Libertarios con represores: Están los votos para abrir una investigación que salpica a Menem

A paso lento pero firme, la Cámara de Diputados avanza hacia la apertura de una comisión investigadora que indague y proponga sanciones para los seis diputados libertarios que, a comienzos de julio, se reunieron durante tres horas con represores condenados en la cárcel de Ezeiza. La decisión fue expresamente respaldada por Unión por la Patria (UP), una parte del radicalismo, el socialismo y el Frente de Izquierda durante la primera reunión oficial para debatir el tema este martes. La investigación podría comprometer seriamente a las autoridades legislativas, más allá de los seis diputados involucrados, porque los efectos de la visita a los represores se expanden en el oficialismo como una mancha venenosa.

Por ahora, el foco está puesto sobre los seis participantes de la reunión con los represores: Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci. Hay consenso entre quienes quieren impulsar la investigación para discernir niveles de responsabilidad. En ese sentido, los tres primeros mencionados son los que aparecen más complicados, dado que fueron impulsores del encuentro entre sus pares. Mientras que Arrieta y Bonacci, por sus actitudes durante y después de la visita a Ezeiza, tal vez logren recibir un tratamiento menos severo. Bonacci fue la única de los libertarios que se mantuvo al margen de la foto compartida con los represores condenados. Arrieta es hasta ahora quien más información ha difundido sobre el encuentro. Llegó al punto de denunciar penalmente a sus compañeros de bloque por lo que consideró un engaño.

La presentación judicial de la diputada libertaria por Mendoza busca que el castigo, ya sea institucional o social, suba hacia arriba en el escalafón de responsabilidades institucionales. En el escrito que presentó hace una semana ante la justicia federal de Lomas de Zamora, Arrieta pidió expresamente que parte de su bloque, de las autoridades de la Cámara y del Servicio Penitenciario sean investigadas por coacción agravada, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos, conspiración y malversación de caudales públicos. Nombró puntualmente a Sharif Menem, el joven sobrino de Martín Menem. Su mano derecha, su talón de Aquiles. “Es mis ojos”, ha dicho sobre él el presidente de la Cámara de Diputados. Si Sharif queda penalmente involucrado, Martín podría verse afectado.

Pero además, Arrieta trasladó al terreno político su denuncia penal. En la reunión de comisión de este martes, avisó: “Nosotros no nos mandamos solos”. Su enojo con Menem es inocultable. Cerca de la diputada remarcan que el riojano “se abrió de gambas” cuando el escándalo –esperable– estalló. Además, en la denuncia penal quedó asentado cómo empleados del presidente de la Cámara le prohibieron expresamente a Arrieta que publique explicaciones respecto de la reunión con los represores, una vez que esta ya había tomado estado público, revelada por La Política Online. La presentación judicial de la diputada libertaria resultó, paradójicamente, un gran insumo para quienes desde hace años investigan y reconstruyen el lobby de sectores políticos, castrenses y eclesiásticos para lograr la impunidad o al menos morigerar las penas contra los genocidas. Incluyó en ella detalle de los grupos de WhatsApp, sus integrantes y los documentos compartidos para buscar modificaciones legislativas que beneficien a los represores. Aparecen por eso en su denuncia el cura Javier Olivera Ravasi –a partir de esto, apartado de la diócesis en la que residía– y los abogados Ricardo Alberto Saint Jean (hijo del represor Ibérico Saint Jean), Eduardo Rafael Riggi y María Laura Olea.

En la denuncia, Arrieta se describe a sí misma como una joven engañada por sus pares (“hoy advierto y siento que he sido manipulada”), a la vez que aporta información para reconstruir reuniones previas del grupo con otros represores y apunta directamente contra Menem. “Contábamos con la organización y el aval de la Honorable Cámara de Diputados”, dice en un tramo de la presentación. Luego, agrega: “Quiero que se investigue si se han utilizado recursos de los ciudadanos para realizar esta visita por fuera de toda orden de tareas o trabajo legislativo”. La reunión fue con Alfredo Astiz, Alberto González, Raúl Guglielminetti, Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), Antonio Pernías, Gerardo Arráez, Honorio Carlos Martínez Ruíz, Juan Manuel Cordero, Mario Marcote, Miguel Ángel Britos, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, Julio César Argüello, Marcelo Cinto Courtaux y Adolfo Donda.

Las insinuaciones de Arrieta respecto de la responsabilidad de otros miembros del oficialismo serán objeto de la comisión investigadora que, tal como quedó explicitado en la reunión de este martes, tiene los votos de al menos UP, parte de la UCR, el socialismo y el Frente de Izquierda para poder avanzar. De las varias expresiones en el encuentro, fue clave la de la radical de Evolución Carla Carrizo, que oficializó el acuerdo de su sector para la conformación de la comisión que había propuesto UP. “No alcanza con un repudio”, avisó Carrizo. Consideró que la de los libertarios fue “una visita pública, institucional, no privada”, en un pronunciamiento que habrá que ver si excede a los seis participantes del encuentro.

Por UP, recogió el guante Cecilia Moreau, que sorprendió al destacar lo que consideró la “valentía” de Arrieta y Bonacci. “Es fácil agarrársela con dos pibas que tuvieron declaraciones que no estuvieron a la altura de las circunstancias, pero ustedes se esconden en el silencio de los cobardes”, les espetó a los libertarios presentes, entre ellos, el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni. Uno de los libertarios ausentes, Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales que debería sesionar en conjunto con Peticiones, presidida por Silvia Lospennatto, también fue apuntado por Moreau. “Es parte de este plan de impunidad”, lo acusó. Mientras el Congreso avanza, también lo hará el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, que subroga el juez Ernesto Kreplak. Allí recayó la denuncia de Arrieta.

Este viernes, las autoridades de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento en la Cámara baja establecerán un cronograma de trabajo. Según pudo saber Cenital, lo más probable es que resuelvan volver a reunirse la semana próxima, escuchar a los organismos de Derechos Humanos y luego avanzar. La primera discusión pasará por quiénes deben integrar ese grupo que pondrá la lupa sobre sus pares. No será una discusión menor, porque las preguntas que deberá resolver la comisión investigadora son varias y muy importantes: ¿Hubo inhabilidades morales de parte de los diputados que visitaron a represores condenados y que, todo indica, participaron así de un plan para morigerar sus penas? Si las hubo, ¿ameritan una sanción? ¿Qué tipo de sanción? ¿Deben ser expulsados? ¿Hay en marcha un proyecto que busca consagrar la impunidad de los represores? ¿Llega el involucramiento hasta las autoridades de la Cámara de Diputados? ¿Cuánto sabía de todo esto la Casa Rosada?

La denuncia de Arrieta podría dar una pista: según consta en los chats que aportó como prueba, un asesor de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, le pidió expresamente: “Por favor que no se hable más del tema que ocurrió. Que se diluya con los días. Muchas gracias”.

Fuente Cenital