Cómo se prepara la cuarta Marcha Universitaria Federal

“Hay que llenar las plazas y las calles del país para que la ley valga más que un capricho”. Contundente, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, definió en esos términos lo que se pondrá en juego este martes, cuando la comunidad universitaria vuelva a salir a la calle. Docentes, estudiantes y sus familias, acompañados por gremios y la sociedad civil, harán la cuarta marcha federal en reclamo de que el gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento para las universidades públicas. Habrá marchas en todo el país y en la de la Ciudad de Buenos Aires se sumará un acto en Plaza de Mayo.

La palabra crisis queda chica para describir la situación en que el gobierno de La Libertad Avanza ha puesto a las universidades públicas. Con el argumento de achicar el déficit fiscal, Milei viene desfinanciando al conjunto de las universidades del Estado: sus fondos cayeron un 45,6 por ciento. “Esto implica que en todas las dimensiones de la vida universitaria y científica estamos a la mitad de nuestras capacidades”, indicó el rector.

El lunes, antes de la marcha, el gobierno anunció ajustes aún mayores (ver nota aparte).

Bartolacci explicó que “lo más urgente de resolver es la situación salarial del personal docente y no docente, que es realmente muy angustiante porque sus sueldos han perdido más del 50 por ciento de capacidad adquisitiva. Para darse una idea, hoy cerca del 70 por ciento de los trabajadores de la educación superior perciben un salario por debajo de los 650.000 pesos por mes”. La Canasta Básica para una familia es de 1.430.000, de acuerdo al Indec. Esto ha generado que la universidad pierda docentes, y que los que deciden quedarse terminen sometidos al pluriempleo.

El panorama excede a quienes enseñan: las becas estudiantiles Progresar fueron congeladas (su valor actual es de 35 mil pesos); los hospitales escuela denunciaron que están al borde de dejar de funcionar; la mayor parte de las actividades de investigación quedaron paralizadas por falta de partidas operativas.

Frente a los reclamos, el gobierno redobló la apuesta. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, respondió el reciente pedido de fondos para los hospitales universitarios acusando a las autoridades de la UBA de impulsar una “extorsión política”. Como lo hizo con otros sectores ajustados, el gobierno busca instalar que el conflicto es una disputa por la falta de transparencia en los gastos.

Articular broncas
“La pelea es claramente política, y por eso la marcha del 12 de mayo cobra una relevancia mayor. Porque vamos a salir a las calles a defender la universidad, pero también la democracia en un contexto de muchos malestares sociales”, dice Clara Chevalier, la secretaria General de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios.

“Nos toca una responsabilidad grande, que es la de tratar de construir una movilización que esté a la altura de las necesidades de nuestro pueblo. Será un momento para articular muchas de las broncas y por eso las plazas del país van a desbordar”, anticipa.

La jornada de protesta fue convocada por las tres patas de la comunidad universitaria: el Consejo Interuniversitario Nacional (los rectores), las federaciones de gremios docentes y no docentes y las federaciones estudiantiles.

A su vez, otros gremios, movimientos sociales y partidos políticos confirmaron que van a sumarse a las movilizaciones. Entre ellos están la CGT y las CTA, trabajadores de organismos científicos como el Conicet, los organismos de derechos humanos, la militancia peronista y la de la izquierda.

En la plaza
El acto principal está anunciado a las 17 en Plaza de Mayo, aunque las concentraciones comenzarán desde las 14, y aún desde antes, en el caso de los secundaris.

En la plaza Houssay estará el punto de encuentro de los sindicatos como AGDUBA y ADUBA. En la Facultad de Derecho de la UBA, habrá una concentración en las escalinatas que comenzará al mediodía. La Facultad de Ciencias Sociales reunirá a los suyos en la sede de Santiago del Estero 1029, mientras que el Congreso de la Nación se juntarán diversas columnas de gremios y organizaciones sociales. La CGT convocó en Diagonal Sur y Bolívar. A partir de las 15, las columnas comenzarán a movilizarse hacia la Plaza de Mayo.

Allí, según está previsto, habrá un acto con oradores, y además se leerá un documento escrito conjuntamente por los convocantes.

La Ley de Financiamiento
Lo que comenzó en diciembre de 2023 como una medida de austeridad técnica —la prórroga del presupuesto del año anterior— se ha transformado en la mayor disputa política y social del gobierno de Milei.

El conflicto comenzó en el primer trimestre de 2024. Con una inflación galopante, el Gobierno decidió mantener el presupuesto de 2023, lo que en la práctica significó un recorte masivo. Las imágenes de facultades de la UBA a oscuras para ahorrar energía recorrieron el mundo y desembocaron en la histórica Marcha Federal del 23 de abril de 2024, que obligó al Ejecutivo a girar fondos mínimos para los gastos de funcionamiento. Sin embargo, el gobierno no recompuso los salarios.

Meses después la comunidad universitaria consiguió que el Congreso sancionara una ley para actualizar las partidas por inflación, pero Milei la vetó argumentando la defensa del “déficit cero”.

Al año siguiente, en 2025, el Congreso redobló la apuesta y aprobó la Ley 27.795, para destinar fondos a las universidades. Milei la volvió a vetar, pero el Congreso reunió los votos necesarios para insistir en la ley, dejándola firme a pesar de la oposición del Poder Ejecutivo.

Esta victoria legislativa no significó el fin de la pelea. El Gobierno se negó a aplicar la ley y la comunidad universitaria debió llevar el caso a la Justicia.

En diciembre de 2025, un fallo judicial ordenó al Ejecutivo cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, pero la Casa Rosada apeló hasta llegar a la Corte Suprema, donde ahora el tema está pendiente de una resolución.

“Hicimos mil y una gestiones ante las autoridades y no logramos conmoverlas”, repasó Bartolacci, el presidente del Consejo Interuniversitario.

“Fuimos dos años al Congreso, que es lo que corresponde en materia presupuestaria. Logramos que se aprobara una ley de financiamiento y que se sostuviera incluso después de las elecciones del año pasado, con nueva composición del Congreso; tampoco logramos conmover al Poder Ejecutivo con eso. Fuimos, como correspondía, a la justicia para pedir que la ley se cumpla y obtuvimos los fallos judiciales a favor, pero tampoco lo logramos conmover. Por eso es muy importante que la sociedad en su conjunto se movilice, más allá de la comunidad universitaria y científica, de las organizaciones políticas y sociales. Hay que llenar las plazas y las calles del país”.