Cierre de FATE: El Gobierno dictó conciliación obligatoria y ordenó dejar sin efecto los despidos

En una jornada vertiginosa que comenzó con el anuncio del cierre definitivo de Fate, la mayor fábrica de neumáticos del país, y continuó con fuertes cruces políticos, el Gobierno Nacional decidió intervenir de oficio para evitar una escalada mayor del conflicto social.

A primera hora de la tarde de este miércoles, la Secretaría de Trabajo, bajo la conducción de Julio Cordero, dictó la conciliación obligatoria por un período de 15 días hábiles.

La medida administrativa pone en suspenso la decisión de Fate de cesar sus operaciones en la planta de San Fernando y, fundamentalmente, deja sin efecto temporalmente los telegramas de despido que alcanzaban a más de 900 trabajadores.

Una mediación contrarreloj
La resolución llegó luego de una audiencia de urgencia convocada por la cartera laboral, donde se vieron las caras los representantes legales de la compañía, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, y la cúpula del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).
Durante el encuentro, que se desarrolló en un clima de extrema tensión, el Gobierno instó a las partes a retrotraer sus acciones para abrir una ventana de negociación. En términos legales, el dictado de la conciliación obliga a la empresa a reincorporar a los operarios en sus puestos de trabajo —o en su defecto, a abonar los salarios caídos aunque no les asigne tareas efectivas— y al gremio a abstenerse de realizar medidas de fuerza directa, como bloqueos o tomas de fábrica.

El trasfondo del conflicto de Fate
La intervención de Julio Cordero busca poner paños fríos a una situación que amenaza con desbordarse. Horas antes, Fate había comunicado oficialmente la extinción de todos los contratos laborales argumentando la imposibilidad de competir frente a la apertura de importaciones y la pérdida de mercados externos.

El escenario es complejo: mientras el sindicato exige la reapertura inmediata de la planta y la defensa de los puestos de trabajo, la empresa sostiene que la inviabilidad económica es irreversible. A esto se suma el condimento político, agravado por el reciente posteo del presidente Javier Milei en redes sociales y el comunicado de la Unión Industrial Argentina (UIA), que alertó sobre la destrucción de casi 65.000 empleos industriales en los últimos dos años debido a la falta de competitividad sistémica.

Con este paréntesis de dos semanas, se abre ahora una etapa de negociaciones técnicas. El objetivo de la Secretaría de Trabajo es monitorear si existen alternativas intermedias que eviten el desmantelamiento total de una planta histórica que opera desde hace más de 80 años, o si el conflicto derivará inevitablemente en una batalla judicial por las indemnizaciones una vez vencido el plazo de la conciliación.