La jueza Preska cerró la demanda por la estatización de YPF

La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejó formalmente sin efecto su sentencia contra el Estado argentino por la estatización de YPF y de esta manera dio por cerrado ese proceso judicial iniciado por fondos buitre.

La medida fue tomada luego de que la Corte de Apelaciones de ese distrito estadounidense hiciera lugar a un planteo presentado por la Argentina y revocara en marzo el fallo de la magistrada, quien había condenado al país al pago de 16 mil millones de dólares (monto que con intereses superaba los 18 mil millones) y habilitó la entrega de acciones de la petrolera nacional o de otros activos embargables a Burford Capital y Eton Park.

Con esta decisión, la definición final del caso por la estatización queda en manos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que deberá determinar si acepta tratar la apelación que en su momento presentó el fondo Burford Capital. Pero el máximo tribunal puede optar por no pronunciarse sobre el caso y así dejar en firme la sentencia.

Por lo pronto, Preska, heredera del fallecido Thomas Griesa, puso fin a su intervención en la causa tramitada en Nueva York por la expropiación de la petrolera nacional en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner y la gestión en economía de Axel Kicillof.

Esta medida judicial había sido celebrada como propia por el gobierno de Javier Milei, quien desde antes de que asumiera la Presidencia defendió los intereses de los fondos buitre y hasta puso en riesgo la definición favorable a la Argentina.

Expropiación avalada
La decisión judicial acata el pronunciamiento dictado en marzo por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, donde los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes, anularon la sentencia de primera instancia al concluir que se había interpretado de forma errónea la ley argentina.

En otras palabras, quedó probado que la expropiación se ajusta al derecho argentino y estuvo acorde a la ley. De esta manera, el tribunal de alzada resolvió que la legislación de expropiación argentina impide demandas de terceros que interfieran con el proceso expropiatorio, y señaló además que el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas que habilite reclamos por daños.

La instancia de apelación ordinaria quedó agotada luego de que el pleno del tribunal rechazara un pedido de revisión en junio.

No obstante, el fondo de litigios Burford Capital, financista de la demanda interpuesta originalmente por los ex accionistas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, presentó a principios de octubre un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

En su presentación, el demandante calificó la decisión de la Cámara como “gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”.

Sin embargo, la admisión del caso no es obligatoria para el máximo tribunal estadounidense. La Corte recibe entre 7 mil y 8 mil peticiones anuales y suele conceder la revisión de aproximadamente 80 expedientes, sin plazos fijados para expedirse.

Al mismo tiempo, Burford abrió de manera paralela un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.