Lawfare 2: Fiscal Boliviana ordenó la detención de Evo Morales

La Fiscalía de Bolivia ha emitido una orden de detención contra el expresidente Evo Morales por no haberse presentado a declarar en un caso judicial relacionado con delitos de abuso de menores y trata de personas. Este caso, que data de 2016, involucra acusaciones graves contra el exmandatario, quien sostiene que la reapertura de la investigación tiene motivos políticos.

La orden fue emitida por Sandra Gutiérrez, fiscal del departamento de Tarija, quien subrayó que la ley se aplica de manera igualitaria sin importar el rango de la persona involucrada. "La ley así lo ordena, sea Evo Morales, sea Juan Pérez, la ley es absolutamente para todos", señaló Gutiérrez, destacando la transparencia en el proceso judicial.

Reabriendo un caso cerrado y utilizado por el gobierno de facto de Añez, violando las leyes nacionales, la Constitución y el Derecho Internacional, el gobierno de Luis Arce está forzando un proceso penal.
Inventando acusaciones, torciendo las leyes y con la complicidad de… pic.twitter.com/GUofdXlDiB

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 10, 2024

El líder del Movimiento al Socialismo (MAS) no se presentó a la citación judicial y manifestó que el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, ha reabierto este caso como parte de una estrategia política. Morales afirma que se trata de una investigación armada por el gobierno provisional de Jeanine Áñez en 2020, luego del golpe de Estado, para impedirle presentarse en las elecciones de 2025.

Qué dice la denuncia contra Evo Morales
Según la denuncia de 2020, se acusa a Morales de haber tenido una relación con una menor de 15 años en 2016, con quien presuntamente tuvo una hija. La investigación también involucra a los padres de la adolescente, quienes supuestamente facilitaron la relación a cambio de favores.

La menor no ha sido identificada públicamente y tampoco se ha presentado a declarar en el proceso judicial.

El delito de estupro, uno de los cargos imputados, es de orden privado en Bolivia, lo que implica que solo puede iniciarse una investigación si la víctima o sus familiares directos presentan una denuncia. Sin embargo, en el caso de trata de personas, el Estado puede actuar de oficio para abrir una causa judicial.