el fallo conocido como el ‘2×1’ con respecto a los DDHH. Creo que reabre el pedido de la CGT en relación a la inconstitucionalidad del capítulo 4º del DNU 70. Podría ser tomado como una alerta por todos aquellos que están en contra de estas reformas laborales, a través de la movilización y el cuestionamiento a su vigencia”, se explayó el exministro de Trabajo.

El debate de la tierra
En cuanto a la extranjerización y concentración de tierras, pocas personas abordaron el tema con la voluntad y la constancia de la legisladora de Río Negro Magdalena Odarda. Abogada especializada en Derecho Civil, egresada de la tradicional Universidad de Córdoba y establecida en Sierra Grande, Odarda es conocida por su involucramiento en el reclamo por el libre acceso al Lago Escondido. Se trata del espejo de agua que controla el magnate inglés Joe Lewis. Fue ella quien inició la causa por ese tema: lleva veintidós años de litigio en distintas instancias. “Tuvimos fallos positivos, por lo menos más de diez, pero en 2023 el Superior Tribunal de Justicia (de Río Negro) revocó todos los fallos anteriores y solamente habilitó un solo acceso al lago, que es el sendero de montaña que se recorre en cuatro días de caballo”, repasó.

“La Corte también lo tiene a resolver en estos días”, deslizó luego. Sobre el planteo de la ONG Árbol de Pie, la legisladora recordó que ella misma es “amparista” en esa presentación. “Para nosotros el fallo de Cecim fue un golpe total”, contó. Pero hoy llegó la medida cautelar interina de la Corte, justamente en el amparo colectivo que la tiene entre sus accionantes. Odarda, como otros dirigentes que siguen el tema, advirtió que más pronto que tarde habrá que revisar todas las operaciones de compra inscriptas por extranjeros durante la ‘ventana’ de tiempo en que estuvo derogada la ley 26737, el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

“Nosotros (por los rionegrinos) decimos que el problema de extranjerización ya lo tenemos: lo sufrimos en carne propia”, comentó. Y amplió: “A partir del 2017 ingresaron a nuestra provincia los Emiratos Árabes y Qatar comprando tierras a través de empresas. Eran ‘pantallas’ que mostraban integrantes con DNI argentino pero que en realidad esconden a capitales estatales de estos dos Estados. Entre ambos llegamos aproximadamente a 70.000 hectáreas en la zona de la cordillera. Han comprado tierras con nacientes de agua dulce”. Al referirse a la provincia que eligió para vivir, Odarda pareció apuntar —sin nombrarlos— a un factor clave del debate: los gobernadores. Por la propiedad de los recursos del subsuelo que les otorgó la reforma constitucional del ’94, por el manejo del catastro y de las valuaciones fiscales, y por su conocimiento detallado del territorio, los jefes provinciales saben exactamente qué está en juego.

Vaya un ejemplo: en la última semana los gobernadores de Misiones y de La Pampa emitieron dos señales sugestivas. Fueron dos decisiones limitadas a sus competencias pero que reflejaron la importancia y la sensibilidad del debate cuando se trata de extranjerización. Una discusión que atraviesa a las comunidades.

El viernes 2 de octubre, el misionero Hugo Passalacqua ordenó iniciar acciones judiciales que frenen la venta de tierras a extranjeros de forma indiscriminada. Lo hizo a través de un decreto, el 1935. Pocos días más tarde, en la semana que termina, su par pampeano Sergio Ziliotto envió a la Cámara de Diputados local un proyecto de ley provincial de Tierras Rurales. En su articulado la propuesta de Ziliotto prohíbe absolutamente la venta de tierras que incluyan recursos naturales estratégicos “a personas físicas y jurídicas extranjeras”. También impide que Estados extranjeros o empresas con participación estatal de otro país puedan tener la titularidad de propiedades rurales.

Por Martín Piqué