Repercusiones por la eliminación de controles en la designación de jueces de la Corte

El 22 de mayo de 2026, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses. Esta iniciativa, como el reciente decreto que elimina controles ciudadanos en la designación de jueces de la Corte, promueven la reducción de espacios de participación y control ciudadano en asuntos de interés público y vuelven a colocar en el centro del debate una pregunta fundamental para la democracia: qué espacio conserva la sociedad civil para participar, incidir y controlar las decisiones públicas.

A raíz de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, un conjunto de organizaciones difundió un comunicado en el que advierte sobre los posibles efectos de la propuesta sobre la participación ciudadana, la autonomía de las organizaciones y el control democrático de las políticas públicas. A continuación, reproducimos el texto completo, en el que expresan su preocupación por los alcances del proyecto.

La transparencia en los procesos de toma de decisiones públicas es un objetivo legítimo y necesario para fortalecer la democracia. Sin embargo, el proyecto propuesto por el Ejecutivo nacional no va en esa dirección. El texto incorpora mecanismos que restringen la participación ciudadana, debilita la capacidad de incidencia de organizaciones sociales y amplía el control estatal sobre actores que cumplen una función importante en la sociedad.

Las relaciones entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil son de naturaleza diferente y no pueden regularse como si fueran equivalentes. El contacto entre una empresa y un funcionario en busca de un beneficio regulatorio o directamente económico no es comparable con el trabajo de una organización que promueve derechos, representa intereses de colectivos, expresa demandas sociales o se dedica al control democrático del poder. Equipararlos bajo el mismo régimen de registro, control y sanciones no es neutral: tiene consecuencias políticas serias.

Las organizaciones de la sociedad civil ya tienen obligaciones de transparencia. Rinden cuentas periódicamente ante los organismos de registro correspondientes, informando sus ingresos, egresos y proyectos. Lejos de ampliar la transparencia, el efecto de una iniciativa de este tipo puede ser el contrario: desalentar la participación de organizaciones pequeñas, reducir la pluralidad de voces presentes en el debate público y fortalecer las desigualdades existentes entre quienes cuentan con mayores recursos y quienes representan intereses colectivos o comunitarios, grupos afectados y sus familias, espacios como centros de estudiantes, iglesias y movimientos sociales.

El proyecto genera alertas porque, de avanzar, va a limitar las tareas cotidianas de la sociedad civil. El trabajo sobre los problemas públicos implica que las organizaciones que trabajan en derechos humanos o transparencia, que inciden para controlar los poderes, que buscan mejores políticas públicas en educación o salud, o las que se preocupan por el ambiente, entre muchas otras, necesitan reunirse, enviar correos o realizar llamadas con legisladores, con partidos políticos de oposición, o con funcionarios públicos de cualquier orden. Esa posibilidad no es un privilegio: es una condición indispensable para que el control ciudadano y la incidencia en las políticas públicas sean efectivos.

En el proyecto propuesto, las organizaciones que reciben fondos de la cooperación internacional corren con la posibilidad de que el Estado les exija información extraordinaria invocando conceptos amplios como «seguridad interior» o «interés público». El proyecto las equipara de manera indebida con representantes de intereses extranjeros, lo que reproduce además una lógica que históricamente ha sido utilizada para estigmatizar y restringir el trabajo de la sociedad civil. La experiencia de países que adoptaron leyes de agente extranjero, en Hungría o Paraguay en nuestra región, muestra cómo estas normas terminan operando como herramientas de control que limitan la capacidad de las organizaciones de actuar con libertad.

Sin límites precisos en la ley y con sanciones penales de hasta seis años de prisión para incumplimientos formales, el margen para un uso arbitrario de esta nueva normativa es considerable. Esa asimetría se agudiza cuando se compara con lo que el proyecto prevé para los funcionarios que incumplan el régimen: apenas una «falta grave».

Tan grave como el punitivismo, se suma el efecto disuasorio. Si participar en el debate público implica riesgo penal, muchas organizaciones y colectivos organizados van a reducir su actividad o dejar de interactuar con el Estado. No es un escenario hipotético: en distintos países y regiones del mundo se ha observado cómo normas presentadas como herramientas de transparencia terminaron siendo un mecanismo de presión y vigilancia sobre la sociedad civil. Es un patrón que conocemos y que no queremos ver reproducido en nuestro país.

Este proyecto restringe la participación y la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil, concentra los controles en una autoridad sin independencia y criminaliza errores formales. No fortalece la democracia: la erosiona precisamente donde más importa.

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