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Política

La oposición reclama al Gobierno una respuesta para los millones de familias endeudadas

En Diputados y Senadores se acumulan iniciativas de distintos sectores políticos para aliviar la situación de los hogares. Proponen planes de regularización, quitas de intereses, suspensión de embargos y nuevas herramientas para prevenir el sobreendeudamiento.

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En Diputados y Senadores se acumulan cerca de 30 proyectos que buscan dar respuesta a una problemática que afecta cada vez a más hogares argentinos: el crecimiento de las deudas con bancos, tarjetas de crédito y plataformas financieras.

Las iniciativas son impulsadas por distintos sectores de la oposición, algunos más cercanos y otros más alejados del oficialismo, que reclaman que el Congreso abra el debate y avance en la búsqueda de soluciones para las familias endeudadas.

El tema cobró impulso luego de que el presidente Javier Milei afirmara en las últimas semanas, al referirse a las deudas, que “son una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados”. Frente a esa postura, distintos bloques opositores presentaron proyectos para intervenir sobre el problema del sobreendeudamiento.

Las propuestas también surgen después de que relevamientos de consultoras privadas e instituciones académicas estimaran que el nivel de endeudamiento de los hogares alcanzó máximos de las últimas dos décadas.

Desde Provincias Unidas, el radical crítico Pablo Juliano presentó una iniciativa y advirtió que “desde que llegó Milei al poder se multiplicó la morosidad de las familias y se disparó el crédito de corto plazo”. En su proyecto cita informes de la consultora Zentrix, que señala que ocho de cada diez personas no llegan con dinero al día 20.

El diputado bonaerense propone crear un Régimen de protección y defensa de usuarios financieros y prevención del sobreendeudamiento en el sistema de crédito. “La morosidad no bancaria supera el 30% y debemos evitar que esta crisis se vuelva sistémica y termine estallando socialmente”, sostuvo el legislador de la UCR en Provincias Unidas.

La advertencia de Unión por la Patria
Desde Unión por la Patria (UxP) plantean que la situación es incluso más grave que la registrada durante la crisis de 2001.

“Ese año la crisis surgió porque retuvieron los fondos de la gente que tenía depósitos en los bancos. Hoy es peor la crisis porque la gente tiene deudas con los bancos y sobre todo con las plataformas digitales que son usurarias con sus intereses. Hoy no son gastos para comprar heladeras, televisores, o cambiar el auto, hoy los gastos son para comer”, señaló a TN el diputado Carlos Castagneto.

El legislador adelantó que la bancada que conduce Germán Martínez está trabajando en la unificación de los distintos proyectos para luego discutirlos en las comisiones correspondientes.

Entre las iniciativas figuran también las firmas de las legisladoras Lucía Cámpora, Julieta Campo, Gabriela Estévez, Paula Penacca y Julia Strada, entre otras.

A su vez, los diputados Vanesa Silley, Mario Manrique, Sergio Palazo y Lucía Cámpora propusieron la creación de una plataforma denominada Desendeudar, Segunda oportunidad familiar. También existen proyectos presentados por el porteño peronista Roberto Santiago y la bonaerense Natalia Zaracho.

Por otra parte, Diego Giuliano y Caren Teep propusieron declarar la emergencia nacional en materia económica y social debido al endeudamiento de personas humanas y/o grupos familiares, usuarios de tarjetas de crédito y tomadores de préstamos personales a través de plataformas fintech en todo el territorio nacional.

El objetivo de la iniciativa es implementar medidas destinadas a prevenir situaciones de sobreendeudamiento crítico y proteger la estabilidad económica y social de los hogares argentinos.

Un régimen especial para las Pymes
La problemática del endeudamiento también alcanza a las pequeñas y medianas empresas. La diputada peronista Roxana Monzón impulsa un régimen especial para las deudas de Pymes y Micro Pymes con el ente recaudador ARCA, a través de un plan de regularización fiscal.

La propuesta establece que no se exigirá ningún pago a cuenta ni anticipo para la consolidación del plan. La financiación podrá extenderse hasta un máximo de 120 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

La tasa de interés será fija y equivalente al 50% de la tasa pasiva promedio del Banco de la Nación Argentina vigente al momento de la consolidación. Las cuotas vencidas y no abonadas en término devengarán únicamente el interés resarcitorio, sin acumulación de intereses punitorios, salvo que se produzca el incumplimiento de tres cuotas consecutivas o alternadas. En ese caso, operará la caducidad del plan.

La iniciativa también contempla la suspensión de ejecuciones y embargos.

“El tejido productivo nacional se encuentra asfixiado por una profunda crisis económica, caracterizada por una severa y sustancial caída del consumo en el mercado interno, el incremento desmedido de los costos operativos y una devaluación del poder adquisitivo que paraliza las ventas comerciales e industriales”, fundamentó Monzón.

Los aliados del Gobierno también reclaman medidas
Dentro de los sectores que acompañaron distintas iniciativas del oficialismo también aparecen voces que consideran necesario buscar una salida al problema.

El diputado del PRO Cristian Ritondo sostuvo que el Gobierno debería promover conversaciones con el sector financiero y bancario para encontrar mecanismos que permitan aliviar las deudas de las familias.

“El Gobierno debería hablar con el sector financiero y bancario para encontrar alguna forma que, en esta lógica de baja de inflación, de baja tasas favorezca que haya algún tipo de negociación con la deuda que tienen las familias. Principalmente en tarjetas de crédito, tarjetas de pago, entendiendo que las tasa que tienen las tarjetas son muy altas comparado con la inflación que hay”, planteó.

Los datos del BCRA muestran un deterioro de la situación crediticia de los hogares. Según información publicada recientemente, la irregularidad del crédito a las familias alcanzó el 12,7% en junio, después de 19 meses consecutivos de aumentos.

En el caso de los préstamos personales, la irregularidad llegó al 15,9%, mientras que en las tarjetas de crédito alcanzó el 13,1%.

Desde el Senado, la legisladora Beatriz Ávila, integrante de la bancada Independencia y aliada al oficialismo que lidera Patricia Bullrich, presentó una iniciativa para facilitar la regularización de las deudas de consumo.

El proyecto propone quitas sobre los intereses, planes de pago de hasta 60 meses y la suspensión de embargos y reportes negativos mientras se cumpla con el acuerdo.

La iniciativa establece un mecanismo para que las personas sobreendeudadas puedan reorganizar sus obligaciones, afrontar sus compromisos bajo condiciones más sostenibles y mantenerse dentro del sistema financiero formal, evitando que una situación de mora termine derivando en una exclusión financiera permanente.

El proyecto contempla una condonación mínima del 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados, planes de pago de hasta 60 meses y una tasa de interés equivalente a la tasa pasiva promedio del Banco Central.

También establece la suspensión de embargos, ejecuciones y reportes negativos mientras el deudor cumpla con el plan acordado.

“El problema del sobreendeudamiento ya está afectando a miles de familias y necesitamos darles una herramienta concreta para salir de esa situación. No se trata de promover el incumplimiento ni de borrar las deudas: se trata de generar condiciones para que una persona que cayó en mora pueda regularizarse y volver a ser parte del sistema financiero formal”, sostuvo Ávila.

Por ahora, La Libertad Avanza no muestra disposición a avanzar con estas iniciativas, mientras crece el número de legisladores que reclama abrir las comisiones para comenzar a debatir los proyectos.

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