Judiciales
Para defender al Gobierno: Mahiques se lleva a París al juez que investiga a Adorni
En un hecho escandaloso el juez Ariel Lijo, encargado de investigar los hechos de corrupción del Jefe de Gabinete, viaja a Francia junto al ministro de Justicia para defender al Gobierno ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo viajarán a París, Francia, el próximo lunes para defender la gestión del presidente Javier Milei ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El titular de la cartera de Justicia y el magistrado formarán parte de la exposición en contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en el marco del seguimiento en el que se encuentra Argentina ante el organismo internacional.
El viaje que compartirán Mahiques y Lijo desde el 15 al 19 de este mes genera inquietud tanto en el ámbito político como en el área judicial, debido a que el juez federal tiene a cargo causas que involucran a varios funcionarios del Gobierno Nacional. Entre ellas, la que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.
Según lo que trascendió oficialmente, la comitiva que viajará a Europa estará integrada por 15 personas, principalmente técnicos de áreas legales y financieras. Entre los confirmados se encuentra, además, Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).
Se detalló que Argentina informará sobre los avances técnicos y de las mejoras en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con el objetivo de consolidar los resultados obtenidos para no retroceder en su calificación internacional. La comitiva actualizará al GAFI sobre la Evaluación Nacional de Riesgos y las acciones del Poder Judicial para elevar el número de condenas por lavado de dinero.
El organismo intergubernamental tiene como acción principal proteger el sistema financiero mundial y para ello establece estándares, políticas y medidas legales con el fin de combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
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