A pesar del RIGI, Argentina quedó última en América Latina en inversión extranjera directa

A pesar de que Javier Milei y Luis Caputo apostaron muy fuerte al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como principal herramienta para atraer capitales externos, la Argentina se ubicó en el último lugar de América Latina en materia de inversión extranjera directa (IED) entre las principales economías de la región durante 2025. Los datos fueron difundidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El informe reflejó un fuerte contraste con otros países latinoamericanos que lograron captar importantes flujos de capital externo.

De acuerdo con el relevamiento de la OCDE, Brasil recibió inversiones extranjeras por US$76.877 millones durante 2025, seguido por México con US$40.871 millones, Chile con US$13.152 millones y Colombia con US$11.462 millones. Costa Rica, una economía considerablemente más pequeña, captó US$5.733 millones. Argentina, en cambio, registró apenas US$3.134 millones de IED neta.

De este modo se derrumba uno de los principales mitos económicos del oficialismo. tanto el presidente como el ministro de Economía sostuvieron desde la aprobación de la Ley Bases que el RIGI sería el inicio del despegue argentino a partir de un ciclo masivo de inversiones privadas, especialmente en sectores estratégicos vinculados a energía, minería y litio. Sin embargo los números muestran que la flexibilización regulatoria y los beneficios tributarios no alcanzaron para modificar la dinámica general de la inversión.

El régimen ofrece estabilidad fiscal por 30 años, reducción del Impuesto a las Ganancias, eliminación de retenciones a las exportaciones, beneficios aduaneros, libre disponibilidad de divisas y devolución acelerada de IVA para las inversiones. El foco está puesto principalmente en sectores extractivos y energéticos, como petróleo, gas natural licuado, minería y litio.

Sin embargo, el mercado interno roto por las políticas económicas del Gobierno parece ser un escollo insalvable para que los capitales extranjeros lleguen al país. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que los proyectos ya aprobados bajo el RIGI implicarán una pérdida de recursos públicos superior a 1.800 millones de dólares anuales cuando entren en régimen pleno de producción. El principal componente de esa renuncia fiscal son las retenciones de exportación que el Estado dejará de cobrar, con un costo estimado de 851 millones de dólares por año. A eso se suma la reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas adheridas, que representa otros 545 millones anuales.

El estudio también pone el foco sobre otro aspecto sensible: gran parte de las inversiones beneficiadas ya estaban anunciadas o en marcha antes de la creación del régimen. Al menos 7 de los 12 proyectos aprobados tenían definiciones estratégicas previas a la sanción de la Ley Bases. Entre ellos aparece el Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), impulsado por YPF junto a otras petroleras, que por sí solo representa un costo fiscal estimado en 869 millones de dólares anuales. También figura el proyecto de GNL de Southern Energy, con beneficios tributarios proyectados en torno a 420 millones anuales.

El informe de CEPA sostiene que, más que generar inversiones nuevas, el RIGI está ampliando beneficios fiscales para proyectos que probablemente se hubieran realizado de todos modos. La propia YPF tiene participación directa o indirecta en iniciativas que concentran casi el 70 por ciento de las inversiones aprobadas bajo el régimen.

Desde Misión Productiva advierten además que la inversión no depende únicamente de incentivos tributarios. El trabajo remarca que la fuerte caída del consumo, la paralización de la obra pública, la falta de crédito productivo, la apreciación cambiaria y la incertidumbre macroeconómica desalientan la llegada de capitales de largo plazo. También señalan el deterioro del entramado PyME y la caída de sectores intensivos en empleo como factores que afectan la capacidad de expansión productiva.

“El dato resulta especialmente significativo porque ocurre en un contexto donde el Gobierno impulsó un fuerte esquema de incentivos a grandes inversiones mediante el RIGI. Sin embargo, los números muestran que esas inversiones vinculadas principalmente a recursos naturales y energía no alcanzan para generar un proceso amplio de atracción de capitales”, señala el documento.

La diputada nacional de Unión por la Patria y directora de CEPA, Julia Strada, cuestionó además el impacto de largo plazo del esquema. “Es preocupante la reducción de impuestos de Milei a sectores pudientes y a grandes empresas. Se compromete espacio fiscal de gobiernos futuros. El RIGI y la estabilidad de la reducción de Bienes Personales hasta el año 2038 son graves en términos tributarios”, sostuvo.