Escándalo en la Corte Suprema tras un intento de suicidio

“He decidido quitarme la vida; la estoy padeciendo y no quiero hacer sufrir más a mi familia”. Esa frase textual se lee al inicio de una carta que dejó el escribano Santiago Busaniche, un lobista de la Corte Suprema de Justicia que muchos ligan al expresidente del tribunal Ricardo Lorenzetti. Actualmente, Busaniche se encuentra internado en su domicilio, fuera de peligro, luego de haber intentado suicidarse con ansiolíticos el 5 de mayo. El hecho, que sacudió el tablero político y judicial de Santa Fe, pero mucho más de Comodoro Py, vino acompañado del mensaje de despedida que terminó funcionando como “carta bomba” y dejó expuesta una guerra de todos contra todos en el máximo tribunal de la Nación. En el documento, Busaniche apunta contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, funcionarios judiciales y del poder legislativo.

Busaniche relata en su carta lo que define como una “campaña de desacreditación pública” y “hostigamiento mediático orquestado”, según su visión, por parte de Rosatti. Para entender la desesperación de este hombre es necesario analizar la fractura expuesta en el cuarto piso de Talcahuano 550. En Tribunales, el escribano es conocido por sus vínculos con Lorenzetti, rival interno de Rosatti, quien hasta hace poco era aliado del tercer integrante del tribunal, Carlos Rosenkrantz, pero esta relación se fue rompiendo y ya no actúan como bloque. En la foja de servicio del escribano también se mencionan contactos para hacer lobby en favor de Carlos Reutemann, cuando era el principal presidenciable para suceder a Duhalde.

En su misiva, Busaniche denuncia que Rosatti, a través de su secretario Silvio Robles —a quien incluso define como “el jefe del presidente de la Corte”—, operó sobre jueces inferiores para perjudicarlo en causas en las que está implicado. “Desde hace años el presidente de la Corte Suprema de la Nación me está desacreditando públicamente, hostigándome mediáticamente y desde su cobarde y desproporcionada posición de poder, operando sobre los jueces inferiores”, dice la “carta de despedida”. Según el relato del escribano, Rosatti le recriminó a otros funcionarios del Consejo de la Magistratura haber ido a comer con él y lo calificó de “valijero” de Lorenzetti, una etiqueta que Busaniche desmiente tajantemente: “Jamás hice ni un solo negocio ni lo conozco como para pedirle una cosa así”, afirma. La enemistad, de acuerdo a la carta, tendría aristas personales. Busaniche sostiene que Rosatti lo acusa de haber difundido noticias sobre un incidente vial de su hijo, Emilio Rosatti, vinculado a un examen de alcoholemia positivo, y de haberle “armado una causa de cobros indebidos”. “La desproporción de hacer valer su posición contra un ciudadano de a pie es totalmente canallesca, desigual y cobarde”, sentencia el texto. Emilio Rosatti está siendo impulsado para ocupar un cargo en el Tribunal Oral federal de Santa Fe, para lo que hubo que modificar el orden de mérito.

En los puntos más sensibles de la carta, Busaniche asegura que hubo llamadas directas de Silvio Robles y del propio Horacio Rosatti a un camarista para influir en sus decisiones judiciales. El escribano también involucra a integrantes de la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta. Según el texto de Busaniche, habrían actuado como vehículos de presión sobre el Poder Judicial para “torcer decisiones” en su contra, alineados con los intereses de la presidencia de la Corte. “Sé que, aunque no tengan sustento probatorio, me van a condenar a lo que pidan los fiscales y antes de ir preso de esta forma, prefiero morirme”, sostiene en los párrafos. También menciona una advertencia que le habría llegado a través de Héctor Marchi, exadministrador de la Corte: “¿Sabrá Busaniche lo que es meterse con un ministro de la Corte?”. Para el escribano, esa amenaza se tradujo en una “persecución mediática y judicial inaudita”.

Los problemas de Busaniche en la justicia se centran en una causa por sobornos para obtener fallos favorables. La acusación sostiene que el escribano habría gestionado ante el juez federal Gastón Salmain una medida cautelar para que el financista Fernando Whpei —quien ahora declara como “arrepentido”— pudiera comprar 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial durante la gestión anterior, aprovechando la brecha cambiaria. Busaniche niega cualquier rol de “cajero” o intermediario en esta operación. Califica los testimonios de Whpei como un “bolazo absoluto” y asegura que no existe respaldo probatorio. “Salió en los medios que yo cobré 200 mil dólares y el juez otro tanto y el ‘arrepentido’ dijo que no pagó nada”, señala. La fiscalía liderada por Juan Argibay Molina solicitó seis años de reclusión para él y ese parece haber sido el detonante final. En otra causa, Busaniche está implicado junto al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque, que renunció el año pasado luego de ser denunciado por extorsión. La Cámara Federal de Casación Penal negó hace pocos días un pedido para que se anulen todas las investigaciones que lo tienen como acusado.

Busaniche es hermano de un camarista de la justicia federal de Paraná y está casado con la hija del exdiputado Julio Gutiérrez, quien es primo político de Reutemann. Para defenderse de las acusaciones y acorralado por las denuncias, salió a exponer un entramado de presiones pero en sentido contrario a las que le adjudican a él.

“Está detrás la embajada”
Según el relato de Busaniche, la interferencia política en los procesos judiciales habría alcanzado niveles de presión externa inauditos. El escribano sostiene que la senadora Patricia Bullrich “ya había llamado al doctor (Diego) Barroetaveña” (camarista federal) en una instancia previa de la causa para influir en la aplicación del código procesal. Según el texto del escribano, la senadora habría manifestado que “estaba la embajada de Estados Unidos atrás”. El escribano se pregunta abiertamente en su carta qué hace una representante del legislativo “llamando a jueces para torcer sus decisiones” y si esto se compadece con un estado de derecho.

Mientras Busaniche se recupera de su cuadro de intoxicación con fármacos, sus abogados —Diego Pirota, Débora Lichtmann y Darío Richarte— enfrentan un escenario complejo. La carta no solo es un descargo emocional, sino un mapa de testigos y llamados telefónicos que, de ser investigados, podrían abrir una nueva caja de Pandora en los sótanos de la justicia argentina. “Espero que esta decisión haga reaccionar a algún engranaje del poder judicial para que los ciudadanos comunes vivan en un verdadero estado de derecho”, concluye el texto que Busaniche firmó antes de intentar suicidarse.

La carta de Busaniche describe un sistema. Una articulación de actores judiciales, políticos, mediáticos y operadores informales que, según su relato, habría funcionado coordinadamente para condicionarlo, aislarlo y finalmente empujarlo hacia una situación límite. Busaniche construye una hipótesis de funcionamiento del poder judicial basada no tanto en expedientes sino en relaciones personales, favores cruzados, presiones institucionales y operaciones mediáticas sincronizadas.

En ese esquema, Horacio Rosatti aparece como vértice político-jurisdiccional del dispositivo. Silvio Robles, como brazo ejecutor y operador cotidiano. Los fiscales y jueces inferiores, como terminales sobre las cuales se irradiaría influencia. Algunos periodistas, como amplificadores mediáticos de decisiones ya tomadas. Busaniche menciona que se “negociaba a quién se imputaba y a quién no”. También afirma que ciertos empresarios o actores políticos habrían quedado al margen de investigaciones gracias a protecciones específicas. La lógica que describe es casi tribal: pertenecer —o ser percibido como perteneciente— a una facción judicial determinada puede alterar el trato recibido dentro del sistema.

Por eso el documento genera tanta incomodidad dentro de los tribunales federales. Porque más allá de la situación procesal concreta del escribano, pone en palabras algo que suele comentarse en voz baja: que en ciertos sectores del poder judicial argentino las decisiones reales muchas veces se construyen fuera de los expedientes.