La escandalosa complicidad del Gobierno con Burford Capital en el litigio por YPF

La escandalosa trastienda del juicio por la estatización de YPF expone la peor cara de la entrega de soberanía por parte del presidente y los equipos económico y jurídico. En su editorial de este miércoles, Alejandro Bercovich denunció la actitud oficial que excede la mera impericia técnica y califica directamente como una "capitulación planificada" la subordinación ideológica y financiera del gobierno de Javier Milei ante los intereses de Burford Capital.

El periodista desarmó la impunidad con la que se mueve este "capitalismo de descarte". Calificó como una absoluta "desmesura" que un fondo buitre pretendiera saquear las arcas públicas por USD 16.100 millones, habiendo comprado el derecho a litigar por apenas 17 millones de euros en una mesa de saldos. Lo verdaderamente inédito, advirtió Bercovich, es que el propio presidente de la nación saliera a justificar el reclamo de los especuladores en la televisión, tratándolos como "damnificados por el populismo" en lugar de defender el patrimonio de los argentinos.

Para el analista económico, la hoja de ruta de la gestión libertaria nunca fue dar la batalla legal, sino apurar la ingeniería de la rendición. El invento del oficialismo de emitir un bono a perpetuidad -bautizado cínicamente como el "impuesto Kicillof"- no fue más que el intento de crear una tasa impositiva para asegurarles el negocio a los buitres, antes que agotar de manera agresiva las apelaciones en los tribunales internacionales. Un modus operandi de "vendedores de patria" que prefieren liquidar el Estado antes que gestionarlo.

La trama de Agustín Sanz expuesta en pantalla
Esta alarmante sintonía con los acreedores tiene terminales políticas y nombres propios que el periodista expuso con pruebas claras. En el centro de esta telaraña de influencias aparece el abogado Agustín Sanz, un jugador de peso en el esquema corporativo internacional y especialista en arbitrajes ante el CIADI. Bercovich mostró en pantalla la foto de Sanz para ponerle rostro al puente de plata directo entre los fondos litigantes y las máximas autoridades del Ministerio de Justicia argentino.

La denuncia de Bercovich hace especial hincapié en el doble rol de Sanz: detalló su pasado como funcionario técnico en el Ministerio de Economía de la Nación, donde conoció desde adentro los resortes del Estado, y expuso su rol actual como socio estrella del influyente bufete global Three Crowns en Madrid, desde donde se patrocinan megajuicios corporativos contra soberanías estatales. Esta vez en contra de los intereses argentinos.

La denuncia apunta a las estrechas vinculaciones de Sanz con el ex ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y su viceministro. A través de este andamiaje de favores cruzados y terminales en la Procuración del Tesoro -hoy bajo el mando formal de Sebastián Amerio y tutelada políticamente por Santiago Caputo- se habría facilitado un fenomenal conflicto de intereses. La influencia de operadores como Sanz en las segundas líneas ministeriales alimentó la hipótesis de que los bufetes corporativos amigos se sientan de ambos lados del mostrador. Una triangulación perfecta diseñada para simular una defensa pública mientras se allana el camino para los negocios privados ante el CIADI.

El tiro por la culata de los buitres
Para desgracia de la narrativa de la rendición oficial, el sistema judicial neoyorquino terminó dándole un cachetazo al derrotismo oficial. El reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que de manera histórica rechazó la condena contra la Argentina por YPF, demostró que el país tenía argumentos sólidos para ganar.

La estrepitosa caída de las acciones de Burford en Wall Street desnudó lo que Bercovich sintetizó en su informe: mientras el Gobierno corría con la billetera abierta para pagarle a los especuladores, la propia justicia norteamericana determinó que el reclamo era inválido. Con los fondos buitre activando ahora un manotazo de ahogado ante el CIADI bajo el patrocinio de sus operadores locales y la complicidad de los despachos oficiales, queda una certeza flotando en el aire: quienes gobiernan Argentina operan en su contra.