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Política

Peteco podrá contarles a sus nietos que fue parte de la "banda" que busca encarcelar a Cristina

Por Gabriel Link - El senador libreño dilató en el Concejo de la Magistratura una declaración clave que salpicaría la mugre judicial de Gustavo Hornos, el célebre camarista de la Casación que jugaba al paddle con Macri y hoy debía condenar a Cristina Kirchner. Hornos está acusado de violencia de género y violación.

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Al igual que Mariano Borinsky, otro de los camaristas que lo acompañaron en la decisión de proscribir en segunda instancia a Cristina Kirchner, Gustavo Hornos es conocido por visitar asiduamente a Mauricio Macri cuando era presidente, tanto en Casa Rosada como en la quinta de Olivos, dónde asiduamente jugaba al Paddle con el ex presidente. No obstante actualmente Hornos está en el ojo de la tormenta por una denuncia por violencia de género y violación, que le realizó su ex pareja. En esa causa hubo novedades la semana pasada, nuevas pruebas presentadas por la mujer ante el Consejo de la Magistratura, junto a un pedido para que le tomen declaración. Al conocerlas, el senador libreño Eduardo "Peteco" Vischi, se encargó de frenar la audiencia para que ese escándalo no "manchara" el show de esta mañana en Comodoro Py.

Esta no es la primera acusación contra el juez de Cámara Gustavo Hornos, quien ya había tenido una denuncia en 1987, también por violencia, por parte de quien entonces era su cónyuge. La ex esposa del magistrado, madre de sus hijos, lo había acusado de propinarle una brutal golpiza. Como suele ocurrir entre miembros de "la familia judicial" Hornos resultó sobreseído de manera expeditiva por el juez Remigio González Moreno. Por este tema el camarista fue "escrachado" por varias juezas en un encuentro virtual el 8 de marzo de 2021.

En esta oportunidad, el magistrado fue denunciado a principios de septiembre de este año ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que depende de la Corte Suprema, por su última ex pareja, y la denuncia fue por abuso, maltrato físico y psicológico y violación. La mujer declaró que tenía miedo de realizar una denuncia penal contra Hornos porque era un hombre muy poderoso en el Poder Judicial y la hostigaba para que no lo hiciera.

En base a esa presentación, y a instancias de los argumentos del fiscal Adrián Peres, el juez Alfredo Godoy pidió que el camarista de Casación fuera investigado en Comodoro Py. En los tribunales de Retiro la denuncia le tocó por sorteo al juez Marcelo Martínez de Giorgi (luego reemplazado por Sebastián Ramos) y al fiscal Guillermo Marijuán.

En solo 20 días el juez Ramos y el fiscal Marijuan se dieron maña para desestimar la denuncia y liberar, una vez más, a Hornos de una acusación grave por parte de su última pareja. Ramos archivó el expediente porque la víctima declaró ante el fiscal que no tenía intención de hacer una denuncia penal.

Sin embargo, el "salvataje" de Ramos no fue del todo efectivo, ya que, el pleno de la Cámara de Casación había decidido por amplia mayoría notificar la denuncia contra Hornos, al Consejo de la Magistratura, el organismo que controla la conducta de los jueces. Ocho jueces habían decidido remitir la causa al organismo de control, y solo uno (Mahíques) votó en contra.

Los camaristas explicaron la decisión aludiendo a la “preocupación institucional puesta de manifiesto” y a las “particularidades del caso”, y la fundaron en el artículo 3 del Reglamento de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, que dice: “Cuando los Tribunales de Superintendencia (la Cámara de Casación es uno) tomaren conocimiento de un hecho u omisión imputable a un magistrado del Poder Judicial de la Nación que pudiere configurar falta disciplinaria o causal de remoción, notificarán al Consejo de la Magistratura todos los antecedentes en un plazo máximo de tres días”.

En ese marco político, la víctima pidió declarar y presentó pruebas contra Hornos, a quien se escucha en audios aportados "apretar" a la víctima para que retirara la denuncia que había presentado ante la OVD, advirtiéndole que tiene más poder que ella, y ofreciéndole como moneda de cambio "influir" en una causa que ella mantiene contra una ex pareja por la tenencia de una hija de ambos. La mujer realizó dos pedidos de audiencia testimonial.

Aquí entra a tallar el ex intendente de Paso de los Libres, Eduardo "Peteco" Vischi, hoy senador nacional y consejero de la Magistratura, quien actúa como miembro informante en esta investigación.

Si bien se aceptaron los pedidos de la víctima para declarar, Vischi logró, a través de argucias legales, posponer los plazos de la audiencia testimonial para evitar que el camarista Gustavo Hornos, uno de los miembros del tribunal que divulgó esta mañana el fallo contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. De este modo evitó que el nombre de Hornos apareciera en los titulares y los noticieros antes de que se leyera el fallo contra CFK, del cual participó Hornos.

Peteco presentó un pedido de actualización de la información sobre el expediente, y recibió el apoyo del titular de ese cuerpo, el abogado Miguel Piedecasas. Vischi planteó que "hay otros escritos en la causa que no fueron remitidos". "Estamos pidiendo una actualización de la información de la causa para tratar de tener todo el material del expediente y poder leer con tiempo para seguir avanzando en las pruebas".

Piedecasas fue entrevistado por el diario digital LPO en su edición del miércoles pasado, dijo que encontró "conciliatorio" el planteo y lo respaldó. Según LPO se trató de "una definición que toma el consejero informante (por Vischi) y normalmente la comisión acepta porque es consejero instructor". "Lo que decidió hoy (por el miércoles pasado) es que se va a recibir toda la información documental, la ampliación que se ha pedido y luego se fijará una fecha, si lo pide el consejero informante", completaron.

Es decir... sarasa burocrática para evitar que el fallo contra Cristina fuese manchado por la mugre judicial del más encumbrado de los integrantes de la Cámara que la condenó.

En varias oportunidades la defensa de Cristina buscó la recusación de Hornos, Borinsky y Barroetaveña, argumentando que la causa Vialidad había sido iniciada con motivaciones políticas por Javier Iguacel, cuando era el titular de ese organismo durante el Gobierno de Mauricio Macri, y por ende era absurdo que la acusada fuese juzgada por tribunales que estuvieran conformados por jueces probadamente amigos del ex presidente. Sin embargo, los magistrados rechazaron de plano los recursos, tanto en la primera instancia como en Casación.

Ya en el primer juicio los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal habían probado que el fiscal Diego Luciani y el presidente del tribunal que juzgaría a Cristina, Rodrigo Giménez Uriburu, compartían equipo de fútbol con el que jugaban torneos de amigos en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri. Además, también dejaron asentado que el propio Giménez Uriburu y Jorge Gorini se habían reunido, días antes de iniciar el juicio, con la ya entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero a nadie en el Poder Judicial le importaron los vínculos de amistad de quienes juzgan a la ex presidenta con sus acusadores.

Del mismo modo, a nadie parece importarle que una ex presidenta de la nación haya sido condenada y proscripta al cabo de un juicio en el que no se le comprobó delito alguno, puesto que como fue explicado días atrás por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, Cristina no podría ser culpable del delito de administración fraudulenta sencillamente porque como presidenta no administró los bienes de la nación, el administrador de los bienes del Estado es el Jefe de Gabinete, y "curiosamente" ninguno de los Jefes de Gabinete de Cristina fueron acusados en esa causa, y el responsable directo de todas las obras en cuestión, el ministro de Planificación, Julio de Vido, fue sobreseído de todos los cargos en la primera instancia.

La única que estuvo siempre en la mira fue Cristina, porque ellos saben que es la única que gana elecciones.

Finalmente hoy se conoció la anunciada condena por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, que mantuvo la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner.

Cuando algún día le pregunten “¿quién es abuelo?”, Peteco Vischi podrá contarles a sus nietos que él tuvo un pequeño rol en la banda de delincuentes políticos y judiciales que buscaba meter en la cárcel, por crímenes que no cometió, a esa mujer que les aparece en sus libros de historia como la única presidenta argentina que se fue del poder tras ocho años de Gobierno, con un millón de personas en la calle diciéndole "Gracias".

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