Judiciales
La Persecución Avanza: Un juez amenaza a Cristina con "cárcel" por una bandera en su balcón
Podrían revisar su arresto domiciliario. El juez Giménez Uriburu le advirtió que puede perder el beneficio si se repiten actividades en su departamento de Constitución.
La justicia intimó a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la prisión domiciliaria que cumple en el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. La decisión fue firmada por el juez de ejecución Rodrigo Giménez Uriburu, quien le pidió que evite realizar acciones que puedan alterar la convivencia en el edificio o en su entorno. En la misma resolución, advirtió que si se repiten situaciones similares, el tribunal podría revisar el beneficio de la prisión domiciliaria y disponer su traslado a una unidad penitenciaria.
El episodio que motivó la decisión ocurrió el 14 de junio. Ese día, militantes y vecinos desplegaron una bandera de gran tamaño que cruzó desde un edificio lindero hasta el balcón del departamento donde cumple la detención la expresidenta.
De acuerdo con la resolución judicial Cristina Kirchner habría participado en la colocación de esa bandera. En concreto, se le atribuye haber sujetado parte de la estructura y colaborado en la fijación de los cables en la baranda del balcón.
Para el tribunal, ese hecho no se encuadra dentro de las expresiones de apoyo que habitualmente se registran en las inmediaciones del domicilio y que hasta el momento no habían tenido reparos judiciales.
En ese contexto, el juez expresó que la prisión domiciliaria no solo implica el cumplimiento de la pena dentro de un domicilio, sino también el respeto de condiciones específicas de conducta y convivencia. Bajo esa lógica, señaló que el objetivo es evitar situaciones que alteren el orden en el entorno inmediato del lugar de detención.
La resolución remarca que cualquier nuevo episodio que sea interpretado como una violación de esas reglas podría derivar en una revisión del régimen actual. Es decir, el tribunal se reserva la posibilidad de evaluar cambios en la modalidad de cumplimiento de la condena si considera que no se respetan las condiciones fijadas.
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