Libres: Milei firmó el decreto para la privatización del Centro de Frontera

Tras dos años de estar sujeto a ser privatizado, finamente Javier Milei firmó este miércoles el decreto 1350/26, por el que declaró de interés público la única iniciativa privada que sobrevivió al proceso de evaluación para concesionar el el Centro de Fronteras Paso de los Libres.

Desde octubre de 2024, cuando Milei y Sturzenegger tomaron la decisión, fueron ocho las iniciativas privadas que se presentaron ante el Gobierno con el objetivo de acceder a un negocio fenomenal a las puertas de nuestra ciudad, ya que es la segunda aduana en flujo de movimiento de todo el país.

La privatización del principal puerto seco del país incluye el Complejo Terminal de Cargas y el Área de Control Integrado (ACI). A pesar de la precariedad de las instalaciones circulan por aquí entre 700 y 1.000 camiones diarios, lo que representa un volumen anual de entre 200 y 250.000 vehículos de carga al año, concentrando la mayor parte del intercambio comercial terrestre entre la Argentina y Brasil; aunque también es parte del corredor bioceánico que termina en Chile.

La única propuesta que logró avanzar en el proceso fue presentada por el Grupo Promotor, un consorcio integrado por tres empresas: Empresa General Urquiza SRL, Servicios Logísticos Integrados SRL y Da Fré Obras Civiles SA. De las ocho iniciativas recibidas durante la convocatoria, siete fueron descartadas por no cumplir los requisitos de admisibilidad.

El consorcio detrás de la única oferta válida
De acuerdo a lo informado de manera oficial, los tres integrantes del Grupo Promotor presentan perfiles complementarios para un proyecto que combina obras de infraestructura, operación logística y prestación de servicios. Empresa General Urquiza SRL es la firma controlada por la familia Derudder, propietaria de la histórica empresa de transporte Flecha Bus.

Servicios Logísticos Integrados SRL opera Fast Track, una de las principales proveedoras logísticas de Mercado Libre. La tercera empresa, Da Fré Obras Civiles SA, es propietaria de una porción del medio mendocino Los Andes y tiene a su cargo la concesión del mirador del Obelisco junto con la firma Andesmar.

El decreto aclara que la acreditación definitiva de la capacidad jurídica, técnica, económica y financiera del futuro contratista deberá verificarse recién en la instancia del proceso de selección. No obstante, el Gobierno evaluó que las empresas del consorcio cuentan con perfiles vinculados a las especialidades que requiere el proyecto.

Una concesión a 20 años + 5.
La iniciativa contempla una concesión onerosa por 20 años, prorrogable por cinco más, supuestamente financiada íntegramente con inversión privada. El futuro concesionario tendrá a su cargo la administración, operación, mantenimiento y explotación del complejo durante ese período, y recuperará la inversión a través del cobro de peajes, tarifas de estacionamiento y estadía.

El Estado, aclara el documento oficial, no realizará desembolsos para la ejecución del proyecto, mientras que los controles aduaneros, migratorios y sanitarios -Aduana, Migraciones, SENASA, Sanidad de Frontera y Gendarmería Nacional- seguirán a cargo de los organismos públicos.

El plan de obras prevé la recuperación de áreas operativas, repavimentación de calzadas, modernización de los sistemas de iluminación, señalización y pesaje; además de la rehabilitación del Centro de Control Operativo e incorporación de tecnología de inspección no intrusiva.

Terminal de ómnibus, hoteles y centros comerciales
El proyecto también contempla la relocalización de la terminal de ómnibus dentro del predio del COTECAR, instalaciones de alojamiento y servicios para conductores, áreas comerciales, estación de servicio, taller mecánico, gomería y lavadero con sistema de reutilización de agua. Todas estas actividades impactarán de manera negativa en el comercio, la hotelería, la gastronomía y los servicios de nuestra ciudad, ya que dejarán de recibir la afluencia de turistas, que de alguna manera quedarán cautivos de un mega complejo privado al atravesar el pórtico de antrada.

El proyecto incluye además un parque solar fotovoltaico con una capacidad inicial de 1 megavatio (MW), con posibilidad de ampliación, destinado a abastecer el complejo y entregar el excedente a la red eléctrica.

Ocho oferentes, siete descartados
La convocatoria a iniciativas privadas se lanzó en octubre de 2024 mediante la Resolución 112/24 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, en el marco del Régimen de Iniciativa Privada establecido por el decreto 713/24 —reglamentario de la Ley Bases— y la Ley N° 17.520. El plazo original fue prorrogado hasta el 3 de febrero de 2025 por la Resolución 172/24. Ese mismo mes, el entonces vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, presidió el acto de apertura de sobres en el que se recibieron las ocho propuestas.

Según el acta notarial de apertura labrada por la Escribanía General del Gobierno de la Nación —disponible en el sitio oficial de la Jefatura de Gabinete de Ministros—, los ocho oferentes que se presentaron fueron: Viadsa Argentina SA; GDP (Gestión de Pasos) FADEAAC; Gatepriority SA; el Grupo Promotores (integrado en ese entonces por Da Fré Obras Civiles SA, Empresa General Urquiza SRL, Servicios Logísticos Integrales SRL y Corven Motors Argentina SA); Hito SA; Depósito Fiscal Buenos Aires SA (DEFIBA); el Consorcio de Cooperación Centro de Frontera Paso de los Libres; y Silva Garramuño SRL - Ginsa SA.

Tras la etapa de evaluación de admisibilidad, siete de ellas fueron desestimadas. La del Grupo Promotor fue la única considerada elegible para avanzar hacia la Declaración de Interés Público, que habilita la elaboración de la documentación licitatoria.

El decreto firmado por Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, es el paso previo a la licitación, no la concesión en sí. A partir de ahora, la Jefatura de Gabinete de Ministros deberá elaborar y aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (con intervención del Ministerio de Economía), y convocar la licitación pública. Recién en ese proceso se elegirá al concesionario definitivo y se verificarán las capacidades del adjudicatario.

La documentación licitatoria deberá establecer las condiciones definitivas de la concesión: obligaciones de inversión, operación y mantenimiento, asignación de riesgos, garantías, mecanismos de control y fiscalización, indicadores de desempeño y régimen de penalidades, entre otros aspectos.

El Gobierno tiene previsto extender el modelo de concesión privada a otros 13 centros de frontera del país, con el antecedente del Centro Unificado de Frontera de Santo Tomé, que opera bajo concesión privada desde 1997.