Identifican más restos de personas desaparecidas en La Perla

La verdad se abre paso. Tras las excavaciones que se realizaron el año pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar una nueva tanda de personas que estuvieron secuestradas en el campo de concentración de La Perla, el mayor centro de exterminio del interior del país, y permanecían desde entonces desaparecidas. Las identificaciones superarían la decena. Por estas horas, el juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja se encuentra dándoles la noticia a las familias, que sostuvieron durante medio siglo la búsqueda para saber qué había hecho la dictadura con sus seres queridos.

En septiembre del año pasado, el EAAF, junto al Servicio de Antropología Forense del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, comenzó a trabajar en una zona conocida como La Loma del Torito, cercana al casco donde funcionaba La Perla.

No era la primera vez que el EAAF estaba en la zona. En 2004, ya había hecho exploraciones, pero no habían tenido resultado positivo. Esta vez fue fundamental el aporte del geólogo Guillermo Sagripanti, que trabajó con imágenes satelitales para identificar el lugar.

Durante las tareas, los antropólogos encontraron restos óseos y piezas dentales en dos áreas de La Loma del Torito, separadas entre sí por unos 30 metros. Se trataba de piezas de tamaño pequeño, que parecen sustentar la hipótesis de que los cuerpos fueron removidos de las fosas con maquinaria pesada para evitar ser encontrados. Fue una maniobra de la dictadura para esconder sus crímenes.

Los restos están siendo analizados en un laboratorio de Córdoba, donde se testea su compatibilidad con las muestras almacenadas de ADN recolectadas por el EAAF entre quienes tienen familiares desaparecidos. Es un trabajo que está lejos de estar concluido.

En marzo, se comunicó una primera tanda de identificaciones. En ese momento, se recuperaron los restos de doce personas que estuvieron cautivas en La Perla. También se encontraron objetos. Uno de ellos fue una medalla que llevaba Jorge Omar Cazorla al momento de su secuestro y posterior asesinato. La medalla se la había dado, a modo de protección, su esposa, Graciela Geuna, sobreviviente del campo de concentración y una de las impulsoras de la querella para la búsqueda de los desaparecidos.

A partir del lunes, el juzgado de Vaca Narvaja empezó a comunicarse con las familias de quienes fueron identificados para darles la noticia. Por estos días se vienen llevando adelante audiencias con cada uno de los parientes para brindarles más detalles.

Se espera que esas audiencias concluyan esta semana. El juzgado no quiso dar datos a los medios sobre el número preciso de personas identificadas ni revelar sus nombres. Solo hizo saber que cuando concluya la ronda con las familias convocará a una conferencia de prensa para dar información oficial. La misma cautela se observa tanto en la fiscalía como en la querella.

 

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Un campo del horror
La Perla funcionó entre 1976 y 1978. Se estima que por ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) pasaron entre 2200 y 2500 personas, según investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria (APM) de Córdoba. La Perla estaba ubicada en terrenos del Tercer Cuerpo de Ejército, a la vera de la Ruta 20 que une la capital provincial con Villa Carlos Paz. El campo de concentración dependía del Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba.

La gran mayoría de quienes pasaron por La Perla están desaparecidos. Allí, la modalidad predominante del exterminio fueron los fusilamientos y los enterramientos clandestinos. La sobreviviente Teresa Meschiati lo explicó con claridad al declarar en la megacausa: “Así como en la ESMA se iban para arriba, nosotros nos íbamos para abajo”.

En la ESMA, irse para arriba era ser subido a un vuelo de la muerte para ser arrojado a las aguas del Mar Argentino o el Río de La Plata. En La Perla, por el contrario, los represores hacían alusión a los pozos, al metro ochenta o a mirar crecer los rabanitos desde abajo. Eran todos eufemismos para decir que sus víctimas eran arrojadas en enterramientos clandestinos.

Gracias al testimonio de los sobrevivientes se pudo reconstruir gran parte de la mecánica de los “traslados”. Quienes iban a ser sacados del campo de concentración eran preparados. Se los apartaba del resto de sus compañeros. Después eran subidos —con vendas en los ojos y maniatados— a unos camiones Mercedes-Benz. Los represores solían mofarse y hablaban de los Menéndez-Benz. Luciano Benjamín Menéndez, uno de los “duros” de la dictadura, era el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército y, por ende, el dueño de la vida y la muerte en diez provincias —incluida Córdoba.

Los sobrevivientes contaron que los camiones partían y volvían en no más de media hora, lo que implicaba que la disposición final de los cuerpos se producía en una zona aledaña al campo de concentración.

Lo que relataron los exdetenidos-desaparecidos se complementaba con el testimonio que aportó José Julián Solanille, un trabajador rural que en los primeros meses de la democracia se acercó a declarar ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para contar lo que había visto en las inmediaciones de La Perla. Habló de los camiones del Tercer Cuerpo que trasladaban a los secuestrados. También recordó los estruendos de los disparos. Y mencionó la aparición de restos en la zona.

Un plan para desaparecer los cuerpos
En el Juicio a las Juntas, Ernesto Urien, un militar a quien le habían dado la baja por oponerse a la represión ilegal y clandestina, aportó información sobre lo que sucedía en los terrenos circundantes a La Perla. Urien relató que el teniente Gustavo Gelfi le había confiado que lo habían enviado a una misión que consistía en desenterrar los cuerpos con máquinas viales y colocarlos en tambores con cal viva.

Pasó tiempo, pero casi 20 años después apareció la versión de otro militar que confirmaba que los trabajos de remoción existieron. En 2004, el diario Página/12 reveló que existía un descargo administrativo del teniente coronel Guillermo Bruno Laborda, que, molesto por haber sido postergado para un ascenso, le enrostró al Ejército cómo había tenido que mancharse las manos con sangre en su honor. En el documento, al que accedió entonces el periodista Horacio Verbitsky, Bruno Laborda hablaba de fusilamientos y de una operación de remoción de cadáveres que habría tenido lugar en los primeros meses de 1979.

En septiembre de ese 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país para documentar los crímenes. Había sido invitada por el propio gobierno de Jorge Rafael Videla, que hizo todo lo posible para esconder las pruebas de la masacre que estaba cometiendo. Para entonces, ya se conocían en el exterior testimonios sobre lo que sucedía en La Perla.

La dictadura, para evitar que se encontraran los cuerpos que eran evidencia de esos delitos atroces, optó por desenterrarlos. Esos fragmentos, pequeños y maltratados, salen a la luz para acusar a los perpetradores y para darles a los familiares una porción de la certeza de la que los criminales los privaron.