La Justicia consolidó en "Cuadernos" la falsedad de la condena contra Cristina Kirchner por "Vialidad"

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, , comunicaron este martes la consolidación de una nueva prueba que contradice el fundamento central de la condena contra la dos veces presidenta en la causa Vialidad. Durante una conferencia de prensa, los letrados explicaron el contenido de la documentación, cuestionaron la interpretación utilizada en la sentencia y adelantaron los próximos pasos de la estrategia judicial, que incluye una nueva presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La información está relacionada con el destino de los fondos del fideicomiso entre 2009 y 2015 y quedó consolidada en la Justicia a partir de la declaración de un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad en el marco de la causa Cuadernos.

Según explicó Beraldi, ese testimonio permitió acceder a datos con los que la defensa pudo reconstruir cómo se repartieron esos recursos durante el período investigado. Ese punto es central para los abogados porque, según su interpretación, permite discutir uno de los fundamentos de la condena.

“Cristina fue condenada por la mala utilización de los fondos del fideicomiso por haber dictado un decreto que era el 54, haciéndonos creer que ese decreto solo había beneficiado con fondos a Lázaro Báez”, sostuvo Beraldi.

Según el análisis presentado por la defensa, durante esos años se distribuyeron más de 2.000 millones de dólares provenientes del fideicomiso. De ese total, los abogados señalaron que menos del 1 por ciento correspondió al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez.

Para Beraldi, ese dato contradice la interpretación que se hizo durante el juicio. El abogado recordó que la defensa había intentado incorporar una pericia contable para determinar cómo se habían distribuido los fondos, pero que esa prueba fue rechazada.

“La imputación era absolutamente falsa”, afirmó. Y agregó: “Todas las pruebas fueron desvirtuadas”. Sobre la sentencia, fue contundente: “Es injusta”.

La defensa también cuestionó la forma en que se interpretó el decreto 54/2009. Según Beraldi, se trataba de una norma de alcance general y no de una medida creada para beneficiar a una empresa en particular. La nueva información sobre los fondos es, para los abogados, un elemento que permite volver sobre esa interpretación.

Rafael Valim explicó que la defensa encargó un estudio a un grupo de economistas brasileños encabezado por Antonio Correa de la Cerda. Allí aparece un dato más preciso: el Grupo Austral recibió el 0,85 por ciento de los fondos analizados.

Valim comparó ese porcentaje con el de otra empresa mencionada durante la conferencia, que habría recibido el 16 por ciento. También señaló que Austral habría recibido alrededor de 18 millones de dólares, mientras que IECSA habría recibido unos 360 millones.

Para el abogado brasileño, esos números cambian el eje de la discusión. Por eso definió el hallazgo como “un giro decisivo” y sostuvo: “Ahora se deja claro que no hay ningún fundamento fáctico para condenar a la presidenta Cristina”.

Valim también cuestionó la relación que, según la defensa, se estableció entre el decreto, el fideicomiso y las empresas vinculadas a Báez. “Se creó una mentira para condenar a la presidenta Cristina”, afirmó.

Con la nueva documentación presentada, los abogados ya definieron los próximos pasos. La primera vía será intentar revisar la condena en la Justicia argentina. Beraldi explicó que existen mecanismos previstos en los códigos procesales que la defensa analiza utilizar y que podrían incluir un pedido para suspender la ejecución de la sentencia.

En paralelo, llevarán la nueva prueba al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde ya existe un reclamo de la defensa contra distintos aspectos de la condena, entre ellos la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“Vamos a llevar esta prueba al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, confirmó Beraldi. Según explicó, esperan que el organismo pueda analizar el caso en octubre.

Borrego, por su parte, resumió la estrategia en tres caminos: la revisión judicial en la Argentina, el reclamo ante Naciones Unidas y una tercera vía vinculada con la discusión política del caso.

Para la defensa, la nueva prueba permite volver sobre el fundamento de la condena a partir de los datos sobre cómo se distribuyeron los fondos del fideicomiso. Ahora deberán intentar que esos argumentos sean tomados en cuenta tanto por la Justicia argentina como por el organismo internacional.

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