Demente: Ahora Trump busca equipar a los agentes migratorios con guantes que electrocutan

El Gobierno de Estados Unidos profundizó sus medidas antimigratorias con la preparación de una partida presupuestaria de millones de dólares para equipar a los agentes de inmigración con guantes capaces de dar descargas eléctricas, una iniciativa que este jueves recibió el rechazo de congresistas demócratas y defensores de los migrantes. La Casa Blanca anunció además un nuevo grupo de trabajo para prevenir el turismo de maternidad, acompañado de la revocación de más de 600 visas a extranjeros a los que las autoridades relacionaron con esta práctica.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se encargó de hacer en común el anuncio del contrato de hasta 20 millones de dólares para comprar los guantes CTG-5, que llevan electrodos en la palma y emiten pulsos eléctricos al contacto con la piel para causar dolor. El departamento los describió como un “dispositivo de desescalada” y defendió que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) evalúa de forma continua el equipo que necesitan sus agentes.

“Repugnante y bárbaro”
Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, en inglés), afirmó en un comunicado: “Armar con guantes de descarga eléctrica a agentes mal entrenados para infligir dolor a nuestros vecinos es repugnante y bárbaro”. Y añadió: “El ICE es una agencia descontrolada con un fondo opaco de 80.000 millones de dólares. El Congreso debe poner fin al cheque en blanco al organismo”.

La Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON, en inglés) acusó a la Administración de Donald Trump de tener la capacidad de “torturar a la gente discretamente”. “Esto no tiene arreglo; la única solución es la abolición”, declaró en una nota su director, Jorge Torres.

La congresista Delia Ramírez, demócrata por Illinois, escribió en la red social X que bajo ninguna circunstancia se puede confiar al DHS unos guantes de descarga eléctrica. En cambio, pidió aprobar su proyecto de ley “Derrite al ICE”, que recortaría al departamento los fondos para detener a inmigrantes. El congresista Maxwell Alejandro Frost, demócrata por Florida, criticó en la misma red social el gasto de 20 millones de dólares del contribuyente en unos guantes para los que calificó como “matones enmascarados y sin ley”.

En contra de las embarazadas
El DHS también encabeza una iniciativa que examina las actividades de los titulares de visas de no residentes en todo el mundo para identificar casos de embarazadas que ingresan a Estados Unidos como turistas y dan a luz en territorio estadounidense. Con la conformación del “Grupo de Trabajo para la Prevención del Turismo de Nacimiento”, enfoca sus esfuerzos en establecer medidas para revocar las visas de quienes participan en esta práctica o la facilitan y desmantelar las redes que ganan dinero con ello, en una práctica generalizada que involucra a ciudadanos de países de todas las regiones del mundo.

En otro comunicado, el DHS resaltó que el secretario de Estado, Marco Rubio, cuenta con amplias facultades discrecionales para revocar visas y que la Administración Trump está comprometida a ejercer dicha autoridad para proteger la integridad del sistema migratorio del país. Además, ha asegurado que el turismo de nacimiento se ha convertido en una industria lucrativa y se promociona abiertamente como “servicios de parto en Estados Unidos”, dando asesoramiento para la obtención de visas y gestiones hospitalarias.

“Algunos falsifican documentos médicos o instruyen a sus clientes para que oculten el verdadero propósito de su viaje y eviten pagar las facturas del hospital; asimismo, utilizan el marketing en línea para prometer a los clientes una ciudadanía automática y un futuro sin fronteras”, aseguró el DHS. “Los ciudadanos extranjeros que abusan del sistema de visas, así como quienes les ayudan a hacerlo, pueden perder su visa, su acceso y su futuro en Estados Unidos. Esto es solo el comienzo”, sentenció. Hasta el momento se han revocado más de 600 visas de extranjeros bajo esta iniciativa.

Muerte en el centro de detención
En paralelo a las medidas antiinmigratorias del gobierno de Trump, un hombre de nacionalidad guatemalteca murió en un centro de detención del ICE en el estado estadounidense de Nueva Jersey, la tercera muerte de estas características por complicaciones médicas.

Identificado como José Chajón-Raxón, el hombre había sido detenido por agentes del ICE y trasladado al centro de Delaney Hall a mediados de julio, de acuerdo con un comunicado emitido el miércoles por el DHS y recogido por el diario The New York Times. El centro —propiedad de Geo Group, una empresa privada de servicios penitenciarios que opera múltiples centros de detención en todo el país— ha sido objeto de críticas por parte de defensores de derechos humanos tras la muerte bajo custodia del ICE de un hombre salvadoreño identificado como Edwin López-Cornejo y otro haitiano llamado, Jean Wilson Brutus.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes estadounidense, Hakeem Jeffries, ha denunciado “las condiciones de vida insalubres” a las que están sometidas las personas detenidas, que muchas veces carecen de tratamiento médico adecuado, incluyendo mujeres embarazadas.

Por su parte, el representante demócrata por Nueva Jersey, Rob Menendez, ha lamentado en un comunicado en redes sociales que el ICE esté intentando evadir responsabilidades por las muertes en las calles estadounidenses durante operativos antiinmigratorios y en centros de detención de todo el país. “El ICE, en consonancia con la ideología de la Administración Trump, está decidido a evitar el escrutinio público y a no asumir ninguna responsabilidad por sus fallos”, apuntó. “Ha revertido deliberadamente una política de la era Biden para crear una laguna legal que le permite ‘liberar’ a alguien de custodia y luego alegar que no tiene responsabilidad de investigar su muerte ni de informar al Congreso o al público”, afirmó.

El ICE arrastra además críticas por sus operaciones de detención. La polémica se centró en los últimos meses en los tiroteos mortales contra el mexicano Lorenzo Salgado Araujo y el colombiano Johan Durán tras controles de tráfico en Texas y Maine, respectivamente. En enero, la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios en Mineápolis provocó una ola de protestas contra el organismo.

Alarma en Georgia
Mientras tanto, las llamadas a los servicios de emergencia desde el Centro de Detención de Stewart (Georgia), una de las mayores instalaciones para inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, se han disparado este año, muchas de ellas por graves problemas médicos, lo que ha generado alarma entre los defensores de los derechos civiles.

“Es una situación alarmante”, dijo a la agencia de noticias EFE Amílcar Valencia, director ejecutivo de El Refugio, organización que brinda apoyo a familiares de migrantes detenidos en Stewart, ubicado en la pequeña localidad rural de Lumpkin, donde este año se han registrado dos muertes de migrantes: una de un cubano por un supuesto suicidio y otra, de un mexicano que estuvo detenido allí, por leucemia. “Muchas de estas llamadas son serias, sobre personas que están perdiendo la consciencia, que están convulsionando o que han sufrido paros cardíacos o respiratorios”, precisó Valencia.

De acuerdo con el activista, durante los primeros seis meses del año, las autoridades de ese centro, localizado a unos 230 kilómetros al sur de Atlanta, realizaron más de 300 llamadas al 911, un 300 % más con respecto al total de 2022 y más del 60 por ciento con respecto a 2025, cuando Donald Trump asumió la Presidencia por segunda vez.

Estos datos respaldan las denuncias que desde hace años están haciendo organizaciones de derechos civiles sobre las condiciones de los inmigrantes en Stewart, donde la situación ha empeorado en el último año tras la ofensiva migratoria emprendida por el actual gobierno. También se han reportado detenidos que intentaron quitarse la vida o mujeres embarazadas que están teniendo algún tipo de emergencias, como sangrado o que están en el proceso de parto, explicó Valencia. “Todo esto es preocupante porque hay una población en detención, como las mujeres embarazadas, que está lidiando con situaciones serias y que, en primer lugar, nunca deberían haber sido detenidas por las condiciones que ya sabemos que existen, por la falta de atención médica”, lamentó.