Alerta corrupción: El nuevo proyecto de Inocencia Fiscal incluye a funcionarios públicos

El Gobierno redobló la apuesta con el régimen de Inocencia Fiscal. En lugar de excluir a los funcionarios públicos, uno de los puntos más cuestionados desde que se sancionó la ley, el proyecto enviado este jueves a la Cámara de Diputados mantiene esa posibilidad y permite que incluso el propio presidente Javier Milei adhiera al programa. Además, amplía el alcance del sistema para contribuyentes de mayor capacidad económica. La iniciativa flexibiliza los requisitos para adherir al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y habilita también a los Grandes Contribuyentes Nacionales a ingresar a la modalidad simplificada, en un nuevo intento oficial por captar los llamados “dólares del colchón” y acelerar su ingreso al sistema financiero.

La nueva versión de la denominada Inocencia Fiscal llega después de que el Ministerio de Economía admitiera que la ley aprobada a fines del año pasado no había logrado la adhesión esperada. Tras reuniones con tributaristas y consejos profesionales, el Gobierno decidió introducir modificaciones para brindar mayores garantías a los contribuyentes.

Uno de los cambios más importantes modifica los requisitos para ingresar al régimen simplificado. La normativa vigente exigía cumplir simultáneamente tres condiciones: ingresos inferiores a 1.000 millones de pesos anuales, patrimonio menor a 10.000 millones y no integrar el padrón de Grandes Contribuyentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El nuevo proyecto elimina las restricciones de ingresos y patrimonio para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. En el caso de los Grandes Contribuyentes Nacionales, podrán acceder únicamente a la modalidad simplificada para liquidar el impuesto, aunque continuarán excluidos de las presunciones de exactitud, los efectos liberatorios y el resto de los beneficios especiales previstos por la ley.

Para Ricardo Koos, integrante del Grupo Fénix, el nuevo texto no corrige el principal cuestionamiento que había recibido el régimen. “Esta adenda no soluciona uno de los puntos más polémicos, que es que los propios funcionarios pueden adherirse; de hecho, el día de mañana Milei podría hacerlo”, afirmó.

Otro de los cambios redefine el concepto de “discrepancia significativa”, uno de los aspectos más discutidos por los especialistas. Actualmente, cuando una fiscalización determina diferencias iguales o superiores al 15 por ciento respecto de la declaración presentada, el contribuyente pierde automáticamente la presunción de exactitud. El proyecto incorpora un nuevo umbral para evitar esa consecuencia cuando la diferencia reclamada no supere el equivalente al 5 por ciento del mínimo previsto por la Ley Penal Tributaria, actualmente unos 5 millones de pesos.

La iniciativa también introduce una posibilidad que hasta ahora no existía. Si ARCA detecta una discrepancia significativa, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada rectificativa y cancelar la diferencia junto con los intereses correspondientes dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación. Si cumple con ese procedimiento, conservará todos los beneficios del régimen.

Además, el proyecto incorpora un mecanismo de reintegro acelerado. Si un contribuyente paga el ajuste para mantener los beneficios y posteriormente la Justicia revoca la impugnación realizada por ARCA, el organismo deberá devolver las sumas abonadas con los intereses correspondientes en un plazo máximo de 45 días hábiles, restituyendo plenamente la presunción de exactitud.

Más allá de esas modificaciones, Koos advirtió que el problema de fondo permanece. Según explicó, “el régimen simplificado es de por sí laxo y vacía de contenido la información fiscal de los contribuyentes”, reduciendo las herramientas con las que cuenta el organismo recaudador para realizar su tarea. A su entender, la reforma limita la capacidad de fiscalización del Estado incluso sobre tributos distintos al Impuesto a las Ganancias.

“Se trata de un sinsentido que por una declaración de Ganancias el fisco pierda la posibilidad de controlar períodos anteriores de otro impuesto, como el IVA”, sostuvo el especialista. Según remarcó, quienes adhieran al régimen no podrán ser fiscalizados respecto de ejercicios anteriores a 2025, lo que “desactualiza los contenidos de información que tiene ARCA para verificar las declaraciones juradas de los contribuyentes” y debilita las herramientas de control disponibles para el organismo.

Para Martín Epstein, analista económico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el nuevo proyecto no modifica el espíritu de la ley sino que profundiza sus alcances. “Expande el universo de potenciales beneficiarios y restringe aún más la capacidad de control de organismos como ARCA y la Unidad de Información Financiera (UIF), intentando garantizar a quienes adhieran que no habrá revisiones futuras sobre las ventajas impositivas y legales otorgadas”, sostuvo. A su entender, la denominada “presunción de exactitud” traslada la carga de la prueba al Estado y limita la capacidad de fiscalización del organismo recaudador.

El economista también cuestionó la decisión de mantener abierto el régimen para funcionarios públicos. Recordó que el caso del entonces vocero presidencial Manuel Adorni “refleja que eso ya está ocurriendo” y señaló otra contradicción: “Funcionarios de altísimo rango, como el propio ministro Luis Caputo, siguen manteniendo fuera del sistema sus ‘dólares del colchón’, aun con el blanqueo impulsado por el Gobierno”. Además, consideró que la estrategia difícilmente logre el objetivo oficial de captar divisas. “La idea de un blanqueo permanente es un contrasentido porque no ofrece los incentivos extraordinarios que tuvieron las moratorias anteriores. Luce, una vez más, como una medida desesperada frente al agotamiento del modelo económico”, concluyó.

Con este nuevo texto, el oficialismo intentará acelerar el tratamiento legislativo para que las modificaciones entren en vigencia durante las próximas semanas. Sin embargo, el debate no girará únicamente alrededor de los cambios técnicos incorporados al régimen. También pondrá en discusión hasta qué punto el Estado resigna capacidad de fiscalización para intentar atraer capitales no declarados y por qué, pese a las críticas recibidas, el Gobierno decidió mantener abiertos esos beneficios para sus propios funcionarios.