Petróleo, la nueva invasión inglesa

A mediados de junio de 1974, un proyecto británico llegó a la Casa Rosada. El objetivo era “poner fin a la disputa de soberanía” sobre Malvinas y “crear una atmósfera favorable para que los isleños pueden desarrollarse, de acuerdo a sus intereses”.

El texto fue entregado por el embajador en Buenos Aires, James Hutton, al ministro de Relaciones Exteriores argentino, Alberto Vignes. Londres buscaba una transición de dos banderas, doble nacionalidad para los kelpers, convivencia en inglés y castellano y un gobernador que, de manera alternada, fuera nombrado por la Reina y Argentina.

Las líneas finales marcaban el apuro inglés por comenzar un nuevo tiempo político con relación a las islas: “El gobierno de Su Majestad propone que deberían realizarse conversaciones oficiales lo antes posible”. Cancillería hizo su contraoferta de manera confidencial, pero pocas semanas después murió Juan Domingo Perón y el contrato quedó a la deriva.

Esa propuesta basada en una especie de condominio se congeló definitivamente cuando un informe de la Universidad de Birmingham alertó al Foreign Office en 1975. El dato central de su estudio era que en Malvinas había cuatro o cinco veces más petróleo que en el Mar del Norte y la costa atlántica de los Estados Unidos.

El 3 de enero del 76, el geógrafo Edward Shackleton arribó a Malvinas para determinar el potencial económico de las islas. El canciller argentino, Manuel Arauz Castex, sostuvo que la llegada de Lord Shackleton el día de la ocupación de las islas en 1833 fue una “coincidencia hostil”. Un mes después, la misión inglesa navegaba por aguas jurisdiccionales argentinas, estudiando la capacidad petrolera de las islas. El buque oceanográfico RRS Shackleton, bautizado de esa manera en memoria del explorador, Ernest Shackleton, padre de Edward, fue interceptado por el ARA Almirante Storni. El buque de la Armada Argentina disparó después de no ser acatada la orden de apagar las máquinas o permitir ser escoltado hasta Tierra del Fuego. El Shackleton regresó a las islas por orden del gobernador colonial Neville French.

El 15 de febrero de 1977, Edward Rowlands llegó a Buenos Aires, con mandato del Ministerio de Asuntos Exteriores, para entrevistarse con el contralmirante César Guzzetti, canciller de la dictadura de Videla.

En las negociaciones se estudió una propuesta de arriendo que otorgaría un ridículo título de soberanía a la Argentina y, paralelamente, permitiría la continuación de un gobierno británico.

Llegaron a plantear un programa económico conjunto, con el petróleo como eje central. Al acuerdo inicial le siguió la discusión interna del Partido Laborista y cuando Margaret Thatcher ganó las elecciones de mayo de 1979, la negociación se congeló.

Mientras tanto, Martínez de Hoz realizó cinco visitas a Gran Bretaña entre su asunción como ministro de Economía de la dictadura y junio de 1980. Estos viajes, siempre a espaldas del Ministerio de Relaciones Exteriores que manejaba la Marina; buscaban un acuerdo de exploración petrolera en Malvinas.

Los acuerdos de Madrid de 1989 y 1990, firmados por el memenismo, profundizaron la derrota argentina en la Guerra del 82 y abrieron una puerta demasiado grande en materia de recursos naturales, con canales de cooperación para “la conservación de la pesca y el uso de los espacios marítimos”. Ante esa zona liberada para operar, sobre todo lo que no se prohibía explícitamente, Gran Bretaña avanzó de forma unilateral en la licitación de áreas petroleras en la Cuenca Norte de Malvinas y, a fines de noviembre del 91, los ingleses comenzaron a conceder licencias para estudios de “prospección sísmica en las aguas adyacentes” al archipiélago, en la búsqueda de petróleo.

La Ley 26.659, aprobada en marzo de 2011, prohibió la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la autorización del gobierno nacional y preveía castigar con inhabilitaciones de cinco a 20 años y multas a todas las empresas que operen con licencias británicas ilegítimas en la zona de Malvinas.

En abril de 2012, Cristina Fernández de Kirchner denunció que el Reino Unido reforzó la presencia de sus fuerzas armadas en Malvinas y restringió el tránsito de buques a las islas, porque era inminente la llegada de una plataforma de exploración petrolera al archipiélago. Dos meses después, la Secretaría de Energía declaró “clandestina” la exploración de hidrocarburos en su plataforma continental, que cinco petroleras estaban llevando a cabo con permisos ilegales concedidos por las autoridades del gobierno de ocupación. Entre ellas estaba la Premier Oil.

En plena restauración conservadora macrista, se firmó el Foradori-Duncan, en septiembre de 2016. En esa nueva “acta de rendición”, los ingleses impusieron “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”.

Con los libertarios entreguistas en el Gobierno, la Premier Oil aumentó su presencia en la Argentina, a través de distintas fusiones y sociedades. Como si se tratara de la misma persona que el kirchnerismo expulsó del mar austral 13 años antes, la empresa volvió con “pasaporte falso” en tiempos de Milei, a montar negocios petroleros en tres provincias: Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego. Se presentó en el 2025 como Harbour Energy, pero es la misma que trabajó durante más de una década el yacimiento off shore “León marino”, ubicado a 218 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

Entre febrero de 2012 y diciembre de 2022, la empresa pirata fue advertida, sancionada, condenada y embargada por la Argentina; pero nunca frenó sus negocios ilegales. La jueza de Río Grande Lilian Herraez multó a la Premier Oil con más de 156 millones de dólares y ordenó embargar sus barcos y plataformas petroleras.

La empresa inglesa siguió escapando. Se fusionó con la británica Chrysaor para formar la Harbour Energy y esa sociedad después le vendió el negocio de Malvinas a la israelí Navitas Petroleum. Pero a pesar de todos los maquillajes, la que siempre está detrás de esta historia es la Premeir y los que operan con nuevo nombre heredaron pasivos, juicios y sanciones aplicadas por aquella Argentina del campo nacional y popular.

La Premier fue recibida con los brazos abiertos por Milei en el 2024, cuando se quedó con negocios de una petrolera alemana en ocho países, entre ellos Argentina. Entraron por la puerta grande a Vaca Muerta, tienen explotaciones off shore en Tierra del Fuego y están presentes en el proyecto de exportación de GNL desde Río Negro. En este último caso, no solo gozaron de la complicidad del gobierno provincial, sino que Toto Caputo le aprobó su ingreso al RIGI, para liberarlos de impuestos y aranceles a la exportación por 30 años.

Por Gustavo Campana para Página/12