El juez que frenó la reforma laboral denunció hostigamiento

A fines de marzo pasado el titular del Juzgado del Trabajo N°63, Raúl Horacio Ojeda, hizo lugar al pedido presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y frenó la aplicación de la casi totalidad de la polémica reforma laboral que aprobó el Congreso de la Nación a instancias del gobierno de Javier Milei. En su fallo, el juez Ojeda dispuso la suspensión de 82 artículos de la reforma laboral por medio de una medida cautelar hasta tanto resuelva la cuestión de fondo.

Días más tarde a Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con las firmas de los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, resolvió otorgar efecto suspensivo a la apelación que presentó el gobierno de Milei contra la medida cautelar de primera instancia y así entraron en vigencia nuevamente los artículos antes suspendidos.

Inmediatamente Milei premió a Pesino y en menos de 24 horas oficializó el pedido del Ejecutivo para que el camarista pueda permanecer en su cargo por 5 años más a pesar de haber alcanzado la edad jubilatoria según manda la Constitución Nacional.

Ahora, el juez Ojeda denunció presiones del Ejecutivo. “Hay algo pesado, mucho interés en juego”, advirtió este lunes el magistrado en diálogo con la radio AM 750, en medio de una andanada de ataques mediante los cuales lo tildan de "Juez K".

“Lo que ocurre es que no tienen argumentos técnicos para rebatir lo que puse en las resoluciones. El carpetazo viene por el lado de qué trabajé para Carlos Tomada. Bienvenido sea, porque creo que fue el mejor ministro de Trabajo”, afirmó.

Ojeda explicó que trabajó para Tomada —ministro de Trabajo de Néstor y Cristina Kirchner— como asesor técnico. “Lo que en la calle se llama un ‘ratón de biblioteca’. Mañana van a decir que soy hincha de San Lorenzo o alguna otra pavada así. Porque no pueden decir nada contra una resolución que tiene peso propio”, dijo indignado.

El fallo dictado la semana pasada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo modifica el efecto concedido al recurso de apelación presentado por el Estado nacional en la causa que discute la reforma laboral.

La decisión, adoptada por la Sala VIII del tribunal, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino, dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de una parte significativa de la ley.

Ojeada no ahondó en detalles: “Yo no puedo emitir opinión al respecto, porque no dicté la resolución de fondo. Y si digo algo, me quitan la causa”. De todos modos, advirtió que “el ambiente está muy revolucionado y los actores sociales también”. “El hecho de que me hayan atacado tanto, indica que hay algo ahí. Hay algo pesado, de fondo, mucho interés en juego”, resaltó el magistrado.

Según describió, “nunca en el ambiente académico, algo a lo que el periodismo está ajeno, se generó tal fervor”. “Hay análisis por todos lados y las opiniones no son muy favorables”, dijo.

“Hay mucha opinión en contra. Y los que están a favor son los que dicen ser autores de la ley”, afirmó. Y dijo: “Seguro que va a terminar siendo la Corte la que falle. Porque el primer fallo lo voy a dictar yo, el segundo va a ser apelado, y ya sea que gane la CGT o las empresas, va a terminar en la Corte”.

“Los fallos de primera y segunda instancia son importantes porque van marcando la tendencia. Si yo dicto una sentencia favorable, la reforma queda en suspenso. Si la Cámara lo confirma, sigue en suspenso”, añadió, en tanto, sobre las instancias intermedias.

Finalmente, respondió a las críticas que pesan sobre todo el arco judicial: “Yo la verdad es que no voy a hacer una defensa corporativa, porque tenemos situaciones inexplicables”.

“Lo que sí me gusta ponerme en el saco de Carmen Argibay (exministra de la Corte Suprema), que cuando asumió como jueza le agradeció al Presidente y nunca más le atendió el teléfono”, afirmó, marcando su posición frente al poder político.

Y explicó cuál es la situación actual en los tribunales: “Hay jueces que no cumplen su función como debieran. Y hay muchos otros que nos sentimos mal cuando dicen que la justicia está toda podrida”.

“Somos laburantes del derecho. Y no estamos en esa cosa. La verdad es que si supieran cómo vivo, cómo es mi sistema de vida, cómo he criado a mis hijos, con la humildad con la que vivo...”, dijo para diferenciarse de otros magistrados que integran la “familia judicial”.

Luego, finalizó con un dato crudo: “Un salario de un juez de mi fuero está en los 6 millones de pesos. Nos hemos quedado cortos en los últimos tiempos”. Frente a la pregunta de cómo hacen, entonces, muchos jueces para justificar su nivel de vida y gastos, respondió únicamente con una risa al paso.