Qué pasó con Loan: Al renunciar a la causa Juan Pablo Gallego contó su teoría

El abogado Juan Pablo Gallego, hasta hace 48 horas representante de María Noguera y José Peña, renunció sorpresivamente a la representación legal de la familia del niño de 5 años desaparecido en 9 de Julio, Corrientes el 13 de junio de 2024. El letrado anunció que se apartaba por "razones personales y profesionales", y la renuncia se produjo horas después de que los acusados de entorpecer la causa fueran procesados por la Cámara Federal.

Se trata de Alan Cañete, Verónica Machuca Yuni, Pablo Gabriel Núñez, Valeria López, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Delfina Taborda, Leonardo Rubio, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera y Esteban Rossi Colombo, el Tribunal produjo los procesamientos porque "aprovecharon la vulnerabilidad de las víctimas", "manipularon sus testimonios", "afectaron su capacidad de autodeterminación" y "el consentimiento estaba viciado".

Qué pasó con Loan
Al dejar la causa Gallego contó qué es lo que él cree que pasó en el caso de la desaparición de Loan. Destacó que la banda de "El Americano", uno de los detenidos en las últimas horas por entorpecimiento, llegó horas después de la desaparición y aseguró que "la banda inicial" estaba en la mesa de Catalina, la abuela del niño, en el almuerzo previo.

“Yo considero que habían planeado un delito sobre un niño. De hecho, se comprobó que hubo un almuerzo en los días anteriores con las mismas personas”, sentenció el abogado. Sin embargo, esta es "una banda precaria" (refiriéndose a los ya detenidos en la causa de origen) por lo que habrían necesitado la ayuda de "El Americano". De la banda inicial, para Gallego, el único que tenía "alguna consistencia y logística era el militar Carlos Pérez, de quien no tengo ninguna duda que es quien se lleva Loan y que Laudelina es testigo”, aseguró.

Gallego continuó explicando cómo cree que se dio. “Pérez es un militar retirado, en pareja con la señora (Victoria) Caillava, que era quien iba a ser intendente de 9 de Julio, que también estaba en la comida y son quienes se llevan en su Ford Ranger a Loan del lugar, a la vista de Laudelina Peña. Para encubrir esto comienza a actuar el comisario Maciel y después llega esta banda de facilitadores”, dijo directamente.

Según la Justicia correntina y la Fiscalía, Laudelina Peña, la tía de Loan, tendría un rol central como la autora intelectual de la desaparición. Su esposo, Antonio Benítez, sería quien propuso raptar a Loan. Mónica Millapi lo habría capturado y su pareja, Daniel Ramírez, se lo entregó al matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava. Walter Maciel, el comisario, habría ayudado a encubrir el caso dentro de las fuerzas.

Por último, Gallego detalló que "esta gente está empezando a hablar porque ahora ve que vamos en serio" y sostuvo que "ninguno va a tener una pena menor a 15 años de prisión”. De todas formas, aún falta dar con el paradero de Loan.

La causa paralela
Este miércoles habían sido detenidas diez personas por entorpecer el curso de la investigación. La Cámara Federal procesó a Alan Cañete, Verónica Machuca Yuni, Pablo Gabriel Núñez, Valeria López, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Delfina Taborda, Leonardo Rubio, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera y Esteban Rossi Colombo, porque "aprovecharon la vulnerabilidad de las víctimas", "manipularon sus testimonios", "afectaron su capacidad de autodeterminación" y "el consentimiento estaba viciado".

Previamente Cristina Pozzer Penzo, la jueza de Goya, los había procesado por entorpecimiento en octubre de 2024. Sin embargo, los abogados defensores de los imputados habían apelado la decisión en primera instancia. El nuevo revés surge de los camaristas Selva Spessot, Mirtha Sotelo de Andreau y Luis González.

Los involucrados habrían intentado encubrir la investigación judicial para saber qué pasó con el niño correntino. Supuestamente este grupo habría trasladado a Camila Núñez, Macarena Peña y a varios niños al hotel "Despertar del Iberá" para manipular sus declaraciones por medio de la restricción de su libertad. Estas maniobras habrían ocurrido durante 10 días. Sus ejecutores sostenían que era parte de un programa de contención que carecía de autorización oficial. Además mencionaban ser profesionales en tratamientos psicológicos y en la contención de menores de edad, pero algunos no tenían los títulos que decían tener. Egún la acusación, este grupo habría cobrado casi dos millones de pesos de la municipalidad de 9 de Juilio por sus servicios.