Estatales y privados: ¿Qué negocios expone el femicidio de Nancy Godoy?

El hallazgo del cuerpo de la docente Nancy Estela Godoy, semisumergido en un viejo potrero del paraje El Malezal, transformado por el clima en una suerte de pantano, abrió una caja de Pandora en los tribunales de Esquina que deberían focalizar la investigación en determinar por qué el ministerio de Educación de la provincia propició que un ser humano estuviera en ese lugar viviendo en esas condiciones.

Mientras la autopsia confirmó el ensañamiento de un brutal crimen ejecutado con al menos tres armas blancas distintas y mutilaciones que denotan familiaridad con el faenamiento de animales, la indignación social apunta directamente hacia arriba. La querella, encabezada por Gustavo Briend, ya no mira el caso como un ataque aislado, sino como la consecuencia trágica de un Estado provincial ausente o corrupto.

La tardía reacción de la ministra de Educación, Ana Miño, y del gobernador, Juan Pablo Valdés, quienes decidieron abrir sumarios administrativos recién después del asesinato de Nancy, tras meses de haber sido advertidos sobre el abandono total de la Escuela Primaria 626, deja al descubierto la desidia oficial que permite que docentes  correntinas permanezcan desprotegidas frente a aparentes mafias que operan en zonas rurales, como podría llegar a ser el caso de este paraje de Esquina.

Nancy Godoy asumió su suplencia en agosto y se encontró con una realidad escalofriante. El edificio escolar estaba en condiciones inhumanas: sin agua potable, con inodoros tapados con tierra, invadido por roedores y con el mobiliario destruído.

Peor aún: en los papeles del Ministerio de Educación, el colegio figuraba activo y recibía partidas presupuestarias. En la práctica, el director titular, Norberto Gamarra, hoy bajo un tardío sumario que llega con olor a impunidad, llevaba casi tres años sin pisar el aula, dejando a ocho hijos de peones rurales completamente desescolarizados.

¿La ministra no sabía del abandono de esos niños?, ¿quién recibía las partidas que eran destinadas a la escuelita?, ¿esas partidas llegaban a Gamarra o se quedaban en algún despacho ministerial?, ¿cuántas de las 806 escuelas rurales que mencionó la ministra Miño están en esas condiciones?, ¿son realmente escuelitas o son pequeñas Pymes de alguien en el poder?

Todas esas preguntas deberían ser formuladas por la fiscalía. A todas esas preguntas debería responderlas la ministra Ana Miño.

Pero todos sabemos cómo funciona la Justicia en Corrientes cuando se trata de investigar al Poder Ejecutivo. Imagínese el lector, que todavía hay gente en Goya preguntándose por qué nunca fueron llamados a indagatoria el senador Diego Pellegrini, el Fiscal General César Sotelo y el ex gobernador Valdés por el episodio del traslado furtivo y clandestino de Laudelina Peña en plena madrugada a Corrientes, para plantar una pista falsa sobre la desaparición de Loan, el 28 de junio de 2024.

El "peligro" de reabrir una escuela fantasma
A pesar de la desidia oficial Nancy le puso ganas. Con la ayuda de las madres, limpió el lugar, lavó la bandera y reabrió el aula. En audios enviados a sus colegas que ya constan en el expediente, la docente denunciaba con indignación: "Es un robo lo que están haciendo".

Al  pretender normalizar el dictado de clases y tramitar expedientes oficiales para exigir luz, agua y refacciones, Nancy expuso el hermetismo total frente a un pequeño negocio de "alguien", pues en los papeles del Ministerio de Educación, la Escuela Primaria N.° 626 figuraba activa y recibía regularmente partidas presupuestarias del Estado provincial destinadas a infraestructura, mantenimiento y comedor escolar.

Al registrar la falta absoluta de actas de examen, libros de firmas o registros de asistencia desde 2024, la docente expuso la caja negra: la escuela funcionaba como una pantalla burocrática para desviar fondos públicos mientras permanecía cerrada.

Pero la maestra no solo amenazó el negocio del desvío de dinero del Gobierno, sino que probablemente haya expuesto también el silencio oficial frente a un negocio ilegal propiciado por los dueños del latifundio. ¿Habrá también complicidad de la Policía de Corrientes?

¿Se animará la fiscalía a investigar ésas lineas de corrupción o se limitará solo a resolver el femicidio? Porque de ser así, la Justicia correntina estará propiciando que estas situaciones irregulares se sigan desarrollando con la "normalidad" que permitió el asesinato de Nancy.

¿Estaremos frente a otro caso Loan, que deberá ser asumido por la Justicia Federal ante la falta de credibilidad del fuero provincial a la hora de investigar al poder político?

Coto de caza ilegal: el valor del aislamiento
Una de las hipótesis más firmes vincula el crimen directamente con la explotación agropecuaria y de un coto de caza privado que funciona dentro de El Curupí. Este tipo de actividades exclusivas, por tratarse de clientes que pagan altas sumas en dólares por practicar la caza mayor, exige por ley una delimitación estricta y, sobre todo, una nula circulación de personas por razones de seguridad.

La reactivación de la escuela implicaba el tránsito diario de niños, padres y personal docente. La ecuación que analiza la justicia local es simple: la presencia de una maestra comprometida arruinaba el negocio clandestino de la estancia. La impunidad era tal que la tapera de Ireneo Zarza (el capataz detenido y principal acusado del crimen) se encuentra a escasos 150 metros de la propia escuela. Allí mismo la policía científica secuestró prendas quemadas que pertenecían a la víctima.

La hipótesis de delitos federales: vuelos clandestinos en El Malezal
La querella de la familia exige formalmente que no se descarte una línea ligada al crimen organizado de mayor escala. Por el aislamiento geográfico de los bañados de Esquina, El Malezal ha sido señalado reiteradamente por los lugareños como una zona liberada para el despegue y aterrizaje de aeronaves clandestinas dedicadas al narcotráfico. Los hijos de Nancy sospechan que su madre pudo haber sido testigo involuntaria de movimientos extraños o una "lluvia de cargamentos" en los campos, lo que podría haber motivado la orden de eliminarla.

Para el abogado de la familia la logística empleada para ocultar el cuerpo durante más de dos semanas, "plantarlo" en una zona ya rastrillada y coordinar el encubrimiento excede la capacidad de un simple arrebato criminal de la peonada del campo.

Cinco detenidos y un sumario que busca lavar culpas políticas
Hasta el momento, la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas mantiene tras las rejas a cinco personas bajo prisión preventiva dictada por el juez Jorge Gustavo Vallejos: Ireneo Antonio Zarza y Felipe Sandoval como presuntos autores, junto a Nahuel Rojas, Rosa Leguizamón y Ernesto Ezequiel Bordón por encubrimiento y falso testimonio.

Sin embargo, el foco de la complicidad excede a los peones rurales. El "ultimátum" de 72 horas dictado por la ministra Ana Miño para que la supervisión escolar explique cómo el establecimiento funcionaba como un "colegio fantasma" es una puesta en escena que llega demasiado tarde.

Es decir, tras la muerte de Nancy, Miño le reclama a la supervisora una explicación que la misma Nancy ya le había dado hace meses y que ella no leyó o directamente no atendió.

El Ministerio de Educación contaba con advertencias previas y detalladas sobre el abandono de la institución. Las reparaciones estructurales de los edificios escolares deben ejecutarse por ley durante los tres meses de receso de verano, cuando las aulas están vacías, un mantenimiento básico que los gobiernos de Gustavo y Juan Pablo Valdés jamás realizaron en El Curupí.

En lugar de garantizar condiciones dignas y seguras durante las vacaciones, las autoridades provinciales miraron para otro lado, permitiendo que la escuela permaneciera librada a su suerte, probablemente considerando que al estar al servicio de los intereses privados de la estancia serían sus dueños quienes debían ocuparse.

El sumario administrativo abierto tarde y con apuro no es un acto de justicia, sino un burdo intento oficial por deslindar la responsabilidad política de un Ministerio que dejó sola a Nancy Godoy, quien pagó con su vida el precio de querer devolverles el derecho a estudiar a los hijos de unos peones rurales a quienes el gobierno radical no parece considerar sujetos de derecho.