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Bolsonaro acusado formalmente por vender parte de las joyas regaladas por Arabia Saudita

El expresidente podría enfrentar una condena de entre 10 y 32 años de cárcel en caso de que fuese declarado culpable. Bolsonaro no solo declinó declarar las joyas como bienes del Estado, sino que vendió algunas en Estados Unidos.

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Tras meses de investigación, la Policía acusó este jueves a Jair Bolsonaro de apropiación indebida del valioso alijo de joyas regaladas al expresidente brasileño por la familia real de Arabia Saudita.

Los agentes también presentaron cargos contra el exmandatario ultraderechista y 11 personas de su círculo más cercano, entre ellos el exministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, y su entonces asistente Mauro Cid, por lavado de dinero y asociación para delinquir.

Las joyas que recibió Bolsonaro, de 69 años, no solo no fueron declaradas bienes del Estado, como exige la ley, sino que parte de ellas fueron vendidas en EE.UU. El Ministerio Público deberá considerar ahora si presenta una denuncia formal ante el Supremo Tribunal Federal (STF), archiva el caso o solicita más investigaciones.

Si la querella sigue adelante y el STF la acepta, Bolsonaro —que siempre ha negado los cargos— sería imputado y comenzaría un proceso penal. En el supuesto caso de que fuese declarado culpable podría enfrentar, según detalla el portal UOL, hasta 32 años de prisión.

Las penas máximas por los delitos investigados establecen: 12 años por malversación de fondos, 10 por blanqueo de capitales y otros 10 por asociación criminal.

"Sin comentarios"
El abogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, afirmó a la prensa que no ha tenido acceso al informe policial, por lo que no hará comentarios.

Además del caso de las joyas, el ultraderechista también fue acusado de manera formal por la Policía de asociación criminal y falsificación de datos en el sistema público de las cartillas de vacunación contra el covid-19.

El expresidente, que ya fue inhabilitado durante ocho años por abuso de poder durante la campaña electoral en 2022, tiene abiertos otros frentes judiciales en el STF.

El más relevante es la investigación por su presunta incitación a los ataques que sus seguidores radicales, descontentos con la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, perpetraron contra las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.

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