Contrabando y evasión: Casi US$ 3.000 millones de pérdida y miles de empleos frustrados

La Argentina tiene un problema económico gigantesco del que se habla sorprendentemente poco: el contrabando y la subfacturación de importaciones. Mientras el debate público gira alrededor del dólar, la inflación, los impuestos y la competitividad, una parte significativa del comercio funciona por fuera de las reglas que deben cumplir las empresas legalmente establecidas. Y el costo para el país es mucho mayor de lo que podría imaginarse.

Un nuevo informe de MAP LATAM, la consultora especializada en economía y mercados que dirige Juan Pablo Ronderos, le puso números a este fenómeno. Los resultados son contundentes: el Estado argentino perdería US$ 2.855 millones en ingresos fiscales durante 2026, equivalentes al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB), como consecuencia del contrabando y la subfacturación.

Pero hay un detalle todavía más inquietante: esa estimación contempla solamente 15 sectores económicos, que representan apenas el 2,6% del PIB argentino y el 14,5% del PIB manufacturero. Es decir, el estudio no pretende medir la totalidad del problema, sino una porción relativamente pequeña de la economía.

La investigación, titulada "Impacto adverso del contrabando y la subfacturación en la economía argentina", también calcula que el ingreso ilegal de mercadería impide generar 11.300 puestos de trabajo formales en siete sectores donde fue posible estimar el impacto sobre el empleo.

La conclusión es difícil de ignorar: mientras las empresas que cumplen las normas pagan impuestos, afrontan costos laborales, cumplen requisitos sanitarios y se someten a controles, otros operadores comercializan productos sin asumir esas mismas obligaciones.

Y esa competencia desigual tiene consecuencias para todos.

Un agujero fiscal mayor que toda la recaudación de Impuestos Internos
Para comprender la magnitud del fenómeno alcanza con comparar los US$ 2.855 millones que, según MAP LATAM, se perderían durante 2026 con algunos de los principales impuestos argentinos.

La cifra equivale al 120% de la recaudación por Impuestos Internos, al 160% de lo recaudado por Bienes Personales y aproximadamente al 55% de los ingresos provenientes de las retenciones a las exportaciones.

También representa alrededor del 25% de la recaudación del impuesto al cheque y el 10% de lo que perciben las 24 jurisdicciones por Ingresos Brutos.

Son comparaciones especialmente relevantes en una Argentina donde cada punto del resultado fiscal genera discusiones políticas y económicas de enorme intensidad.

El informe también traduce esa pérdida de recursos en infraestructura pública: el dinero alcanzaría, según sus estimaciones de costos, para construir 2.400 escuelas, 120 centros de salud ambulatorios o 2.250 kilómetros de rutas nacionales.

Naturalmente, se trata de equivalencias ilustrativas y no de proyectos presupuestarios concretos. Pero sirven para dimensionar los recursos que dejan de ingresar al Estado.

De los US$ 2.855 millones estimados, US$ 2.283 millones corresponden al contrabando y US$ 572 millones a la subfacturación.

El rubro de bebidas espirituosas encabeza la pérdida fiscal, con US$ 1.400 millones. Le siguen textiles e indumentaria, con US$ 470 millones; celulares, con US$ 255 millones; cigarrillos, con US$ 230 millones; y agroquímicos, con US$ 205 millones.

La lista incluye también neumáticos, juguetes, yerba mate, calzado, marroquinería, electrodomésticos y perfumes.

Lo verdaderamente significativo es que el relevamiento deja afuera otras actividades donde también existe comercio ilegal, como medicamentos, materiales de construcción, alimentos y determinados productos eléctricos.

Por lo tanto, los US$ 2.855 millones no representan una estimación de toda la evasión vinculada al comercio ilícito argentino, sino únicamente de los sectores examinados.

Según el Índice Global de Crimen Organizado de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), citado por MAP LATAM, Argentina ocupa el puesto 16 entre 193 países en criminalidad asociada al comercio ilícito de bienes gravados.

El país empeoró considerablemente su posición respecto de 2023, cuando se encontraba en el puesto 27.

Además, su puntaje pasó de 6,5 a 7 sobre una escala de 10, donde los valores más elevados reflejan una mayor incidencia de criminalidad.

Otro indicador internacional, el Illicit Trade Index 2025 de TRACIT, ubica a la Argentina en el puesto 120 entre 158 países en el componente de comercio ilícito sectorial.

Los índices tienen metodologías y alcances diferentes, pero ambos describen un escenario preocupante.

El contrabando, lejos de constituir una anomalía marginal, aparece como un fenómeno persistente que consigue sostenerse incluso en períodos de caída del consumo.

La ilegalidad comercial no necesariamente retrocede cuando se achica el mercado. En algunos sectores, por el contrario, puede consolidarse como una alternativa frente a los canales formales.

Celulares, juguetes, ropa y perfumes: los números del comercio ilegal
Uno de los capítulos más reveladores del estudio es el que identifica la incidencia del contrabando y la subfacturación en distintos mercados.

Los porcentajes son particularmente elevados en algunos rubros:

*Perfumería árabe: el contrabando representa el 83% del mercado.
*Celulares: el 40% del mercado corresponde a contrabando.
*Juguetes: el 33% del mercado es contrabando.
*Textiles e indumentaria: el 30% de las importaciones está subfacturado, según la estimación.
*Marroquinería: la subfacturación alcanza al 30% de las importaciones.
*Televisores: el 25% de las importaciones está subfacturado.
*Pequeños electrodomésticos: el porcentaje estimado de subfacturación es del 22%.
*Calzado no deportivo: el 17% del mercado corresponde a importaciones subfacturadas.
*Agroquímicos y yerba mate: el contrabando representa el 15% de cada mercado.

También se identifican niveles significativos en bebidas espirituosas, cigarrillos, neumáticos y calzado deportivo.

Es importante distinguir ambos fenómenos. El contrabando implica el ingreso ilegal de mercadería, mientras que la subfacturación consiste en declarar un valor de importación inferior al real para reducir los tributos correspondientes.

Por eso, los porcentajes del informe no tienen siempre el mismo denominador: algunos reflejan participación del contrabando en el mercado y otros, incidencia de la subfacturación sobre las importaciones.

En ambos casos, el resultado es una alteración de las condiciones de competencia.

Una empresa que importa legalmente, paga los tributos correspondientes y cumple las exigencias regulatorias debe competir contra operadores que evitan parte de esos costos.

La consecuencia puede ser una pérdida de ventas, rentabilidad y capacidad de inversión para las compañías que operan dentro de la ley.

Los 11.300 empleos que la Argentina podría generar y no genera
El impacto sobre el mercado laboral constituye otro de los aspectos centrales del trabajo.

MAP LATAM estima que el contrabando impide generar 11.300 empleos formales en siete sectores productivos.

La cifra equivale a un incremento potencial del 22% respecto de los aproximadamente 51.500 puestos que esos sectores registraban en 2025.

La yerba mate encabeza la lista, con 3.400 empleos adicionales potenciales, seguida por los juguetes, con 2.600, y los celulares, con 1.900.

El informe también identifica oportunidades de empleo en calzado deportivo, neumáticos, bebidas espirituosas y cigarrillos.

En el caso de los juguetes, el efecto estimado es especialmente llamativo: los 2.600 empleos adicionales representarían aproximadamente cuatro veces los puestos existentes en el sector durante 2025.

La estimación supone que las unidades que ingresan de contrabando podrían ser producidas localmente, utilizando como referencia la productividad sectorial.

No se trata, por lo tanto, de empleos efectivamente destruidos ni de una proyección automática de contrataciones futuras, sino de puestos potenciales bajo ese escenario de sustitución por producción nacional.

De todos modos, el dato ilustra una dimensión frecuentemente ausente del debate económico: el contrabando no solamente reduce la recaudación; también puede desplazar actividad y oportunidades laborales hacia circuitos informales o ilegales.

Hernán Lacunza es uno de los pocos políticos que está hablando del tema
La paradoja de la apertura económica: más competencia, pero menos controles
Quizás el aspecto políticamente más sensible del informe sea su análisis de los cambios regulatorios implementados durante los últimos años.

MAP LATAM reconoce explícitamente que la apertura económica es necesaria. Sin embargo, advierte que la flexibilización de determinados controles sobre el comercio exterior puede facilitar el ingreso de mercadería ilegal y la subfacturación.

En abril de 2024 se eliminó la obligatoriedad del denominado canal rojo para determinadas operaciones de importación de textiles, calzado y productos sujetos a medidas antidumping.

Ese mecanismo implicaba controles documentales y físicos obligatorios sobre las mercaderías alcanzadas.

Posteriormente, en octubre de 2024, se eliminaron los valores criterio de importación, una herramienta utilizada para identificar posibles operaciones de subvaluación antes del despacho aduanero.

Desde entonces, según explica el informe, los controles de valor pasaron a realizarse de manera posterior y selectiva.

También se modificaron las condiciones de los envíos por courier, elevando el límite por operación y ampliando las posibilidades de ingreso de productos mediante ese sistema.

La consultora identifica, además, problemas estructurales anteriores a esas reformas, como equipamiento tecnológico obsoleto y deficiencias en la capacitación del personal encargado de fiscalizar puertos y fronteras.

El planteo introduce una distinción fundamental en la discusión económica argentina.

La apertura comercial y el combate contra el contrabando no son objetivos contradictorios.

Una economía puede reducir aranceles, facilitar importaciones y promover una mayor competencia sin resignar la capacidad del Estado para detectar mercadería ilegal, falsificaciones o declaraciones aduaneras fraudulentas.

De hecho, esa combinación es habitual en economías desarrolladas.

El problema aparece cuando la liberalización de las operaciones comerciales no está acompañada por sistemas de fiscalización suficientemente eficaces.

En ese escenario, la competencia deja de depender exclusivamente de la productividad, la innovación o la eficiencia de las empresas y comienza a estar condicionada por la capacidad de algunos operadores para evadir las reglas.

Estados Unidos y Europa controlan más: qué está haciendo mal Argentina
El estudio compara el sistema aduanero argentino con los estándares internacionales aplicados en Estados Unidos y la Unión Europea.

El resultado es mixto.

Argentina cumple, según MAP LATAM, con los estándares vinculados a información anticipada de cargas, gestión automatizada de riesgos y programas de operadores económicos autorizados.

Sin embargo, presenta un cumplimiento solamente parcial en tres dimensiones fundamentales: control del valor declarado, inspecciones mediante tecnología no intrusiva e inspección física de mercaderías.

Además, el informe considera que el país no cumple adecuadamente con la publicación de indicadores que permitan medir los resultados de los controles aduaneros.

Esto último constituye una debilidad importante: sin información sistemática sobre inspecciones, irregularidades detectadas y resultados obtenidos, resulta difícil evaluar la eficacia real de la fiscalización.

Estados Unidos y la Unión Europea aparecen mejor posicionados en las siete dimensiones analizadas.

La comparación desarma una falsa dicotomía que suele dominar el debate argentino: una economía abierta no tiene por qué ser una economía con controles débiles.

Por el contrario, los países que participan intensamente del comercio internacional también desarrollan mecanismos sofisticados para verificar el origen, el valor y las condiciones de ingreso de los productos.

El consumidor tampoco gana necesariamente con el contrabando
Existe un argumento recurrente para relativizar el problema: si la mercadería ilegal se vende más barata, al menos los consumidores obtienen un beneficio.

Pero esa interpretación deja afuera buena parte de los costos económicos y sociales.

Según el informe, que recoge antecedentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el comercio ilícito puede perjudicar directamente a los compradores.

Los productos que ingresan por canales ilegales pueden eludir inspecciones sanitarias, controles de seguridad y exigencias de calidad.

Además, muchas operaciones se realizan sin facturas legales, garantías ni servicios de posventa, lo que dificulta reclamar ante fallas o problemas con la mercadería.

En determinados productos, como medicamentos, agroquímicos, repuestos o juguetes, la ausencia de controles también puede representar riesgos para la salud y la seguridad.

Pero existe otro efecto menos evidente.

Cuando la competencia desleal desplaza a empresas que cumplen las normas, puede reducirse la inversión, deteriorarse la oferta formal y debilitarse la competencia a largo plazo.

Por eso, un menor precio inmediato no necesariamente implica un beneficio económico sostenible para el consumidor.

La discusión de fondo no debería ser cómo proteger precios artificialmente elevados, sino cómo garantizar que todos los participantes del mercado compitan bajo condiciones equivalentes.

El desafío: combatir la ilegalidad sin cerrar la economía
El informe de MAP LATAM también analiza experiencias internacionales que podrían servir como referencia.

Entre ellas aparecen los sistemas de trazabilidad digital utilizados en distintos países, la cooperación entre autoridades aduaneras y las obligaciones de identificación de vendedores implementadas para plataformas de comercio electrónico.

Estados Unidos avanzó con regulaciones para mejorar la transparencia de los marketplaces y reforzó los controles sobre importaciones de bajo valor.

La Unión Europea desarrolló mecanismos destinados a detectar productos ilegales comercializados a través de plataformas digitales.

Brasil, por su parte, cuenta con iniciativas específicas para combatir la comercialización irregular de celulares.

Estas experiencias muestran que la modernización de los controles no necesariamente exige regresar a esquemas de restricciones comerciales generalizadas.

Puede apoyarse en tecnología, intercambio de información, trazabilidad, fiscalización inteligente y sanciones efectivas contra los operadores ilegales.

En la Argentina, el desafío es particularmente importante porque la discusión sobre la competitividad suele concentrarse en los costos impositivos, laborales, financieros y logísticos que enfrentan las empresas.

Todos esos factores son relevantes. Pero existe otro componente que merece mayor atención: la competencia de quienes directamente no cumplen las obligaciones que el Estado impone al resto.

Una empresa puede mejorar su productividad, reducir costos e invertir en tecnología, pero difícilmente pueda competir en igualdad de condiciones contra un operador que evade impuestos, controles y regulaciones.

La Argentina necesita una economía más competitiva, con mayor integración comercial y mejores precios para los consumidores. Pero también necesita que las reglas sean efectivamente iguales para todos.

Los números de MAP LATAM permiten dimensionar el costo de no conseguirlo: casi US$ 3.000 millones anuales de ingresos fiscales potenciales perdidos, miles de empleos formales que podrían generarse y mercados donde la ilegalidad alcanza proporciones extraordinarias.

Y todo eso, considerando apenas una fracción de la economía nacional.

El contrabando y la subfacturación no son un problema secundario ni una simple consecuencia inevitable de la apertura comercial. Son una distorsión económica de primera magnitud que la Argentina necesita incorporar urgentemente a su agenda pública.