Argentina o Milei: La arquitectura del neocolonialismo

No fue como otras veces. La represión duró más de cinco horas y abarcó buena parte del centro de la ciudad de Buenos Aires, desde el Obelisco hasta Constitución. Hubo más de 1500 personas afectadas por los gases, lastimadas por balas de goma o por palos de la policía. 28 detenidos fueron acusados de atentado al orden constitucional y a la vida democrática por el gobierno, que pidió que se les aplique la ley antiterrorista. Más de 20 reporteros y trabajadores de prensa fueron heridos. Una fotógrafa fue internada en el Hospital Argerich con una fractura en la base del cráneo.

La orden era disparar al rostro de los argentinos y argentinas que se habían manifestado en forma pacífica, a pesar de una tormenta torrencial, envueltos en banderas para para pedir que la patria no se venda. Se puede apreciar en todas las fotografías y grabaciones del operativo. El costo de cada cartucho equivale a una jubilación mínima; la cuenta de la noche fue, seguramente, varias veces millonaria en dólares. La pagamos todos nosotros, los que estamos abajo de la lluvia y del otro lado de los palos y de las vallas y de los tiros.

El jueves, decía, no fue como otras veces, que la manifestación cedió ante el primer embate policial. Hasta acá, cuando el gobierno decidía desalojar las inmediaciones del Congreso lo hacía con poca resistencia. Si la represión comenzaba a las cinco, a las seis y media la plaza estaba vacía. Esta vez no. Después de que cada avance de los hidrantes, cada embate de la infantería o cada raid de las motos hiciera dispersar a la multitud, algunos grupos volvían a juntarse para volver al epicentro del conflicto. Por eso, quizás, en parte, el operativo duró tantas horas.

Dicho esto, hay otra relación ineludible a la hora de explicar por qué los Milei decidieron convertir al centro porteño en un escenario de guerra con pinceladas distópicas. Es la que une el recrudecimiento de la represión con las órdenes que emanan desde Washington y las definiciones sobre “terrorismo extremista de izquierda” que se hicieron en la Cumbre por el Resurgimiento del Terrorismo Político que celebró el secretario de Estado, Marco Rubio, junto a pares de más de sesenta países, incluyendo al argentino Pablo Quirno, para plantear la nueva doctrina de seguridad.

Dijo Rubio: “Esta es una maldad distintiva y única. Es una revuelta de lo peor contra lo mejor, de los débiles y cobardes contra los fuertes y buenos, perpetrada por aquellos que no pueden construir, que no pueden crear, que no pueden lograr grandes cosas, y se vengan del mundo buscando destruir a quienes sí pueden. Esto es lo que es el izquierdismo radical. Pueden llamarse anticapitalistas o anti-imperialistas o comunistas o anarquistas o marxistas. Pero el carácter fundamental es siempre el mismo: resentimiento encubierto en el lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación”.

La nueva doctrina llega para profundizar un proceso que comenzó en el momento en el que Milei llegó a la Casa Rosada. Esa línea invisible que une a Estados Unidos con los dominios más australes de su nueva proyección tecno colonial impulsada desde el Pentágono y Silicon Valley explica la mayor parte de los movimientos del gobierno libertario, si es que a esta altura del partido se le puede seguir diciendo gobierno a la tarea de saqueo, desguace y entrega que se lleva a cabo desde la Casa Rosada y con la anuencia de buena parte del arco dirigencial argentino.

Una cuidadosa tarea de reconversión de un Estado nacional a un apéndice imperial, pacientemente desplegada desde diciembre de 2023, de la cual la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” sólo fue una puntada más. Un entramado sólido que deberá deshacer cualquiera que aspire a recuperar el carácter soberano de nuestra patria, por el que este gobierno ni siquiera simula aprecio. “La soberanía es un concepto antiguo”, dijo el canciller Pablo Quirno en una entrevista. Lo contrario de soberanía, debería saber el canciller pues lo dice cualquier diccionario, es vasallaje.

Si uno reconstruye la arquitectura del vasallaje neocolonial se encuentra con un retrato bastante detallado del gobierno de Milei. La demolición arrancó en los primeros días del gobierno a través del DNU 70/23, que ya traía en extenso su articulado el núcleo de esta amenaza: privatizaciones, desregulación, derogación de herramientas de control, y hasta el primer intento de anular la ley de tierras. No había completado todavía el primer mes de su mandato cuando tomó otra decisión fundacional a pedido de Washington: la renuncia de Argentina al BRICS.

La segunda columna fue la ley de Bases y particularmente el capítulo del RIGI, que funciona como vehículo jurídico de la cesión de soberanía. Aquí comienza a trabajarse la idea de un blindaje, que se convirtió, con el correr de los meses y el deterioro de la imagen de Milei, en el eje alrededor del cual se articuló el rumbismo, el proyecto político para sostener las reformas introducidas por este gobierno en cualquier circunstancia futura, sin importar qué decida o que vote la sociedad. Un cepo a la voluntad de los argentinos que puede durar décadas.

La tutela financiera fue clave para el triunfo en las elecciones de medio término. Primero el acuerdo con el FMI por otros 20 mil  millones de dólares, luego la intervención directa de Donald Trump y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, para rescatar al gobierno de una corrida que podría haber sido terminal. La contracara de eso es el desmantelamiento de nuestro sistema científico, del plan nuclear, el CONICET y las universidades públicas. Un país con esas capacidades es incómodo en el plan imperial al que Milei nos conduce y la Casa Blanca nos invita.

El “tratado comercial” firmado en febrero avanza en varias direcciones al mismo tiempo: patentes farmacéuticas y de semillas, jurisdicción de los datos personales de los argentinos, la delegación de autoridad en la aprobación de alimentos y medicamentos, entre otros. El más importante, de todos, es el acuerdo que le da a Estados Unidos prioridad en el acceso a recursos estratégicos (los “minerales críticos”) y que, junto al ingreso de la Argentina a la Pax Silica, termina de ubicar al país en la cadena de suministros como un mero proveedor de materia prima.

Los proyectos del oficialismo que se trataron este año también apuntan todos en este sentido. La reforma laboral, que debilita a los sindicatos y restringe los ámbitos de lucha, el super RIGI hecho a medida para los proyectos faraónicos que necesitan las grandes corporaciones tecnológicas, la ley de sociedades automatizadas, el nuevo embate por la ley de tierras. Columnas de una estructura pensada para garantizar un nivel de subordinación que pueda resistir cualquier cambio en la opinión pública o en el partido de gobierno. Cada una un paso que nos aleja aún más del terreno democrático.

Como vimos el jueves, esto debe acompañarse de un endurecimiento de la violencia estatal. Durante dos años y medio una serie de modificaciones de leyes, decretos y reglamentos fueron adaptando el aparato de seguridad e inteligencia argentino a la dinámica de la vigilancia masiva permanente que ofrecen empresas como Palantir. Las líneas entre lo legal y lo ilegal se borronean en manos de una autoridad semiclandestina, subordinada a un poder extranjero y armada con herramientas para perseguir la disidencia política que no se habían visto en este país desde 1983.

Las fuerzas armadas también quedaron subsumidas ante la autoridad del Pentágono. Desde la compra de los aviones F-16 a Dinamarca hasta el convenio para que el Comando Sur patrulle el Mar Argentino bajo la etiqueta de “bien común global”, pasando por los múltiples ejercicios militares, entradas y salidas del país que se llevaron adelante sin la aprobación ni el control del Congreso, requerido por la Constitución Nacional, los militares argentinos vuelven a quedar subordinados a una estrategia ajena que nada tiene que ver con los intereses de la patria.

Algo parecido sucede con la diplomacia, donde el cuerpo profesional fue desplazado por delegados políticos con terminales en Washington y Wall Street. Bajo ese paraguas Argentina votó en la ONU contra el control y la denuncia de torturas y esclavitud y se encuentra entre los pocos defensores del genocidio en Palestina. La adhesión al Escudo de las Américas y el Consejo de la Paz condicionan la neutralidad histórica. La relación con nuestros principales socios comerciales, Brasil y China, se encuentra en un momento crítico por haber quedado subordinada a mandatos ideológicos.

Muchas veces es el propio Milei el que se presta a actuar como herramienta al servicio de otros intereses. Los insultos contra el presidente y jueces de la Corte Suprema de Brasil durante la visita que hizo para apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro son parte de una campaña coordinada para evitar que Lula tenga un cuarto mandato. Van a hacer todo, antes, durante y después de las elecciones, para ponerle un freno. Por eso el brasileño decidió retirar a su embajador y expulsar al representante argentino. No porque lo ofenda el insulto sino para defenderse de una amenaza concreta.

El ánimo antinacional contra el que sublevó el pueblo argentino esta semana no se resume solamente a un capítulo o dos de la última ley, ni a una ley entera, ni a todas las leyes. Es el corazón del proyecto que encabeza Javier Milei (iba a escribir “proyecto político” pero en el fondo se trata de la negación de la política, o más aún, su neutralización). La construcción de una mayoría sólida para ponerle un freno está, en términos relativos, al alcance de la mano. Es probable que Milei pierda las elecciones, si se presenta y no se hace trampa. Más difícil es que el ganador pueda gobernar.

El caso de CALF, una cooperativa que presta servicios de energía y conectividad en Neuquén, pone en manifiesto el nivel de injerencia. Un director de esa empresa, que negociaba la adquisición de equipos con la empresa china Huawei, denunció que desde la embajada de Estados Unidos lo amenazaron con retirarle la visa si decidía avanzar con ese acuerdo. Después de que el caso tomara estado público, el propio embajador Peter Lamelas confirmó las presiones, a las que justificó por tratarse de una cuestión de “seguridad nacional”.

Por Nicolás Lantos para El Destape