YPF: Kicillof explicó la incompetencia de la jueza que falló a favor de los Buitres

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, convocó a una conferencia de prensa en la que, además de repasar las razones técnicas y políticas que llevaron a la expropiación de YPF en 2012, cargó contra el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, que ordenó entregar el 51% de la petrolera como forma de pago a los fondos buitre, calificándolo de "disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía". Además responsabilizó al presidente Javier Milei y le advirtió que no actuar como debe será tomado como una “omisión deliberada” de la defensa jurídica del Estado en un juicio millonario.

“Lo que se intenta imponer es el estatuto de una empresa privada por sobre la Constitución Nacional”, argumentó Kicillof. El fallo en cuestión no discute la potestad del Congreso argentino de expropiar una empresa, sino que condena al país por no haber realizado una oferta pública de compra al resto de los accionistas cuando se reestatizó la compañía. Así lo estipulaba una cláusula en el estatuto de YPF.

Preska ya había condenado a la Argentina en 2023 a pagar US$16.000 millones, pero el Gobierno de Alberto Fernández apeló. Cuando asumió Milei, en enero de 2024, debía presentar garantías para que esa apelación siguiera su curso. No lo hizo. “Fue esa desidia del Gobierno libertario la que permitió a los fondos buitre avanzar hasta la situación actual”, denunció Kicillof.

Los fondos beneficiarios son Burford Capital, del Reino Unido, y Eaton Park, de Estados Unidos. Burford compró en 2015 los derechos de litigio del Grupo Petersen, que había ingresado a YPF en 2007 sin desembolsar dinero, con la promesa de pagar con futuras ganancias. Esa “argentinización” de YPF se frustró tras la expropiación de 2012, cuando el reparto de dividendos se interrumpió y el grupo de los Eskenazi no pudo seguir pagando.

En su intervención, Kicillof defendió su protagonismo en aquella expropiación, que se realizó mediante una ley aprobada por una abrumadora mayoría del Congreso: 208 votos afirmativos en Diputados y 63 en el Senado, incluyendo sectores de la oposición como la UCR, el socialismo, Proyecto Sur y bloques provinciales.

“Recuperar YPF fue una decisión basada en el interés público y en la Constitución Nacional. Repsol había convertido a la principal petrolera del país en una empresa que producía la mitad que antes, con reservas reducidas en un 50% y sin invertir un solo dólar en Vaca Muerta”, afirmó el gobernador.

Según Kicillof, la gestión privada de Repsol fue “una catástrofe energética y macroeconómica”. Argentina pasó de un superávit comercial energético de US$6.000 millones en 2007 a un déficit de US$3.000 millones en 2011, lo que obligó a importar energía a precios internacionales. “Nos dejaron sin autoabastecimiento y sin dólares”, sentenció.

El gobernador destacó también los logros posteriores a la expropiación: la producción de petróleo creció un 78% y la de gas un 18%, se puso en marcha el desarrollo de Vaca Muerta y en 2024 el país recuperó un superávit energético de US$5.696 millones. “Sin expropiación no habría Vaca Muerta”, remarcó.

Kicillof apuntó además contra el abogado Santiago Castro Videla, actual titular de la Procuración del Tesoro, por conflictos de interés. Recordó que uno de los socios de su estudio había asesorado a Burford en esta misma causa. “¿Quién está defendiendo a la Argentina?”, se preguntó.

Finalmente, el gobernador citó al ex procurador del Tesoro del macrismo, Bernardo Saravia Frías, quien también calificó el fallo como “jurídicamente insostenible” y sugirió un per saltum a la Corte Suprema. “Estamos ante una ofensiva de intereses privados que buscan poner por encima de nuestras leyes una cláusula societaria. Es inaceptable”, concluyó Kicillof.