Vialidad: La Corte le pidió al Procurador Casal que dictamine sobre la condena a Cristina

La Corte Suprema aceleró el trámite en la causa Vialidad y derivó el recurso del fiscal de casación, Mario Villar, al Procurador General interino, Eduardo Casal. Lo que dictamine el jefe de los fiscales no es vinculante y la Corte puede fallar de manera distinta, pero se trata de una señal de que el máximo tribunal podría expedirse en la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por corrupción en la obra pública.

Villa quiere que la pena sea ampliada a doce años y por asociación ilícita, no sólo por fraude, tal como presentó en el escrito elevado el pasado 31 de marzo. Casal podría acompañar el pedido y la última palabra la tendría la Corte: si se ratifica la condena, más allá de si suma más años de prisión o no, se confirmaría la inhabilitación y la ex presidenta no podría presentarse a las elecciones.

Al mismo tiempo, la defensa de CFK tiene pendiente de resolución un recurso de queja ante el alto tribunal, para revertir el fallo en doble instancia. La dos veces presidenta fue condenada a fines de 2022 por el Tribunal Oral 2 y el fallo fue confirmado por la sala IV de la Cámara de Casación. La condena quedará firme si la Corte rechaza el recurso de queja interpuesto por el abogado Carlos Beraldi. CFK podría optar por la prisión domiciliaria, ya que es mayor de 70 años.

Villa insiste con el pedido de los fiscales en el juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, de una condena a doce años de prisión por asociación ilícita y administración fraudulenta. La sentencia fue a seis años y la inhabilitación perpetua para cargos públicos se aplicó solamente por administración fraudulenta.

En la apelación de la Fiscalía  ante Casación, la Cámara ratificó ese fallo. Villar fue a la Corte con un recurso extraordinario que fue rechazado, e insistió con un recurso de queja, al tiempo que apeló las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, y del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro.

La Corte Suprema ya trató 24 recursos de queja de los distintos imputados en la causa desde 2017. Ahora tiene pendiente resolver otros 17 recursos de queja, entre los que están los que cuestionan las condenas. Si confirma la condena a Cristina, eso derivaría en un cambio abrupto del mapa político de cara a las elecciones del 26 de octubre.