Financiamiento Universitario: La Corte Suprema ordenó al Gobierno que cumpla la ley

Pasaron 247 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei, pero ya no hay excusas. La Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario que presentó la Casa Rosada y no le queda otra alternativa más que cumplir con lo que dictaminó el Congreso dos veces y, luego, el Poder Judicial en todas las instancias. En el medio, pasaron cuatro marchas universitarias en más de dos años y miles de protestas en todo el país. Ayer, los tres jueces del máximo tribunal dejaron firme la cautelar que le ordena al Ejecutivo a cumplir con los artículos 5 y 6, que actualizan los salarios y las becas desde diciembre de 2023.

“Es una gran noticia, pero no solo para la comunidad universitaria. Esto es saludable para todas las instituciones de la nación”, dijo Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que fue el organismo que impulsó la cautelar luego de que el gobierno se negara a implementar la ley con el argumento de que no especificaba de dónde sacar los fondos para cumplirla. Una justificación contradictoria si se compara, por ejemplo, con la sanción del miércoles de la ley para pagarle a dos fondos buitre 171 millones de dólares, que el proyecto libertario no explica de dónde saldrá ese dinero.

Ayer, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron firme la cautelar que ordenaba al Gobierno a cumplir con la aplicación de los dos artículos de la Ley 27.795, que indican que se deben actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, lo mismo que las becas Progresar, Manuel Belgrano y de Enfermería, entre otras. En el fallo, los supremos indicaron que el recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal” y por eso desestimaron el pedido de excusación (el Gobierno sostenía que los jueces debían excusarse porque todos ejercen la docencia universitaria) y la presentación directa e intimaron al Ejecutivo para que haga efectivo el depósito.

Todo el Frente Universitario celebró el fallo. Rectorados, gremios y alumnos lo consideraron como un triunfo después de cuatro movilizaciones multitudinarias, paros, clases públicas y tomas de edificios. “Es un fallo que, con toda la comunidad universitaria, estábamos esperando hace mucho tiempo. Le marca un límite al Ejecutivo que insiste en incumplir una ley votada unas cuantas veces por el Congreso y reafirmada por el Poder Judicial también. Es un hecho sin antecedentes este nivel de incumplimiento”, dijo la secretaria General de Conadu, Clara Chevalier.

La decisión de la Corte llega quince días después del acuerdo entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez; y el CIN y los gremios docentes y no docentes. El 10 de junio se definió un aumento del 24,9% para los trabajadores universitarios (21,3% en junio y el restante en octubre). Una recomposición que subsana el desfasaje del 2025 y un 7% a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo de 2024, pero que está lejos de reponer todo el poder adquisitivo perdido. Es decir, que para que el gobierno de Milei cumpla efectivamente con la ley –que indica que la actualización debe ser en un porcentaje no inferior a la inflación informada por el Indec– se necesitaría una suba adicional del 29 por ciento, según los cálculos de los gremios.

“El porcentaje que queda por recuperar es alrededor de un 30 por ciento más, pero este gobierno no es un actor predecible. De cumplirse todo lo firmado, queda por recuperar ese 30%, pero para eso debe convocar a paritaria y ejecutarlo lo más pronto posible”, explicó Chevalier. Por su parte, la secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti, remarcó que “existe la deuda que excede ese 24.9 por ciento” y sostuvo que “se tiene que pagar y que esa seguirá siendo la bandera: cumplir con la ley y con la paritaria que es lo que dice la ley”.

Este diario consultó al Ministerio de Capital Humano sobre los pasos que seguirá tras el fallo de la Corte, pero no tuvo respuesta. Desde el CIN, Bartolacci consideró que “si hay cosas que ya se fueron cumpliendo respecto de lo estipula la ley, deberán ser contenidas como parte del cumplimiento ya hecho y deberán cumplir lo que resta”.

En otra de las partes del acuerdo, el Gobierno se comprometió a actualizar las Becas Manuel Belgrano –que están en 82.000 pesos– en un 50 por ciento. Con el fallo de la Corte también debe incluir otras, que quedaron congeladas desde que asumió Milei, y otras como las de Enfermería, que también perdieron poder adquisitivo. Desde la Federación Universitaria Argentina también celebraron el fallo del máximo tribunal porque, además, ahora la cartera que dirige Sandra Pettovello tendrá que pagar también las Progresar, que quedaron congeladas en 35.000 desde el 2023 y que habían quedado fuera del acuerdo. “Es una señal importante, pero el conflicto universitario sigue abierto. Mientras los salarios continúen deteriorados y las becas Progresar permanezcan congeladas miles de estudiantes seguirán viendo vulnerado su derecho a estudiar. Ahora el Gobierno tiene que cumplir la ley y garantizar los recursos que nuestras universidades necesitan”, le dijo su presidente, Joaquín Carvalho, a este diario.

Para el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, la decisión de la CSJN también “sirve y mucho para que no se sigan yendo los docentes. Es un triunfo de toda la sociedad argentina”. Es que, según los datos de la Conadu, desde que asumió Milei casi 10 mil docentes renunciaron a sus cargos en instituciones públicas por los bajos salarios. O bien decidieron para pasarse a universidades privadas o a otros empleos por fuera de la docencia.

El camino pedregoso de la ley
En agosto de 2025, el Senado sancionó la ley de presupuesto, pero un mes después Javier Milei la vetó con el argumento de que tenía un “costo fiscal inaceptable” a pesar de que la Oficina de Presupuesto del Congreso indicó que el impacto estimado es del 0,23 por ciento del PIB, un número irrisorio para la magnitud del gasto general. En octubre, el Parlamento rechazó el veto. Pero, a través de un decreto, la Casa Rosada declaró “suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento”.

En ese momento, el CIN presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional y el 23 de diciembre, el juez Martín Cormick ordenó el inmediato cumplimiento del artículo 5 y 6, y seis días después, el Poder Ejecutivo apeló la medida. El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de Cormick y ratificó la cautelar a favor de las universidades, algo que finalmente el Gobierno intentó revertir con el recurso extraordinario que resolvió la CSJN.

La cuestión de fondo
Aún queda por definirse la cuestión de fondo, que tiene que resolver la justicia en lo contencioso administrativo federal, que mientras tanto habilitó la cautelar por considerar que el incumplimiento en la aplicación de la ley podía ocasionar graves perjuicios y el deterioro salarial, afectando el derecho de enseñar y aprender. Es por eso que desde el CIN hicieron un pedido de pronto despacho para que se resuelva más allá de los dos artículos más urgentes y que tiene que ver con ítems como gastos de funcionamiento y la inversión en ciencia. “Independientemente del recorrido que haga la discusión sobre la cuestión de fondo, el Gobierno tiene que, de manera inmediata, aplicar lo que está contenido en la cautela, que son estos dos artículos”, dijeron desde el CIN.

“Tenemos que agradecer el esfuerzo de la comunión universitaria del país y de la sociedad que nos abrazó cada vez que fue necesario”, dijo Bartolacci y agregó: “si no, no hubiésemos llegado hasta acá”.

Por Celeste del Bianco para Página/12