Injerencia: Detuvieron en Bolivia al fiscal que investiga a Cerimedo por una acusación de EEUU

En una sospechosa trama que envuelve al ex consultor argentino Fernando Cerimedo, al Departamento de Estado norteamericano y a las autoridades de investigaciones contra el narcotráfico en Bolivia, un sector de la policía de ese país detuvo al fiscal general Roger Mariaca durante un operativo sorpresivo al que el Ministerio Público boliviano calificó de “ilegal”.

Mariaca es quien acusó e investiga a Cerimedo, y fue privado de su libertad al pie de un avión en la ciudad de Sucre luego de que la Casa Blanca le revocara los visados bajo la imprecisa acusación de intentar “socavar gobiernos elegidos democráticamente”.

La maniobra fue informada ayer como un intento del gobierno de Donald Trump por proteger al ex consultor político de Javier Milei, del convicto Jair Bolsonaro y del ultraderechista mandatario boliviano Rodrigo Paz.

Cerimedo sigue con prisión preventiva en Bolivia por ser el principal acusado del intento de asesinato que sufrió su ex pareja Nadia Beller, en agosto último.

El arresto del fiscal
Fue Mariaca, como titular del Ministerio Público boliviano, quien se puso al frente de ese caso y desde entonces soportó presiones que escalaron a nivel internacional. En las últimas horas, el Departamento de Estado le revocó sorpresivamente la visa y lo incluyó en una lista de 21 altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú acusados de “corruptos”.

Horas después de esa acusación, un sector de la Policía Boliviana lo aprehendió mientras aguardaba un vuelo para trasladarse de Sucre a Santa Cruz “para cumplir con su agenda institucional”.

Pero la turbiedad del caso continuó cuando funcionarios del Ministerio Público boliviano convocaron a una conferencia de prensa para denunciar el carácter “ilegal” del “secuestro” de Mariaca, y hombres encapuchados y con chalecos de la CEIP (Centro Especial de Inteligencia Policial) coparon la sede de esa institución para allanar y detener a todo el personal judicial.

“Queremos denunciar el secuestro del fiscal general del Estado y la vulneración de los derechos humanos”, dijo un funcionario de la Fiscalía mientras un grupo de uniformados interrumpió la conferencia de prensa.

“Se están vulnerando los derechos y no se está respetando la institucionalidad del Estado, luego de que de manera cobarde se procedió al secuestro de nuestro fiscal general”, insistió el funcionario mientras los hombres armados se desplegaban por los despachos oficiales desoyendo las exigencias de los fiscales.

Junto a Mariaca, también fue aprehendido el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, sin que por ahora el gobierno boliviano ni la Policía tampoco hayan brindado alguna información oficial al respecto.

La trama detrás de la persecución a Mariaca
Si bien los motivos de la aprensión de Mariaca y Zeballos se desconocen, no pocos lo vinculan al caso Cerimedo, que además de estar acusado por tentativa de asesinato a Nadia Beller y enriquecimiento, también fue señalado como parte de una trama de protección y colaboración a narcotraficantes del departamento de Beni, fronterizo a Brasil.

Las pruebas de esta acusación son audios presentados por el vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, cuya difusión fue previa a la decisión del Departamento de Estado de acusar a Mariaca de “poner en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo de socavar las instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer”.

Mariaca rechazó las acusaciones en su contra y vinculó la decisión de Washington con las “implicaciones” que tuvo dentro y fuera de Bolivia el caso Cerimedo. Hasta el Gobierno boliviano calificó de “graves” esas acusaciones y pidió a Estados Unidos la información correspondiente.

En octubre de 2024, Mariaca fue elegido fiscal general de Bolivia para un periodo de seis años, por el anterior Legislativo, en el que tenía la mayoría el entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los ex presidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El Legislativo boliviano tiene prevista una sesión para analizar la información que envíe Estados Unidos y la posible conformación de una comisión que investigue esas acusaciones.