Más cómplices no se consigue: Bertuzzi y Yadarola desestimaron una causa contra Toto Caputo por pedido del fiscal Stornelli

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, volvió a recibir otra buena noticia por parte del Poder Judicial. Es que en el marco de la causa por supuesta malversación de los fondos del fideicomiso Sistema Vial Integrado (Sisvial), la Cámara Federal hizo lugar a un pedido del fiscal Carlos Stornelli apuntado a anular la investigación. La denuncia advertía por la aparente colocación masiva de esos fondos, destinados específicamente al mantenimiento de rutas, en instrumentos financieros.

En un fallo firmado este miércoles, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña hicieron lugar al reclamo del mencionado fiscal y revocaron el punto de una resolución del juez federal Ariel Lijo que aceptó como querellantes a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Ahí mismo, los camaristas decidieron dejar sin efecto las medidas ordenadas el 28 de agosto “al menos hasta tanto lo decidido mediante esta resolución adquiera firmeza”.

Ese día, Lijo había pedido informes al Ministerio de Economía relativos a la gestión del fideicomiso Sisvial; a Vialidad Nacional para que informe sobre distintas obras y rutas nacionales y a la Auditoría General de la Nación y Sindicatura General de la Nación para que informen si hubo trabajos de auditoría relativas al fideicomiso vial.

La denuncia penal fue presentada luego de una revelación periodística de La Nación, que señaló que la tasa de subejecución del fideicomiso alcanzó el 73,8% en la administración libertaria. El periodista Hugo Alconada Mon sostuvo que se ejecutó el 11,3% de lo recaudado en 2024, el 39% de lo recaudado en 2025 y el 18,5% de los fondos obtenidos entre enero y mayo de 2026. Los fondos del fideicomiso tienen afectación específica para obras viales y provienen de la captación de una porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Ayer, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola hicieron lugar a un reclamo que había formulado Stornelli por medio de dos quejas contra la incorporación de los querellantes como sobre las medidas. En ese marco, el representante del Ministerio Público había dictaminado la desestimación de la denuncia ya que a su entender el gobierno de Javier Milei gestionó los fondos conforme a las pautas del Decreto 976/2001, que dispuso la creación del fideicomiso.

Puntualmente, el fiscal había marcado que el artículo 21 de esa norma habilitaba al fiduciario, en este caso el Banco Nación, a invertir los fondos en títulos públicos o plazos fijos, sumado a que un decreto posterior, firmado por Milei en 2025, dejaba vía libre para la colocación de los excedentes en instrumentos públicos.

Sobre esa base, el fiscal pidió la desestimación y se quejó de que, posteriormente a ese pronunciamiento, el juez ordenó medidas. Por eso fue en queja a la Cámara.

Los argumentos de la Cámara
Semanas después de escuchar a las partes, Bertuzzi y Yadarola coincidieron en que Tolosa Paz y Quintela no reúnen los requisitos necesarios para ser parte de la causa judicial.

La diputada nacional de Unión por la Patria y ex ministra de Desarrollo Social había invocado su calidad de usuaria de las rutas nacionales N° 3 y 5 como argumento de su pedido para ser parte. Sin embargo, los camaristas sostuvieron que “resulta claro que la plataforma fáctica denunciada ni aún hipotéticamente la tiene como particular ofendida”. “Su condición de legisladora y su supuesta calidad de usuaria de determinadas rutas nacionales no bastan para conferirle el carácter de particularmente ofendida: esas circunstancias pueden demostrar un eventual interés en denunciar, pero no una lesión personal derivada de los hechos anticipados”, añadieron.

Sobre el gobernador de La Rioja, por su parte, había esgrimido que varias rutas nacionales atraviesan esa provincia, con lo cual se consideró afectado económicamente por la decisión del gobierno de colocar los fondos del Sisvial en inversiones. Para los camaristas, “no se advierte de qué modo los actos denunciados podrían haber afectado de manera directa, singular y diferenciada a la provincia que el peticionante representa”.

Al igual que Tolosa Paz, para los jueces no demostró ni acreditó una “afectación directa” derivada de la forma en la que se administraron los fondos viales.

“La circunstancia de que determinadas rutas nacionales atraviesen el territorio provincial, o bien que la provincia hubiera solventado gastos puntuales en relación con alguna de ellas no determina su condición de particularmente ofendido”, agregaron.