Persecución sin fin: Ahora también le quieren quitar a Cristina su casa

En otro capítulo de la persecución judicial contra Cristina Kirchner, la Justicia federal dispuso el embargo del departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple su condena domiciliaria, y de una serie de propiedades y activos que están a su nombre.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal N° 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, los mismos que dictaron el fallo condenatorio y proscriptivo contra la exmandataria cuyos cuestionables argumentos serán analizados por organismos internacionales.

Los embargos fueron impulsados por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani. Sobre la base de este pedido formulado en mayo, lo que determinaron esos magistrados fue concretar lo que habían deslizado en su cuestionada decisión: que CFK pague con su patrimonio el supuesto perjuicio que le habría creado al Estado por las maniobras de las que se la acusa y condenó sin pruebas claras.

El monto del embargo será de 685 mil millones de pesos y alcanza inmuebles de la familia Kirchner en El Calafate y Río Gallegos, además del departamento en los barrios porteños de Recoleta, Puerto Madero y el de Constitución, donde está alojada.

El castigo también recayó sobre departamentos, terrenos, edificaciones y hasta parte del predio de uno de los hoteles que la familia tiene en la provincia de Santa Cruz. También propiedades con el apellido Kirchner en sociedades comerciales y de las cuales son parte cocheras, un depósito, los departamentos antes mencionados.

Pero como el monto es exorbitante, los jueces extendieron también la medida contra los bienes de la hija y el hijo de la expresidenta, Florencia y Máximo Kirchner. También se pidió un informe bancario sobre las cuentas de ahorro y cajas de seguridad de Florencia.

Según se informó, no habrá un remate inmediato de esos inmuebles ni el decomiso es definitivo.

También cayó en la volteada el empresario Lázaro Báez, a quien se le embargarán propiedades y bienes como consecuencia de la defraudación que se le endilga. De la misma manera, inmuebles de los demás imputados en la causa.