Casación define si CFK gozará de los derechos que tienen los genocidas o ni siquiera eso

La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver los límites impuestos a las visitas que puede recibir Cristina Kirchner, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, tras el planteo de su defensa aduciendo que afectan sus derechos políticos y partidarios porque supeditan su interrelación con otros dirigentes a una autorización judicial previa.

Además, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy advirtieron que, si se confirma la necesidad de pedir permiso al Tribunal y fundamentar el motivo de cada visita por fuera del listado autorizado, habría un desgaste jurisdiccional complejo e innecesario.

De hecho, el Tribunal Oral Federal 2 ya recibió por correo electrónico 702 pedidos para visitar a la ex mandataria en San José 1111, lugar donde cumple su detención, desde que el abogado Gregorio Dalbón difundió en redes sociales la dirección electrónica oficial de esa dependencia con sede en Comodoro Py.

El presidente del Tribunal y juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, derivó todos esos pedidos a los abogados que representan a Cristina Kirchner en el caso Vialidad, Beraldi y Llernovoy, y les recordó que la norma establece que sean ellos quienes canalicen las solicitudes con su respectiva fundamentación en cada caso.

Los abogados apelaron ante la Cámara Federal de Casación la decisión vinculada a la entrega de un acotado listado de familiares, abogados, custodios y médicos que pueden ingresar sin permiso previo a ver a la detenida. Si se confirma esta decisión del Tribunal, se "limitaría los derechos políticos y partidarios de Cristina Fernández de Kirchner al supeditar su interrelación con otros dirigentes a una autorización judicial previa", explicaron.

Además, argumentaron que "la regla de conducta esencial en casos de prisión domiciliaria se limitaba a acatar la restricción ambulatoria durante todo el lapso de vigencia de la condena".

Los abogados sostuvieron que "cualquier limitación adicional suponía una potestad complementaria no prevista normativamente".

Los genocidas tienen más derechos que una ex presidenta

Días atrás, la periodista especializada en causas de Lesa Humanidad, Luciana Bertoia publicó en el diario Página/12 algunos datos conseguidos a través de jueces, fiscales y abogados querellantes para reconstruir cuál es el estándar de beneficios que gozan los genocidas encarcelados por crímenes durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Se trata de represores que lograron el beneficio de prisión domiciliaria y no atraen el interés mediático.

• Cuidado de familiares. Hay represores que plantean que deben cuidar a familiares cercanos. El ejemplo más recordado es el del dictador Reynaldo Benito Bignone, que tenía a su hijo a cargo, y llegó a jactarse de que él salía todos los días de su casa. Raúl Esteban Andrés, que está siendo juzgado en Bahía Blanca, tiene autorización para visitar semanalmente a su madre.

• Caminatas por el barrio y algo más. Daniel Cuomo, condenado por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), consiguió autorización para salir tres días por semana durante dos horas y una hora más durante el fin de semana. Carlos Mario Castellví tiene caminatas diarias junto a su garante. Juan Carlos Rolón también puede salir a recorrer el barrio. Alejandro D’Agostino, piloto de los vuelos de la muerte, suele entrar y salir de su casa como si nada, pese a las protestas de la fiscalía. Ahora, está pidiendo ir a caminar tres veces por semana al Círculo de la Prefectura, que está a nueve kilómetros de su residencia.  En 2021, el TOF2 le concedió a Eduardo Ángel Cruz, alias Cramer-represor de la Policía Federal Argentina (PFA), la posibilidad de salir a caminar por los alrededores de su casa sin consultar antes la opinión de la fiscalía ni de las víctimas. Por esa razón, la Sala II de la Casación revocó la decisión.
• Vacaciones: Jaime Lamont Smart, que colecciona condenas a prisión perpetua desde 2012 sin que la Corte se haga el tiempo de revisarlas, consiguió en 2010 que le dieran más de un mes de vacaciones en Bariloche para pasar tiempo con sus hijos y nietos. Hoy por hoy, dejó su casa de la Ciudad de Buenos Aires y se instaló en Santa Cruz.

• Misas: Horacio Luis Ferrari, condenado a perpetua por crímenes en la ESMA, tiene autorización para ir a misa en la iglesia Jesús del Huerto de los Olivos de Vicente López. Al principio, iba solo los domingos. Después pidió que le extendieran el permiso para los sábados.

• Cazadores de ofertas: Orlando González, conocido como “Hormiga” en la ESMA, consiguió autorización para alternar entre distintos supermercados para conseguir mejores precios. También incluyó en la rutina la verdulería “El boliviano” de Villa Adelina. González también tiene permiso para salir de su casa todas las veces que sean necesarias para tomarse la presión. En la edición de este año de la Feria del Libro presentó una publicación en la que critica los juicios de lesa humanidad.

• Celebraciones familiares: El ya mencionado Carlos Mario Castellví consiguió también autorización para pasar las Pascuas, Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre, bautismo de la nieta y sepelio del mejor amigo. Randolfo Agusti Scacchi –también condenado a prisión perpetua por crímenes en la ESMA– pidió autorización para ir al cumpleaños de su nieto más chico, y la consiguió.
• Fiestas en casa: Jorge Olivera, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad en San Juan, festejó sus 50 años de casado en su residencia de Olivos. Tiró la casa por la ventana con un show de Ramón “Palito” Ortega. No le revocaron la domiciliaria, solo ordenaron controles policiales para evitar que otra de sus festicholas desvirtuara la razón del arresto domiciliario.

• Atender un negocio: Antonio Marcos Ochoa Albornoz era el responsable del estacionamiento que usaban funcionarios judiciales. Ingrata sorpresa se llevaron, en agosto de 2023, los fiscales cuando vieron que uno de los imputados del juicio al D2 de Mendoza era el hombre al que le confiaban las llaves de sus vehículos.

En ninguno de los casos, las partes en los juicios mencionaron que existan restricciones en las comunicaciones o controles de las personas que ingresan a la casa de un detenido por estos crímenes. De hecho, Ricardo Cavallo --represor de la ESMA que estaba preso en Ezeiza y fue recientemente trasladado por decisión de Patricia Bullrich a la Unidad 34 de Campo de Mayo-- está autorizado a tener una computadora dentro de la cárcel. Existe otro grupo de presos, los Muertos Vivos, que tienen una cuenta de X.

Los argumentos presentados por la defensa de Cristina Kirchner serán ahora analizados por la sala IV de la Cámara de Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, que son los mismos magistrados que confirmaron la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a la ex vicepresidenta en la causa Vialidad.