La Justicia investiga al jefe del ARCA por omisión de bienes

El juez federal Ariel Lijo analizará las declaraciones juradas de Juan Alberto Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex-AFIP), por presuntas irregularidades en la declaración de su patrimonio, informaron fuentes judiciales. El funcionario, que ayer estuvo junto al ministro de Economía, Luis Caputo, durante el anuncio del nuevo blanqueo de dólares “bajo el colchón”, es investigado por el fiscal federal Ramiro González tras una denuncia del diputado Rodolfo Tailhade por omisión deliberada de información sobre la empresa y el departamento a su nombre en sus declaraciones juradas.

Pazo, quien es el encargado de controlar el patrimonio de los contribuyentes y quien anunció este jueves una serie de flexibilizaciones en el control del patrimonio, gastos y transacciones de las personas y entidades jurídicas, continúa sin aclarar las dudas sobre su propio patrimonio. El funcionario llegó al gobierno de Javier Milei rodeado de potenciales conflictos de intereses y un punto, como mínimo, poco claro en la declaración de sus bienes.

Hay un punto central que Pazo debe aclarar: su declaración como dueño de una compañía en Florida, Estados Unidos, creada para adquirir un departamento en Miami que nunca figuró en las declaraciones juradas de Pazo como funcionario de Mauricio Macri, entre 2016 y 2019.

Además, en diciembre último surgieron nuevos datos sobre el patrimonio de Pazo, en el marco de la investigación sobre el patrimonio en el extranjero del diputado Cristian Ritondo y su esposa, Romina Diago. De acuerdo con la investigación publicada en este medio, uno de los inmuebles pertenecientes a la sociedad Goformore, en la que la esposa del jefe de la bancada PRO en Diputados aparece como administradora, fue adquirido en marzo de 2013 a la empresa de Pazo (Harbour House 1533 Corp.). El inmueble, comprado por US$580.000, está ubicado en el 10275 de Collins Ave, Miami Beach.

Pazo viene del sector privado. Fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras. También fundó en 2020 la empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro.

Sin embargo, su ingreso al gobierno libertario no es su primera incursión como funcionario. Pazo fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017. Luego, a principios de 2017 asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

Tras las revelaciones periodísticas, el diputado justicialista Rodolfo Tailhade presentó una denuncia para que se investigue si Pazo omitió de manera deliberada información sobre la empresa y el departamento a su nombre en sus declaraciones juradas.

La omisión maliciosa en la declaración de bienes ante la Oficina Anticorrupción es un delito con penas de prisión de hasta dos años -excarcelable-, que requiere que la Justicia pruebe que el imputado obró con malicia al ocultar dicha información al Estado. Es lo que el juez Lijo deberá determinar.

Luego de la denuncia de Tailhade, el fiscal federal Ramiro González abrió una causa para investigar a Pazo y el juez Lijo solicitó acceso a las declaraciones juradas públicas y reservadas del funcionario en la Oficina Anticorrupción. Los documentos llegaron recién en estos días, sostuvo una fuente judicial con conocimiento del caso, tras la consulta de este medio.