Un año de la proscripción de Cristina: El fallo que la encerró y la militancia que no la olvida

El 10 de junio de 2025, quince minutos después de las 17, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cambió la historia política argentina. En una reunión convocada de manera inusual ese mismo día, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron en forma unánime el recurso de queja presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejaron firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa Vialidad. La decisión tuvo consecuencias inmediatas y dobles: la expresidenta quedó detenida en su domicilio del barrio de Constitución y quedó excluida de las elecciones legislativas bonaerenses en las que ya había anunciado su candidatura.

Un año después, Kirchner sigue cumpliendo su condena en la misma dirección, con tobillera electrónica y un régimen de visitas que organismos de derechos humanos y legisladores de la oposición calificaron de «represivo y arbitrario». La militancia kirchnerista, en tanto, prepara el aniversario con actos callejeros y un banderazo convocado para el 20 de junio en Parque Lezama, Día de la Bandera.

El fallo que rompió todos los tiempos
Lo que más llamó la atención de juristas y analistas no fue solo el contenido del fallo, sino su velocidad. Según consta en el escrito de recusación presentado posteriormente por la defensa de la expresidenta, la Corte resolvió el recurso clave en apenas 40 días hábiles, en contraste con los más de 700 días que, según las propias estadísticas del tribunal, demora en promedio el tratamiento de causas penales en ese nivel de instancia.

La inusual celeridad no fue el único cuestionamiento. La defensa encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy denunció que la Corte omitió tratar las irregularidades procesales planteadas a lo largo de todo el expediente y que el fallo fue resuelto en coincidencia directa con el anuncio de la candidatura de Kirchner a legisladora provincial. En la primera semana de junio de 2025, medios hegemónicos ya adelantaban que el máximo tribunal había decidido confirmar la condena, lo que generó acusaciones de filtración y de deliberación extrajudicial. Según reconstrucción periodística publicada en Resumen Latinoamericano, los votos de Rosatti y Rosenkrantz llegaron a la secretaría penal en sobre cerrado, en una práctica inusual en la era de la digitalización.

El fallo en sí tenía 27 páginas, pero sus críticos señalaron que la mayor parte estaba dedicada a reprochar a la defensa la falta de fundamentación de sus planteos, sin ingresar al análisis sustantivo de las denuncias de irregularidades. El Tribunal rechazó también el pedido de la fiscalía de aplicar la figura de asociación ilícita y elevar la pena a 12 años, aunque ratificó la condena por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en relación con 51 licitaciones de obra pública otorgadas en la provincia de Santa Cruz.

Proscripción y tobillera: un año de condiciones excepcionales
Desde el 17 de junio de 2025, cuando quedó notificada y detenida en su departamento de la calle San José 1111, el barrio porteño de Constitución se convirtió en punto de concentración permanente de la militancia kirchnerista. La expresidenta cumple la condena con tobillera electrónica y bajo un régimen de visitas que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) endureció en noviembre de 2025: dos días por semana, dos horas y un máximo de tres personas por visita con autorización judicial previa.

Ese régimen fue impugnado judicialmente por la defensa, que también solicitó el retiro de la tobillera y el levantamiento de restricciones de acceso a la terraza del edificio. El juez Uriburu, del TOF2, rechazó todos los pedidos al considerar que no existían razones nuevas que justificaran modificar las condiciones de cumplimiento de la condena. La Corte Suprema, por su parte, intervino nuevamente en diciembre de 2025 para rechazar los planteos de recusación que la propia Kirchner había presentado contra los tres ministros, alegando "temor fundado de parcialidad" derivado de la tramitación del fallo de junio. El tribunal desestimó esos planteos considerando que la recusación se apoyaba exclusivamente en el ejercicio de las atribuciones legales de los ministros.

Según un informe del Consejo de la Magistratura difundido en mayo de 2026 y recogido en notas previas de este medio, solo el 1,76% de los detenidos federales con prisión domiciliaria enfrenta restricciones de visitas similares a las impuestas a la expresidenta. El 98,24% restante, incluidos condenados por narcotráfico y delitos de lesa humanidad, puede recibir visitas sin limitaciones.

La reacción política: "La democracia queda profundamente herida"
La confirmación de la condena generó una reacción unificada en el peronismo que pocas veces se había visto desde la derrota electoral de 2023. El gobernador bonaerense Axel Kicillof advirtió que el fallo dejaba a la "democracia profundamente herida" y afirmó que enfrentar esa situación era "la responsabilidad histórica" del espacio. Calificó la decisión como "un nuevo capítulo en la larga historia de ataques al peronismo".

El senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro fue más directo en los actos realizados frente al domicilio de la expresidenta durante las últimas semanas: "Hay que militar hasta romper la proscripción de Cristina", afirmó, y aseguró que "guste o no guste, Cristina es la conducción". El legislador también apuntó contra sectores del peronismo que no priorizan el reclamo por la libertad de la expresidenta: "Hace un tiempo dije que me dolía que algunos compañeros de militancia no estén acá pidiendo por la libertad de Cristina. Ahora no me duele más, me da rabia".

La defensa de Kirchner prepara una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde deberá demostrar que existieron graves violaciones a garantías procesales o constitucionales. La CIDH examinará primero la admisibilidad del planteo, en un proceso que puede extenderse por años.

El banderazo del 20 de junio y la interna que no cesa
El kirchnerismo organiza una serie de actos durante toda la semana del aniversario. La convocatoria central será el 20 de junio, Día de la Bandera, con un banderazo en Parque Lezama al que se espera que Kirchner se sume enviando un mensaje en audio, tal como lo hizo en el acto homólogo de 2025, cuando pidió a los militantes que evitaran concentrarse frente a su domicilio para no caer en lo que calificó como una «provocación» del operativo de seguridad montado por el Ministerio de la Gestión a cargo de Patricia Bullrich.

La organización de los actos, sin embargo, expone también las tensiones internas del peronismo. Sectores de La Cámpora sostienen que la situación judicial de la expresidenta debe ser el eje ordenador de la campaña para 2027, mientras otros sectores, más cercanos a Kicillof, prefieren correrse de esa agenda. La frase de De Pedro fue leída como una interpelación directa al gobernador bonaerense, con quien el kirchnerismo mantiene una disputa que va más allá de la coyuntura judicial.

Lo que sí parece indiscutido dentro del espacio es el peso simbólico de la fecha. El 10 de junio de 2025 fue la última vez que Cristina Fernández de Kirchner estuvo en absoluta libertad en la vía pública. Ese día esperó el fallo en la sede del Partido Justicialista, en la calle Matheu, rodeada de decenas de dirigentes del peronismo. Un año después, la militancia vuelve a las calles para reclamar lo que considera su liberación.