Las Fuerzas del Cielo a la Justicia: Paulón puso al Gordo Dan contra las cuerdas

Daniel Parisini, el influencer libertario más conocido como el Gordo Dan –socio fundador de “Carajo”--, tuvo que presentarse esta semana en oficinas del Ministerio Público porteño para ser indagado por amenazas, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del crimen y actos discriminatorios. Otros cuatro streamers devotos de Javier Milei fueron citados con la misma acusación. Uno de los picos de tensión se produjo cuando un empleado de la fiscalía les dijo que debían ir a otro piso a que les tomaran registro de las huellas dactilares. “A tocar el pianito”, como se dice en la jerga policial, algo que parece funcionar como un golpe de realidad para quienes están acostumbrados a construir una realidad paralela. Otro momento complicado fue protagonizado por el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, que en este caso también es acusado (el mismo que propuso tirar napalm en el conurbano), quien armó una escena “de escándalo al llegar contra la fiscal Celsa Ramírez. Luego se negó a firmar la restricción de acercarse y mencionar por cualquier vía respecto del denunciante, el diputado socialista Esteban Paulón, activista por los derechos del colectivo LGBTQ+, a quien trataron de “pedófilo” y de tener vínculos con el narcotráfico en diversas plataformas digitales y en redes sociales.

Parisini ingresó a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires este jueves junto con otro de los implicados, Mariano Pérez. Unificaron las defensas porque suponen que están mejor posicionados que el resto por el tenor de sus expresiones. Pérez protagonizó un entredicho con la querella cuando se puso a filmar en el pasillo un video –pese a las restricciones impuestas— donde decía que los acusados son gente común “perseguida por el poder”. El viernes fue el turno de Sarubbi Benítez, abogado en Argentina del consultor preso en Bolivia por intento de femicidio Fernando Cerimedo, quien además de llamar la atención en el despacho tuiteó contra la fiscal. También asistió Mariano Pazos. El quinto imputado citado a indagatoria es Nicolás Márquez, también conocido como el biógrafo de Milei, a quien el personal de la fiscalía hasta ahora no logró notificar en los domicilios que tienen registrados.

“Han realizado distintas expresiones amenazantes e intimidantes en detrimento de la figura pública del Diputado Nacional Esteban Paulón (…) Se les atribuye haber realizado, de manera continua, diferentes expresiones a través de publicaciones, tuits, comentarios y reacciones en distintas plataformas digitales, como ser la red social ‘X’ y algunos canales de stream en la plataforma digital ‘Youtube’ como CARAJO y EL FARO, Argentina será Próspera, donde acusaron al diputado Paulón de pedófilo y de tener vínculos con el narcotráfico, exponiéndolo de tal modo, a sufrir un escarnio público y, por ende, a sufrir un menoscabo de su honor y, principalmente, en su integridad física”, dice la imputación de la fiscal Ramírez, a la que accedió este diario.

El dictamen señala que se trata de manifestaciones “con una clara intención de estimular, y promover, de manera pública, a otras personas a cometer actos de agresión física” contra Paulón, “quien ha sido estigmatizado y discriminado” “por su orientación sexual, su perfil político y por su labor como gestor y promotor de políticas públicas en favor de las minorías sexuales (lesbianas, trans, bisexuales, personas no binarias)”, además de su activismo por los derechos del colectivo LGBTQ+” y “participar en programas de acompañamiento de infancias trans”. Ramírez puso énfasis en el hostigamiento sostenido en el tiempo y el temor que genera en la víctima, incluso “a perder su vida” por la repercusión pública, de ahí que se les endilgue a los influencers los delitos de incitación al odio y a la violencia colectiva.

A toda hora
Este grupo de exponentes del ecosistema digital libertario acumula denuncias penales, pero la mayoría quedan estancadas. Ya sea por la cantidad de escollos procesales que van sembrando en el camino o porque no todos los fiscales están dispuestos a analizar el efecto en conjunto de los ataques por redes y plataformas (se quedan en publicaciones aisladas). Sarubbi Benítez, por ejemplo, recusó a la fiscal Ramírez en todas las causas en su contra que ella tiene a cargo, como las impulsadas por la diputada Marcela Pagano y el periodista Pablo Duggan. Este viernes, con la misma metodología por la que se lo investiga, publicó un extenso posteo para cuestionarla y acusarla de “violadora de derechos y garantías”.

Frente a la denuncia de Paulón, la fiscalía hizo un análisis de todo lo dicho por los libertarios imputados, ligados a la agrupación conocida como “Las fuerzas del Cielo”, que se expandió bajo el ala de Santiago Caputo. Sus mensajes en general se caracterizan por atacar la homosexualidad y el feminismo, bajo la lógica de lo que llaman “la batalla cultural”. El problema es que promueven odio y violencia –entre otras cosas– y de ahí las imputaciones penales. Las menciones sobre Paulón en particular se remontan a 2024 y recrudecen en 2025 y, por las características, traen a la memoria el discurso de Milei en el Foro Económico Mundial en Davos en enero del año pasado. Allí dijo que “en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”, algo que asoció con la homosexualidad al citar el caso de una pareja gay condenada por abuso en Estados Unidos.

El diputado se decidió a recurrir a tribunales después de una emisión en “Carajo” de mediados de 2025 donde lo llamaban “pedófilo”. Esa es la palabra –la misma que había usado el Presidente-- que repiten de manera provocadora, una y otra vez en otros lugares, como El Faro, y en especial en “X”. Agregan y reiteran “degenerado”, lo acusan de querer “amputar los genitales a niños”, “usa a niños como excusa de sus perversiones”, de “publicar conductas que contagian el VIH” y le dicen “Sida para vos”. Se burlaban, además, de la denuncia penal por la que ahora tienen que rendir cuentas.

Ahora nadie dice nada
Ninguno de los cuatro libertarios que se presentaron a la indagatoria aceptó responder preguntas de la fiscalía. Parisini y Pérez presentaron descargos escritos, una posibilidad que tienen, donde introducen un previsible argumento de que todo lo que dicen es en uso del derecho a la libertad de expresión. Para Ramírez existe un límite y es el que aparece cuando se pueden configurar ciertos delitos; los que ella decidió adjudicarles son algunos graves. La instigación a cometer delitos y la intimidación pública, por ejemplo, prevén penas de hasta seis años de prisión, lo que podría a la larga llevar a una pena de cumplimiento efectivo. Lo mismo el artículo 3 de la ley que castiga los actos discriminatorios, que prevé hasta tres años de prisión. Habrá que ver, más adelante, la posición del juez penal, contravencional y de faltas Agustín Riggi.

Existen antecedentes de condenas por este tipo de violencia, como en el caso de otro influencer libertario, Emmanuel Dannan, denunciado por una mujer trans y por la periodista Marina Abiuso. En el primer caso se le impuso una multa. En el segundo, tareas comunitarias. En ambos se estableció la prohibición de nombrar o referirse a las víctimas. La causa impulsada por Paulón revela una trama, un sistema que se potencia por el funcionamiento en conjunto y en el tiempo.

La fiscalía pidió informes técnicos a organizaciones. Amnistía Internacional advirtió que las expresiones y las conductas investigadas “configuran violencia de género facilitada por las tecnologías de la información y la comunicación; se insertan dentro de un contexto de creciente deshumanización, violencia y discriminación hacia las personas LGBIT+; y generan para el Estado la obligación reforzada de investigar estos hechos”. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans detalló la “existencia de dolo e intención de incitar al odio y la violencia”, “el uso deliberado de estereotipos estigmatizantes”; además, analizan ese discurso, caracterizado por el odio y la violencia, en un contexto hostil hacia la comunidad LGBTI+ sin intención de debate, sino de reforzar patrones de segregación, amenaza y violencia. Agregan el impacto en la vida pública, la integridad física y el ejercicio de derechos.