España: Sánchez logra un triunfo y salva el decreto antidesalojos en vísperas de la campaña

Apenas veinticuatro horas después de que las calles de toda España se colmaran en la primera huelga general desde 2012, el Gobierno de coalición encabezado por el socialista Pedro Sánchez consiguió este jueves un triunfo parcial pero políticamente vital en la disputa por el acceso a la vivienda. En una jornada cargada de tensión en la víspera del inicio formal de la campaña hacia las elecciones anticipadas del 29 de noviembre, el Ejecutivo logró convalidar en la Diputación Permanente del Congreso el decreto ley que prohíbe los desalojos de familias vulnerables hasta 2030 y endurece las restricciones contra los fondos buitre. Sin embargo, la alegría oficialista quedó a mitad de camino: por apenas un voto de diferencia, la derecha y el nacionalismo vasco volvieron a tumbar el segundo decreto, impulsado por la alianza de izquierda Sumar, que establecía la renovación automática de los contratos de alquiler y fuertes indemnizaciones para los inquilinos.

El desenlace parlamentario funcionó como el correlato institucional inmediato de la jornada de lucha del miércoles, cuando cientos de miles de trabajadores y estudiantes paralizaron el país y marcharon en Madrid, Barcelona y decenas de ciudades para exigir respuestas frente a una crisis habitacional asfixiante. Con una inflación que trepó al 4,9 por ciento en octubre y salarios devorados por el mercado inmobiliario, el reclamo social había tomado un impulso irreversible a fines de septiembre tras la muerte de Maricarmen Abascal, una vecina madrileña de 87 años que falleció pocos días después de ser desalojada de la vivienda que habitaba desde hacía siete décadas. Aquel caso conmocionó a la sociedad española y empujó al Gobierno a dictar dos decretos de urgencia que, a principios de octubre, habían sido rechazados en el recinto por la mayoría absoluta de las derechas, precipitando el adelanto electoral decretado por Sánchez.

La clave del respiro obtenido este jueves por el Ejecutivo reside en una particularidad institucional del sistema parlamentario español. Con las Cortes ya disueltas por la convocatoria a las urnas, la encargada de refrendar o derogar los decretos dictados tras el cierre del recinto no es la Cámara completa, sino la Diputación Permanente, un órgano provisional de 69 integrantes que garantiza la continuidad legislativa durante los períodos preelectorales. A diferencia del pleno del Congreso —donde la suma del conservador Partido Popular, la ultraderecha de Vox, los independentistas catalanes de Junts y los regionalistas navarros de UPN alcanzaba los 178 escaños necesarios para bloquear cualquier iniciativa oficialista—, la composición ligeramente distinta de este órgano reducido inclinó la balanza por un margen mínimo. En él, el bloque progresista integrado por el Partido Socialista Obrero Español, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Bildu, el Partido Nacionalista Vasco y Podemos —que concentra la representación del Grupo Mixto— logró reunir 35 voluntades frente a los 34 votos negativos de PP, Vox y Junts.

Gracias a esa estrecha mayoría de un solo sufragio, el Gobierno consiguió blindar el paquete más amplio de intervención sobre el mercado inmobiliario, defendido en el debate por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La normativa aprobada extiende hasta 2030 la suspensión de los desalojos para personas vulnerables sin alternativa habitacional y establece una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler durante todo 2028. Además, crea el programa público Tu Casa, dotado con diez mil millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial para otorgar préstamos de hasta cincuenta mil euros destinados al acceso a la primera vivienda, junto con un fondo de impacto social de cuatrocientos millones para impulsar construcciones a cargo de proveedores sociales. El texto también amplía las definiciones legales para frenar la compra especulativa de inmuebles por parte de los fondos buitre e incorpora beneficios fiscales para pequeños propietarios que acepten reducir el valor de los alquileres. Durante su intervención, Rodríguez sostuvo que la vivienda no puede ser tratada como una mercancía ni como un activo financiero, sino como un derecho básico que requiere protección estatal frente a la especulación.

El escenario, sin embargo, se invirtió de inmediato cuando tocó votar el segundo decreto, defendido por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, referente de Sumar. Esa iniciativa pretendía establecer que, una vez vencidos los plazos legales de cinco años para propietarios particulares o de siete para empresas, los contratos de alquiler se prorrogaran de manera automática por otro período igual, obligando al dueño que quisiera rescindir el vínculo a indemnizar al inquilino con el equivalente a un año entero de renta. Bustinduy argumentó que la medida beneficiaría a cinco millones de personas con un ahorro promedio superior a los cuatro mil euros y recordó que regulaciones similares rigen en Alemania, Francia o Viena, dejando ese dinero en el bolsillo de las familias en lugar de transferirlo a las grandes inmobiliarias. No obstante, el Partido Nacionalista Vasco consideró desproporcionada la indemnización de doce mensualidades y sumó sus votos a los de PP, Vox y Junts, sellando el rechazo por 35 votos contra 34.

Con el arranque oficial de la campaña electoral fijado para la medianoche del viernes, la votación dejó delineado el eje central de la disputa política española. Mientras la izquierda celebra haber rescatado el escudo social antidesalojos al calor de la movilización sindical, el Partido Popular, que lidera las encuestas tras ocho años de gestión de Sánchez, ya advirtió que derogará estas medidas si regresa al Gobierno el próximo 29 de noviembre.