Universidades: La marcha dejó sin aliados al Gobierno, que busca no aplicar la ley

Javier Milei siguió desde la Quinta de Olivos la movilización a la Casa Rosada para pedir la aplicación de la ley de presupuesto de las Universidades. Desde el Congreso le llegaron malas noticias: los partidos provinciales y hasta algunas figuras del PRO se expresaron a favor de la marcha. En la Casa Rosada evalúan propuestas para pisar las partidas.

Con la UCR alineada a los rectores, Milei no tiene ninguna chance de tratar el proyecto enviado en febrero para reformar la norma que la comunidad universitaria pide aplicar. Como explicó Letra P, este proyecto no se trató en comisiones porque el oficialismo no cuenta con las firmas para dictaminar.

La dilación generó un cortocircuito en el Gobierno: Martín Menem apuntó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por no conseguir los votos y exigir la reforma. El reproche fue también para el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Pettovello y Álvarez hicieron una rueda de prensa el lunes y reconocieron que en el Congreso no tienen interlocutores válidos, aunque estudian alternativas para no tener que dar aumentos.

El futuro de las universidades
Los funcionarios señalaron ante los medios que la oposición cometió una torpeza en diciembre en el Congreso y buscarán aprovecharla. El error de los aliados, entienden, fue sancionar un proyecto de presupuesto sin las partidas para las universidades que demanda la ley.

“Nosotros tenemos que cumplir el Presupuesto. La ley que reclaman es abstracta”, señalaron Pettovello y Álvarez. Diferenciaron así esta norma de la emergencia en Discapacidad, que tuvo el mismo recorrido en el Congreso (sanción, veto presidencial y ratificación por mayoría especial) y el Gobierno, después de un fallo judicial favorable, decidió aplicarla.

El argumento de los funcionarios fue publicado en un tuit de la oficina de respuesta oficial del Gobierno y, curiosamente, la primera crítica fue de la legisladora porteña Silvia Lospennato, del PRO.

“En una República las leyes se cumplen y los fallos de la Justicia también. Yo marcho”, anunció Lospennato, en línea con el duro comunicado de Mauricio Macri el domingo, en el que entre otras cosas le pidió a Milei atender las partidas para educación y salud.

El PRO está en ebullición: mientras se realizaba la marcha universitaria, un grupo de diputados firmaba en disidencia el Tratado de Patentes.

Schiaretti, con las universidades
Provincias Unidas es el árbitro del cuórum en Diputados. Si bien el Gobierno puede llegar a una mayoría sin esta bancada, queda con margen reducido para abrir el recinto. Sin el PRO y la UCR es imposible.

El bloque presidido por Gisela Scaglia tuvo un activo apoyo a la marcha universitaria. “A esta altura, el problema no es la falta de herramienta sino la decisión de no aplicarlas. El Congreso habló y la Justicia también”, sostuvo la bancada en un comunicado.

PU representa a los gobiernos de Córdoba, Chubut, Santa Fe y Jujuy. El diputado Juan Schiaretti apoyó la movilización. “Apoyamos el justo reclamo de las universidades públicas ante el ajuste presupuestario y el recorte del financiamiento por parte del Gobierno nacional”, sostuvo el exgobernador.

La reforma que no fue
El proyecto de Álvarez busca modificar la ley sancionada el año pasado, que Milei vetó y el Congreso sostuvo con dos tercios de ambas cámaras. El Gobierno no ejecutó la ley y la Justicia lo obligó a aplicarla.

La modificación más importante que propone el secretario se refiere al pago de los salarios a docentes: la ley obliga a recomponer lo perdido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde diciembre de 2023. Se trata de una recomposición de 38% en 2024 y un 14% en 2025. El texto de Álvarez es menos generoso. Sólo toma en cuenta la pérdida por IPC de 2025. Establece una recuperación del 12,3% en tres tramos de 4,1%, a pagar en marzo, julio y septiembre.

Otro cambio es en la indexación. La ley sancionada establece una suba automática por IPC; y la reforma propuesta por el Gobierno propone paritarias abiertas por trimestre. En los gastos de funcionamiento también hay cambios. El nuevo proyecto se refiere a 2026 y actualiza según la inflación que supere la presupuestada (14,6%).